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CóRDOBA / OBRA PUBLICA
domingo 6 octubre, 2019

Causa Cuadernos: las empresas cordobesas, vigentes y con nuevas obras

Salvo una firma, que fue a concurso preventivo, el resto opera con normalidad. Electro sigue en las represas y retoma trabajos, Roggio se reordenó internamente, Buttigliengo suma obras privadas y Afema se consolidó como contratista municipal.

por José Busaniche

LIBRE. Ferreyra, de Electroingeniería, quiere que las represan vuelvan a llamarse Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Foto: Cedoc
domingo 6 octubre, 2019

Hace poco más de un año, en septiembre de 2018, el financista de los Kirchner, Ernesto Clarens, entregaba material y documentación donde se detallaban cómo se distribuía la obra pública entre unas 86 empresas de la construcción. En una primera lista aportada para las investigaciones del fiscal Carlos Stornelli y la actuación del juez Claudio Bonadío se cubría un manto de sospecha por licitaciones de obras otorgadas entre 2003 y 2010 por más de $33 mil millones. Los documentos entregados mostraban que la participación de empresas cordobesas en la obra pública durante la gestión kirchnerista fue importante. Un grupo de cinco firmas locales concentraban trabajos por casi $4.000 millones, es decir el 12% de la ‘obra pública k’, de nuevo, hasta el 2010.

Pasaron cosas. Con el nuevo clima post-PASO se precipitaron varias novedades. A fines de septiembre se conoció que Bonadío dio por terminada la etapa de instrucción del cuerpo principal del expediente y envió a juicio oral la causa. Tras eso, el miércoles pasado fue excarcelado el vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra. Al conseguir su liberación ordenada por la Cámara Federal porteña, el empresario sacudió estamentos políticos y judiciales al afirmar en una entrevista radial que “el juicio por esta causa no va a empezar nunca”, que “los empresarios arrepentidos sostuvieron un relato falso” y que “entre los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos, fui el más extorsionado”.

¿Qué pasó con las empresas cordobesas? ¿Cómo impactó la causa en su actividad? ¿Sintieron el cimbronazo de tener detenidos e imputados a sus directivos? ¿Se les rescindieron contratos y licitaciones por su supuesta vinculación al entramado de coimas y sobreprecios? ¿Dejaron de operar? En el listado de empresas beneficiadas con la obra pública del kirchnerismo aportado por el financista Clarens aparecen cinco cordobesas con contratos importantes. Ellas eran, al 30 de abril de 2010, Benito Roggio, con obras por $2.300 millones; Electroingeniería a través de su subsidiaria Vialco con trabajos por $1.362 millones, Boetto y Buttigliengo con $165 millones; Romero Cammisa con obras por $67 millones, y Afema, con trabajos en torno a los $52 millones.

A poco más de un año de estallar el escándalo todas siguen operando de forma normal. Concluyeron las obras en marcha, tienen proyectadas nuevas obras y planifican retomar las licitaciones que se habían ralentizado por la coyuntura. Desde que aparecieron los cuadernos, el mayor dolor de cabeza para las empresas parece haber sido la caída de la actividad producto de la recesión y el estrés financiero que debieron soportar por costos crecientes y un sistema de redeterminación de esos costos que no acompaña la velocidad de la suba de insumos dolarizados, salarios, entre otros. Es lo que afirma haber padecido la empresa Romero Cammisa Construcciones, la única que debió presentarse en concurso preventivo, por la crisis económica. Para el resto, los planes siguen. Tanto es así que el propio Gerardo Ferreyra comunicó desde su usuario de Twitter: “Recuperaré la libertad luego de la prisión por no arrepentirme de colaborar con Néstor y Cristina (según la acusación Fiscal) y enfrentaré importantes desafíos: Relanzar represas, reactivar centrales nucleares e impulsar más proyectos de infraestructura con RPCh”.

En lo que sigue, un repaso por los movimientos más importantes y la actualidad de las empresas cordobesas vinculadas a la causa de los cuadernos.

