El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba autorizó a Agustín Mauricio Catrambone, imputado en la causa Surrbac, a salir del país para vacacionar en el Caribe mexicano, bajo una fianza de 50 millones de pesos y una serie de condiciones adicionales para garantizar su regreso al país. La resolución judicial, dada a conocer por Judiciales Córdoba.com, se conoció días después de que el mismo tribunal habilitara a Pascual Catrambone, padre del imputado, a viajar a Brasil mediante una caución aún mayor, fijada en 100 millones de pesos.
El caso Surrbac investiga presuntas maniobras de asociación ilícita, defraudación y usura que habrían tenido como principales responsables al histórico líder del gremio de recolectores, Mauricio Saillén, y a Pascual Catrambone. Según la acusación del fiscal federal Enrique Senestrari, ambos habrían encabezado durante años un esquema que perjudicó a afiliados del sindicato, la mutual y la obra social.
En ese entramado aparecen imputados familiares y allegados, entre ellos Agustín Catrambone, acusados de haber participado como presuntos testaferros en operaciones de lavado de activos, lo que dio origen a un segundo expediente conocido como Surrbac II.
El viaje y las condiciones impuestas
El pedido para viajar a Akumal, México, fue presentado por la defensa de Catrambone para el período comprendido entre el 1° y el 15 de febrero de 2026. Si bien el fiscal general Maximiliano Hairabedian se opuso, recordando la prohibición de salida del país vigente desde 2019, el juez Jaime Falcucci ponderó un antecedente reciente de la Cámara Federal de Casación Penal, que había autorizado la salida de otro imputado.
Bajo el principio de igualdad ante la ley, el magistrado concedió el permiso, fijando una caución acorde a la capacidad económica del imputado y al volumen de bienes investigados. Además del depósito millonario, Catrambone deberá informar el vínculo con sus fiadores, aportar teléfonos de contacto y presentarse ante la Justicia dentro de las 48 horas posteriores a su regreso.
La resolución también ordenó notificar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en su carácter de querellante, y habilitó al Registro Nacional de las Personas a renovar el pasaporte del acusado.
