En forma exclusiva, PERFIL CORDOBA publicó el 3 de septiembre del año pasado la decisión del ahora jubilado fiscal anticorrupción, Hugo Amayusco, de emitir un exhorto para acceder a información de la causa Lava Jato en Brasil. El objetivo era conocer si en el contenido del caso más impactante de corrupción en el vecino país, había indicios de un posible pago de coimas en esta provincia para las obras de los gasoductos troncales en los que participaron empresas brasileñas.
A más de un año, y a pesar de que Córdoba dio el primer paso, todavía no es posible conocer los testimonios y pedir documentación. La última dilación la protagonizó la Cancillería argentina.
En zigzag. Como respuesta al exhorto librado desde Córdoba, la justicia de Brasil envió la propuesta de un acuerdo con determinadas condiciones. Este medio también publicó como anticipo esa noticia en junio último. Entre las limitaciones que imponía figuraba el compromiso de no perseguir penalmente a los empresarios delatores que permitieron desentrañar los hechos de corrupción y que, por esa razón, fueron beneficiados con condiciones o penas inferiores. Amayusco ya había tomado licencia y comenzaba a despedirse de su función para acceder a la jubilación.
Mientras tanto, un fiscal subrogante determinó que, por el carácter del acuerdo, sólo podía resolver el titular de la Fiscalía General. Así, Alejandro Moyano accedió y consideró que, para aceptar el acuerdo, debía participar la Cancillería argentina. El Tribunal Superior de Justicia avaló esa posición. En los considerandos, Moyano destacó la importancia de alcanzar el entendimiento para obtener certezas en la investigación penal local, a través de elementos que pudiera tener en su poder la justicia brasileña.
Lo anterior se dio previo a que la Procuración General de la Nación finalmente acordara con el organismo homónimo del país vecino -luego de constituir una mesa con fiscales- el acuerdo marco para que la justicia federal obtuviera las pruebas sobre las que trabajaron sus pares. Cabe aclarar que ese convenio permite incorporar prueba conseguida en otro país solo a tribunales federales. Sin embargo, aún hoy, Córdoba no logra suscribir el acuerdo sobre la propuesta de Brasil.
Diez días atrás, llegó al despacho de Alejandro Moyano una nota desde el Ministerio de Relaciones Exteriores -por donde deben pasar los trámites de exhorto- sugiriendo que lo suscriba directamente, sin intermediación. Fuentes consultadas por este medio confirmaron la existencia del documento. Trascendió, también, el malestar de funcionarios de la justicia provincial por el hecho de que no fue promovido desde Cancillería y volvió a Córdoba. Ahora, el fiscal general elabora una nueva resolución para suscribir el convenio a más de un año sin que se haya logrado aún la vía eficaz para acceder a la información.