Electroingeniería: sigue en las represas y retoma dos obras 
La compañía que fundaron Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra estuvo en el ojo de la tormenta por los contratos para la construcción de las represas hidroeléctricas en la Patagonia. Las obras de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa (que originalmente fueron bautizadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) demandan inversiones estatales por la friolera de $24.750 millones. El contrato fue otorgado a la UTE conformada por tres empresas, la cordobesa, la mendocina Hidrocuyo y la gigante china Gezhouba. Tras el escándalo desatado por la causa de los cuadernos el Gobierno nacional presionó para apartar a Electroingeniería, pero esa idea no prosperó. Aunque sí hubo movimientos intra-UTE. Hoy la china comanda el emprendimiento y estaría negociando para quedarse con otra porción del paquete que aún detenta Eling y que oscila el 36%. “La UTE sigue teniendo la misma conformación, los chinos liderando la UTE y las dos empresas argentinas. Gezhouba lidera la construcción de las represas, la obra civil y la electromecánica, Electroingeniería aporta conocimiento, experiencia y personal”, explicó una fuente de la empresa. Hoy trabajan para las represas 1.900 personas, unas 200 se sumaron en lo que va del 2019 y en el global las obras tienen un avance total del 25%. Al margen, desde octubre van a retomar los trabajos en las líneas de alta tensión en que la empresa venía trabajando y se suspendieron en abril de 2018 por cuestiones presupuestarias. “Son la interconexión Mar del Plata- Bahía Blanca y la interconexión ChacoCorrientes que es una tercera línea de Yacyretá. Están en un avance del 65%”, explicaron. La empresa también tiene a su cargo las tareas de mantenimiento de la central de Pilar de la Epec, un contrato por US$372 millones que finaliza en febrero de 2020.

Benito Roggio: “Disminución de obras por la situación económica”
La constructora del Grupo Roggio mantuvo los contratos que tenía en la Provincia. Puntualmente en los tramos donde trabajaba para cerrar el anillo de Circunvalación. En marzo de este año Roggio se presentó en la licitación internacional de la obra civil para el aprovechamiento hidroeléctrico en el margen izquierdo del brazo Aña Cuá, en la represa de Yacyretá. En UTE con otras empresas ofertó US$320 millones por esa obra. En tanto, a fines de agosto la Justicia le negó a Aldo Roggio la posibilidad de ceder sus acciones en las empresas Roggio SA, Clisa y Doya a sus hijos. Sobre la causa de los cuadernos, fuentes cercanas a Roggio señalaron a PERFIL CORDOBA que siempre han expresado su disenso con la orientación asignada a la investigación, formulando sus reparos y señalando las contradicciones y arbitrariedades en sus escritos presentados en el expediente. Y en esa línea afirmaron que “es imposible aventurar qué evolución tendrán las causas y los tiempos que insumirán su tramitación”.

Sobre la situación de la empresa advirtieron: “No está disociada de la situación económica general, que está atravesando un momento complejo. Estamos en el país, empleamos a más de 10.000 personas y nuestros proyectos están aquí. Como siempre lo hemos hecho en nuestros más de 110 años de historia siempre vamos a esforzarnos por superar exitosamente situaciones complicadas”. Y en relación con la evolución de proyectos y obras señalaron que “la disminución de proyectos y nuevas obras se dieron en el marco de restricciones impuestas por la situación económica. Los otros temas van por carriles separados; habiéndose fortalecido los programas de integridad, incorporándose directores independientes a los órganos de dirección, todo ello a tono con los nuevos desafíos que las actuales circunstancias determinarán para la mayoría de las empresas del Grupo Roggio”.

