El lunes pasado, un día antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se avocara al per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli por sus traslados, la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación emitió un fallo sobre los fiscales jubilados. Ambas decisiones tuvieron gran impacto en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
En este último pronunciamiento los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos consideraron mal denegados por la Cámara Federal de Córdoba los recursos de casación presentados por los fiscales cordobeses Alberto Lozada, Gustavo Vidal Lascano y Graciela López de Filoñuk. Ratificaron la validez de las convocatorias a cada uno de ellos por parte del procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, luego de que se jubilaron, el 28 de febrero pasado. No obstante, en el caso de López de Filoñuk, la Cámara de Casación indicó que si es nuevamente convocada, debería contar con acuerdo del Senado de la Nación, como ocurre con los jueces mayores de 75 años de edad.
PERFIL CÓRDOBA entrevistó a Gustavo Vidal Lascano (64). Reconoció que se jubiló el 28 de febrero por la inminente reforma jubilatoria judicial y para no perder sus 44 años de aportes ante las posibles desventajas que ello le ocasionaría. También señaló que “pensaba seguir un año más en el cargo”, para luego retirarse definitivamente.
—¿Cómo recibió la resolución de Casación que, además, fue tan expeditiva?
—No me causó sorpresa el resultado porque lo esperaba desde el primer momento. La Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal, me dio la razón.
—Se llamó a silencio en este tiempo…
—Por supuesto, porque las que hablan son las resoluciones. El juez de primera instancia y la Cámara Federal de Córdoba se equivocaron y Casación ha puesto las cosas en su lugar
—¿Por qué se equivocaron?
—No lo puedo responder yo. En el Derecho hay miradas diferentes sobre la misma cuestión. Se han equivocado, lo dijo la instancia superior.
—¿En los pronunciamientos pesó más lo jurídico o lo político?
—Nunca pensé en una cuestión política. Supongo que es una cuestión estrictamente jurídica.
—¿Piensa volver a la fiscalía federal 2?
—Tengo que meditarlo y resolverlo. Nos ha tocado a todos un año con una nueva normalidad. Esto hizo que nos replanteemos muchas cosas. Tengo ofrecimientos que iban a ser para este año pero pasaron para el que viene.
—¿Algún cargo público?
—No lo descarto, pero los ofrecimientos eran para la actividad privada.
—¿Habló con el procurador Eduardo Casal?
—Me llamaron por teléfono de la Procuración. Están muy satisfechos por el respaldo que significa para la figura del procurador General de la Nación. Más allá de una postura personal o la consolidación de un planteo recursivo, es un respaldo institucional muy fuerte.
—La defensa de los Azar iría con un recurso extraordinario a la Corte. Ese planteo ¿tiene efecto suspensivo sobre la resolución de Casación?
—La defensa tiene el derecho de realizar las apelaciones que correspondan. Recuerde también que ellos están en Casación planteando las libertades de sus clientes.
—Si lo presentan, ¿el recurso irá por un carril diferente y si el procurador lo vuelva a convocar, podría volver a la fiscalía?
—Son cosas totalmente diferentes. Lo más importante del fallo de Casación es que ha dejado sin fisuras, por una cuestión de seguridad jurídica, la certeza de las convocatorias a fiscales por la ley 24.018. Y también en el caso de los jueces. Hay un paralelismo porque Casación convocó a los jueces que integran el tribunal que juzga a Julio De Vido. De ninguna manera Casación podría decir que los jueces están bien convocados y los fiscales no.
—Pero con los jueces que menciona había diferencias de fechas, no es el mismo caso.
—Si lee con detenimiento este fallo de Casación advertirá que deja abierta la puerta aún a los que se jubilaron con la 24.018 y fueran convocados hoy. Fue más allá del planteo de los defensores de Azar.
—Suponiendo que vuelve a la fiscalía, ¿en los tribunales no cree que más que grieta habrá un abismo?
—Nunca lo tomé así. Soy respetuoso. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que firma. Lo importante es que lo haga con la convicción que le acuerda el Derecho. Se puede equivocar, como ocurrió ahora. Me puedo equivocar yo. No significa tener al frente un adversario sino un colega con el que pensamos diferente. Tampoco hay sentimiento de venganza. Eso es de mediocres.
—Si el procurador Casal firma una resolución y lo convoca, usted vuelve al día siguiente.
—El trámite es rápido. Pero ya veré. Lo tengo que valorar.
DERROTERO
El 28 de febrero, Gustavo Vidal Lascano presentó su renuncia a la Procuración. Ese mismo día, Casal firmó una resolución convocándolo para continuar al frente de la Fiscalía Federal 2 de Córdoba.
El 6 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el decreto presidencial con la aceptación de la renuncia. Durante la feria extraordinaria y a pedido de la defensa de Martín Azar, imputado por la financiera ilegal de Villa Belgrano, el juez federal Hugo Vaca Narvaja consideró que el 6 de abril, día en que el presidente Alberto Fernández le aceptó su renuncia, cesó en sus funciones. Avaló todo lo que hizo hasta esa fecha, pero no lo que tramitó después.
Para Vaca Narvaja, el 6 de abril Vidal Lascano dejó de ser fiscal. De ese modo, directamente desconoció la potestad del procurador General Eduardo Casal, quien el 28 de febrero había aceptado la dimisión de Vidal Lascano y lo convocó -en el mismo acto- a continuar como subrogante al frente de la fiscalía.
Conocida la resolución, Casal designó inmediatamente a subrogantes. Desde entonces, Carlos Casas Nóblega ocupa como interino el cargo vacante de Vidal Lascano.
Por mayoría, el 28 de mayo la Cámara Federal de Córdoba ratificó la resolución de Vaca Narvaja. Y luego rechazó un recurso de casación.
No obstante, por vía de los propios fiscales, como también de la defensa de Azar, que no quedó conforme con algunos términos del fallo de cámara, el expediente llegó a la Cámara Federal de Casación Penal que, el 28 de septiembre -en sólo cuatro meses- emitió el fallo revocando lo decidido por los jueces cordobeses.