Las últimas audiencias del juicio por intermediación financiera ilícita a 16 personas, entre directivos y operadores cercanos a CBI Cordubensis S.A. permitieron escuchar testimonios clave para entender qué sucedía puertas adentro de la financiera.
El exsíndico Ricardo Wenceslao Veltruski Heck explicó la naturaleza y calidad de los cheques que fueron secuestrados y analizados, la modalidad de las operatorias para concretar la evasión y el uso de “firmas figurativas o cáscaras para hacer la liquidación del descuento de los cheques”, maniobras con las que se concretaba evasión impositiva.
Por su parte, Marcela Barreiro, exsecretaria administrativa de la financiera, proporcionó durante más de cuatro horas de declaración detalles sobre quiénes eran los socios, cómo percibían los dividendos de la actividad y hasta se le escuchó decir que Rodrigo “no quería pagar más coimas a la Municipalidad” y que por ese motivo caducó el contrato con Siemens y Red Bus.
Cheques sucios. Veltruski Heck asumió como síndico el 22 de septiembre de 2014. En el juicio precisó que en diciembre recibió 1.100 cheques y copias de valores. “Los cheques fueron secuestrados en CBI en marzo de 2014, no se depositaron porque eran verdura podrida, los (…) llamaban cheques basura, eran incobrables, ni siquiera se podían pedir la dispensa de la prescripción”. El dato es relevante porque en su defensa Eduardo Rodrigo dijo, en numerosas oportunidades, que si se hubieran cobrado esos valores sin dejarlos vencer, los damnificados ya habrían podido recuperar el dinero depositado.
El exsíndico dejó en claro que esos valores ya habían perdido posibilidad de recupero.
En varios tramos de la declaración hubo cruces furiosos con algunos defensores que desacreditaron su testimonio, a pesar de lo cual el tribunal ordenó que continuara. Los embates se basan en que Veltruski fue denunciado por Eduardo Rodrigo y la causa se encuentra en investigación en los tribunales provinciales.
Empresas fantasmas. El exsíndico también relató que “se descubrió que (CBI) usaba fondeadores o firmas figurativas o cáscaras para hacer la liquidación del descuento de los cheques”, abonando la sospecha de la evasión consumada.
“Cobraban la comisión pero no se la pagaban porque era una empresa inexistente; hay una lista de 11 proveedores fraguadas, por eso tuvieron que hacer una rectificación de las declaraciones juradas de las empresas que venían de antes, pues algunas empresas no tenían capacidad ni solvencia”. “La modalidad era tomar crédito fiscal y eso perjudicaba al fisco porque de los débitos de los préstamos que hacían tenían que descontar el IVA crédito fiscal por fondeadores o los que intervenían como avales de esos comercios como supuestos vendedores de servicios para CBI y era en realidad fabulado”.
Una cueva. No dejó dudas Veltruski Hek sobre la ilegalidad de la operatoria desplegada: “CBI hacia intermediación financiera no autorizada por el Banco Central -afirmó-; hacía prestamos, pero no con fondos propios sino de fondeadores y no estaba inscripto para hacer eso”.
Contabilidad paralela. Marcela Barreiro declaró el jueves último. Ella era la responsable de los libros de actas de la sociedad que había constituido CBI Cordubensis. Si bien en teoría Julio César Ahumada y Aldo Hugo Ramírez habían cedido sus respectivas participaciones en la empresa, la exempleada señaló que siguieron percibiendo los dividendos que se liquidaban anualmente, pero cuyo cobro se producía mensualmente probablemente en calidad de anticipo.
Reiteró, como lo había hecho en la etapa de instrucción, que había un sistema en negro, denominado Sistema 2 donde se registraban las operaciones no declaradas.
Otro dato que confirmó fue la destrucción de documentación antes de inspecciones que realizaba la Afip. Dijo que Rodrigo daba la orden de qué papeles desechar. Dejó la sensación de contactos con agentes del ente recaudador que lo ponían en alerta antes de los controles.
COIMAS
Marcela Barreiro deslizó que CBI dio de baja el contrato con Siemens y Red Bus para la recaudación del transporte público en la ciudad de Córdoba porque Rodrigo “no quería pagar más coimas”. Quedó flotando la duda: ¿Cuánto y a quién pagó?
RAMONDA QUIERE ACLARAR
Ambos testigos se refirieron a Darío Ramonda y Centro Motor. Lo que se busca desentrañar es qué grado de relación tenía el dueño de la concesionaria Toyota con CBI; si era cliente externo o uno de los que fondeaban el movimiento dinerario.
Barreiro explicó que había clientes de la concesionaria que pagaban en las oficinas de CBI y que llegaban camiones de caudales con dinero de Centro Motor fuera del horario bancario. Marcos Daher, defensor de Ramonda, dijo que eso sucedía por seguridad y que por contrato CBI tenía 72 horas para depositar el efectivo donde se le indicara, devolviéndolo o pagando a proveedores.
El letrado anticipó que varias afirmaciones que se escucharon en la última audiencia serán aclaradas por Ramonda en la próxima, prevista para el miércoles 24 de abril.
En tanto, Marcela Barreiro declaró que se acercaron clientes a la financiera por lo que significaba el “respaldo de Centro Motor”.
Sin embargo, los asesores de Ramonda detectaron que desde CBI se habían dirigido a empresas mencionando que la concesionaria garantizaba el servicio financiero. En aquel momento, recordaron fuentes allegadas al empresario, se envió a CBI una carta documento y se cambió la modalidad. Hasta entonces en la financiera se entregaba recibos de Centro Motor a los clientes de la concesionaria. A partir de allí, los recibos se retiraron. “Centro Motor nunca otorgó ni autorizó garantías a terceros”, aseveró la misma fuente, que destacó que en la empresa nunca tuvieron reclamos ni menos ejecuciones por supuestas garantías.
