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CóRDOBA / ESTA SEMANA
domingo 26 julio, 2020

Asociación de abogados analiza pedir el juicio político a integrantes del TSJ

La solicitud también alcanzaría a algunos fiscales. El deficiente servicio de justicia es el principal reclamo de Unidad Profesional, entidad que forma parte de la actual conducción del Colegio de Abogados.

UNIDAD PROFESIONAL. Los abogados de la agrupación preparan un pedido de juicio político contra algunos integrantes del TSJ. Foto: Fino Pizarro

“Queremos que se conozca la realidad de la Justicia de Córdoba. Es necesario visibilizar la situación de mal funcionamiento de la Justicia, que se profundizó durante la cuarentena. Por eso, esta semana vamos a presentar una serie de medidas entre las que solicitaremos el juicio político a algunos de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y fiscales”.

El que habla es el director de la Sala de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Córdoba, Claudio Juárez Centeno, e integrante de Unidad Profesional, la agrupación que preside Mario Ponce, quien se desempeña como vice segundo del Colegio de Abogados.

El motivo del pedido radica en lo que consideran “un deficiente servicio de justicia, sumado a la posible comisión de delitos por ese alto cuerpo”, refiere Juárez Centeno, acotando que “existe una absoluta desidia y parsimonia que quedó más expuesta durante la cuarentena. Pese a tratarse de un servicio esencial por sí mismo, la Justicia se ha mantenido casi inactiva. Eso se percibe con mayor claridad en algunos fueros, como el Penal, en los que funcionan a cuenta gotas y de modo deficiente las unidades judiciales, la tramitación de los procesos orales con las mínimas garantías procesales, la intervención del asesor letrado estatal en desmedro de la libre intervención del abogado particular y podríamos seguir”.

“En toda acción de reclamo hay una impronta política, pero queremos ser estrictamente técnicos. Pretendemos que todos los cuestionamientos que los abogados ya conocen de oído, plasmarlo en un pedido de investigación para quienes consideramos que no están cumpliendo su trabajo de manera eficiente”, agrega el letrado.

Por su parte, Francisco Lavisse, integrante de Unidad Profesional, enfatiza que “el ciudadano común debe entender lo que pasa en la Justicia. Uno de los problemas es la mora judicial: el plazo más largo para hacer un recurso es de 15 días. Un juez al que le tuve que hacer un planteo en tres días, tardó nueve meses en resolver”.

Una Justicia que falla. La lista de las anomalías que denuncia la agrupación es extensa y variada e incluye: “Anormalidades en toda la tramitación de la conocida como Megacausa, que implicaría la nulidad de más de un centenar de condenas y juicios, el exceso en el dictado de resoluciones que son materia de la Legislatura, y también el exceso en el uso de la prisión preventiva, la cual si bien se reconoce como instituto válido, se exige que se use como último recurso y no como único recurso. Aquí, la prisión preventiva se convierte en un medio claramente extorsivo para lograr condenas y un supuesto éxito de la Justicia, cuando en realidad demuestra justamente lo contrario”, destacan desde la entidad.

En la presentación también avanzarán sobre la “irregularidad que pesa sobre la Presidente del alto cuerpo, que resolvió diversas causas, habiendo dado instrucciones previamente desde la Fiscalía General y siendo hermana de la denunciante”.

En ese sentido, María Marta Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña son dos de los apuntados por la agrupación, como así también el fiscal José Gomez Demmel. “Considera mos que en el ámbito del TSJ hay gente capaz, pero en los casos nombrados estamos en presencia de una dudosa calidad científica”, sostiene Juárez Centeno.

Qué buscan. Conscientes de que la aplicación del juicio político tiene casi nulas posibilidades de prosperar, los letrados quieren visibilizar la situación. En ese sentido, Juárez Centeno es enfático: “La Justicia no tiene un interés en la Justicia. Es un mero grupo administrado por el Estado. Creemos que tiene que haber un proceso riguroso y un control por parte del pueblo”.

Desde Unidad Profesional consideran que el Poder Judicial actúa con un marco de legitimación importante y de allí se deriva que no todos los miembros del TSJ serán alcanzados por la medida. Pero insisten con la necesidad de visibilizar las irregularidades: “Es como que nunca hubiera habido irregularidades. Y la pandemia las puso en evidencia, ya que supuestamente esta Justicia mejoró con herramientas digitales, pero en realidad se sigue manejando como hace 100 años”, advierten desde la agrupación, a la que adhieren Carlos Luján, Miguel Romero, Exequiel Gutiérrez, Luis Luján, Luis Obregón, Mario Gregorio, Enrique Fernández Quintana, David Ruíz, Santiago Macías, María Eugenia Reginatto, Horacio Meresman y Gonzalo Cortés Álvarez.


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