Boetto y Buttigliengo: diversificado entre contratos públicos y clientes privados
Este año la empresa terminó las obras que realiza en UTE con Roggio de un tramo del anillo de Circunvalación. También trascendió que se hizo cargo de las obras de parte de la autopista de la ruta 19 y que habían sido suspendidos por la firma CRZ. Por otro lado, el Ministerio de Educación de la Nación le adjudicó las obras de jardines de infantes en Cuyo y Córdoba por un monto cercano a los $100 millones. Para la Municipalidad de Córdoba, el registro actual habla de obras de cordón cuneta y carpeta asfáltica en zona norte de la ciudad por $105 millones en UTE con Item. Tras verse involucrada en la causa de los cuadernos, la empresa vendió la participación accionaria mínima que tenía en la sociedad Caminos de las Sierras y que fue adquirida por el Estado.

Hoy la empresa se reorientó hacia obras civiles y viales para empresas privadas –trabaja, por caso, para Grupo Edisur en el emprendimiento Manantiales- a la vez que comenzó a desarrollar emprendimientos propios. Tiene en desarrollo un complejo residencial y comercial para el predio de la exsede de la Guardia de Infantería, que adquirió en 2011. En junio de este año el entonces titular de la empresa, Mario Buttigliengo almorzó con el presidente de la Nación en un encuentro privado al que asistieron seis personas. pocas horas después el juez Bonadío confirmaría una ampliación del procesamiento en su contra por la causa cuadernos. Clarens había informado que recibía pagos del propio Buttigliengo. Este año renunció a la presidencia de su empresa.

Romero Cammisa: Convocatoria por recesión de la actividad y costos financieros.
Miguel Ángel Romero Cammisa, titular de la constructora que lleva su nombre, es otro de los empresarios cordobeses que debieron comparecer ante la Justicia por la causa de los cuadernos. Con obras en la ciudad y en el interior provincial la firma este año debió presentarse en concurso preventivo. El concurso lo dispuso el juez civil y comercial Saúl Silvestre. Según consta en el edicto judicial, en el proceso compareció Federico Romero Marioni, como presidente del directorio. El ejecutivo señaló que “a partir de la crisis en el país del pasado año la empresa comenzó a atravesar dificultades económicas motivadas principalmente por el contexto nacional, el incremento de los costos financieros y la agudización de la tendencia inflacionaria que terminó derivando en una devaluación del signo monetario con alta volatilidad en el mercado cambiario y financiero que derivaron en una profunda recesión de la actividad y un fuerte deterioro de los índices de crecimiento”.

Sin embargo, la mayor dificultad fue recuperar los aumentos de costos por efecto de la inflación y la suba del dólar, con lo cual las empresas del ramo se vieron obligadas a resignar márgenes de utilidad con las consecuentes pérdidas de rentabilidad y de capital de trabajo. Así, el estado contable de la empresa finalizado el 30 de junio de 2019 arroja una caída de capital aproximada al 25% con un incremento del pasivo del 180% y del índice de endeudamiento cercano al 70%. La empresa debió renegociar el pago de cheques de pago diferido, hasta que en julio de este año el Banco Macro dispuso el cierre de la cuenta corriente lo que determinó que otros bancos y entidades financieras decidieran interrumpir operaciones con la constructora.

Afema: principal contratista de la Municipalidad de Córdoba
Los directivos de Afema no fueron citados por el juez Bonadío para aclarar su participación en la distribución de la obra pública durante la gestión kirchnerista. Sin embargo, el nombre de la firma sí aparece en los documentos que entregó Clarens como una de las empresas beneficiadas por el reparto de trabajos. Actualmente, la empresa presidida por Luis Maggiora es el principal contratista de la Municipalidad de Córdoba, al menos en cuanto a montos otorgados. Seg ún datos del por tal Gobierno Abierto de la Municipalidad la firma tiene actualmente cinco contratos por $853 millones. Los más importantes son: Construcción del cruce bajo el Nivel en Plaza España, Construcción del Centro de Arte Contemporáneo y Revitalización del Espacio Verde (en UTE con AMG) por $432 millones; pavimentación en Arguello Norte, Lourdes, Villa Belgrano, Villa Argüello y Villa Allende Parque (en UTE con ARC) por $201 millones y rehabilitación de Pavimentos de concreto asfáltico por $134 millones.


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