Desde mañana comenzarán a escucharse las conclusiones finales de las partes en el juicio oral y público que se lleva adelante en la Cámara 10ª del Crimen en contra de 16 abogados, escribanos, ingenieros, contadores y empresarios por la presunta estafa en la venta de terrenos expropiados hace 70 años en la ribera del río Suquía, donde se unen barrio General Paz y el centro de la ciudad.
El tribunal dispuso ocho jornadas que comenzarán a las 8 y se prolongarán hasta las 14 o las 17.45, según el día. Si se cumple el cronograma, el veredicto podría conocerse el 14 de este mes. Mañana lunes expondrán su alegato los fiscales Raúl Garzón y Laura Battistelli.
Desde la semana pasada ambos están concentrados en analizar los testimonios y las pruebas incorporados durante el debate que se inició a fines de diciembre. De ahí surgirá la acusación.
El núcleo duro de la maniobra está integrado, según la investigación que se ventila en el juicio, por los abogados Ernesto Alfredo Blanco, Alejandro José Damia (integrantes además de la firma Cobrex); los escribanos Daniel Eduardo Ahumada, Esteban Ferrer Frontera y Lucrecio Lanza Castelli, y el contador y empresario Gustavo Trebucq. Fueron los nombres más mencionados durante todo el debate.
Uno de los últimos trámites realizados fue una inspección ocular en los terrenos en cuestión que se desarrolló el miércoles último. La visita incluyó las manzanas 14 y 30, que se encuentran contiguas sobre calle Ortiz de Ocampo, entre Lima y 25 de mayo, y que dan a la Costanera sobre la ribera del río Suquía.
Concurrieron los tres vocales del tribunal, Juan José Rojas Moresi (presidente), Mario Centeno y Carlos Palacio Laje; el fiscal Raúl Garzón, peritos y numerosos abogados defensores. También estuvo Trebucq, cuyo apellido ha servido para dar nombre al expediente. Fue quien compró a Bergallo&Pastrone SRL (B&P) y luego vendió a la firma View –querellante en el juicio– la manzana 30, donde existía una plaza.
En la actualidad, los lotes adquiridos pertenecientes a la manzana 30 colindan con un espacio de esparcimiento público con juegos infantiles y en parte del terreno se construyó el puente que conecta barrio General Paz con el centro de la ciudad, extendiendo la calle 25 de Mayo.
Previamente, los fiscales habían ampliado la acusación a los abogados Blanco y Damia, quienes asesoraron a José Abel Salomón (fallecido), accionista y dueño de B&P.
Durante la audiencia, según la fiscalía, surgió la hipótesis de una tentativa de estafa en mayo de 2004, pero con otros damnificados. Uno de ellos fue el ingeniero Ramos, exfuncionario del gobierno de Eduardo Angeloz a quien los letrados habrían ofrecido los terrenos pero la venta se frustró, porque una escribana alertó al potencial comprador que se trataba de tierras públicas. Constató el dato a través de una consulta en la Dirección de Hidráulica. Este fue el hecho que se sumó a la acusación original de Blanco y Damia.
Expropiación. Las defensas de los acusados plantean que las tierras fueron declaradas de utilidad pública a través de una ley, pero el trámite nunca se perfeccionó por falta de pago a los dueños.
La expropiación es un proceso complejo. El Estado declara de utilidad pública un bien inmueble a través de una ley. Luego debe existir sentencia judicial que declare la transferencia del dominio y ahí se inscribe la nueva escritura del inmueble. Una vez dictada esa sentencia, el expropiado deja de ser el dueño y sólo puede reclamar el pago porque la sentencia es un acto jurídico que inscribe el dominio del inmueble a nombre del Estado provincial.
En el caso Trebucq, la acusación original sostiene que el único reclamo que existió fue para cobrar un plus, a diferencia de lo que plantean los abogados que insisten en que el trámite no se completó. Esta es una de las discusiones centrales en el debate. En los alegatos, fiscales, querella –a cargo de José Cafferata Nores– y defensores expondrán sus conclusiones. Los jueces decidirán.
¿Cuatro edificios sobre las cloacas que bajan de barrio General Paz?
En paralelo al expediente que se juzga en la Cámara 10ª del Crimen se abrió otra investigación que está a cargo del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Es sobre cuatro edificios construidos sobre Ortiz de Ocampo al 300, casi esquina Lima. Están sobre la Manzana 14, también expropiada en la década de 1950 del siglo pasado. Uno de las edificaciones es la Bolsa de Cereales.
La diferencia con las tierras incluidas en el ‘caso Trebucq’ es que, en este caso, la sentencia que ejecutó la declaración de utilidad pública del predio se hizo sobre la traza de la cloaca. La expropiación se hizo en 1944. Por ese motivo, Gavier analiza si se construyeron las torres de departamentos pisando el sistema de desagüe cloacal o no. En el primer supuesto habría delito porque se estaría avanzando sobre tierras de dominio público para la prestación de un servicio.
Cuando finalizó la inspección ocular, una vecina se acercó a este medio y comentó que hace seis años compró un departamento y que todavía no lo puede escriturar, aparentemente por las irregularidades en la adquisición de las tierras.
