PERFIL CÓRDOBA entrevistó a la flamante directora general del Organismo de Control Disciplinario que funciona en base a un sistema controversial. En su área se reciben las denuncias y abren las investigaciones. También funciona una Dirección de Prevención que permite una intervención integral y el relevamiento de conductas recurrentes para proponer cambios y mejoras. La investigación concluye con el pedido de sanciones; la máxima es la cesantía, que es resuelta por el Tribunal de Conducta Policial (TCP) integrado por seis miembros.
—¿Cuáles son las conclusiones más importantes de este primer informe?
—Lo más relevante es que comenzamos a llevar adelante investigaciones que podrían configurar faltas graves o gravísimas. Son investigaciones estratégicas en las que no sólo ponemos la atención en lo punitivo, sino también en la prevención. Es una de las grandes innovaciones del sistema.
—¿Cómo se concreta?
—La Dirección General a mi cargo está compuesta por dos direcciones, la de Investigaciones y la de Prevención, Evaluación y Seguimiento. Por ley, esta última tiene diferentes funciones. La más innovadora es el registro de faltas y sanciones. Hemos elaborado un programa de trabajo para incluir a profesionales en cada una de las investigaciones. El equipo que las lleva adelante por abogados o estudiantes avanzados de Derecho y una diversidad de profesionales con una mirada integral. Tenemos una trabajadora social, psicólogos, antropólogos, licenciados en Ciencias Políticas. Elaboran un informe de expertos. Además de investigar cada caso, nos interesa obtener indicadores generales de conductas recurrentes. Se sale de lo estrictamente punitivo que era el paradigma del anterior tribunal para tener una mirada más amplia de las conflictividades.
—¿Qué significado le da al hecho de que la principal problemática sea la violencia de género?
—Viene delineado desde el diagnóstico que se hizo al elaborar la ley, porque le da una prioridad a los hechos de violencia familiar y de género. Es el mayor porcentaje de casos que actualmente estamos investigando.
—¿Qué hacen con las víctimas?
—La ley establece la obligación de informar al Ministerio de la Mujer para prestar la contención necesaria a las víctimas. Venimos trabajando coordinadamente también con Medicina Laboral de la Policía. Tenemos una mesa de trabajo. Es importante el trabajo con el Centro Integral de Varones.
—¿De dónde reciben las denuncias?
—La mayoría proviene de las propias fuerzas de seguridad. Una incertidumbre que teníamos era cómo se comportarían las fuerzas. Informan inmediatamente. No es un detalle menor. No hay dilación.
—¿Hay plazos máximos para las medidas cautelares?
—Es otra de las diferencias con el sistema anterior. El plazo máximo son nueve meses.
—Señalan que en 53 oportunidades se activó el protocolo de uso racional de la fuerza….
—En 2020 se creó el Protocolo de Uso Racional de la fuerza letal y no letal. La Policía debe informar los casos en que el o la policía ha tenido que hacer uso de la fuerza física o por disparo de arma. Fueron 53 veces. Nuestra tarea de investigación averigua si hubo un exceso en la fuerza aplicada en una aprehensión o en un operativo. Pero no sólo eso. También se hace un análisis para construir recomendaciones a la Policía. Ya lo estamos haciendo. Hasta el momento, no tuvimos casos de exceso pero podrían existir.
—¿Hubo resoluciones del Tribunal?
—Sí. Hemos requerido sanciones, como suspensión y sustitutivas, que son una gran innovación. Tienen objetivos distintos, como realización de talleres relacionados a la falta, tratamientos terapéuticos para los que se necesita la voluntad del investigado y también tenemos la posibilidad de ser profundamente creativos.
—¿Podría dar un ejemplo?
—Tuvimos bajo investigación un caso del mal uso de redes sociales. A esa persona le requerimos sanción y se le indicó realizar un curso específico que brinda la Provincia de no sólo en el uso sino la seguridad del uso de redes sociales. Apostamos al cambio al interior de las fuerzas por eso digo que gestionamos conflictividades.
