Los centros vecinales de los barrios Centro, Nueva Córdoba, Juniors, Güemes, Rogelio Martínez, San Felipe y Maipú (1° sección) firmaron un comunicado conjunto en el que expresan su respaldo al proyecto de ley provincial que busca ordenar y regular la actividad de naranjitas y limpiavidrios en la vía pública.
La presentación pública coincide con uno de los momentos de mayor presión política y social en torno al debate: el gobernador Martín Llaryora tomó la decisión de impulsar la ley días después de que un oficial de la Policía terminara baleado por una disputa entre dos cuidacoches por el control del espacio público.
El vocero del reclamo vecinal es Juan Andrés Aramayo, presidente del Centro Vecinal de Nueva Córdoba, quien encabezó la difusión del comunicado en una entrevista en el programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio 90.7. Aramayo fue explícito al describir el clima que viven los barrios afectados: "Somos barrios que estamos sufriendo muchísimo en la cuestión naranjita, con un índice delictivo muy alto en el último tiempo, con mucha violencia y agresividad”.
El dirigente aportó datos concretos para sustentar el reclamo: "En lo que va de 2026, en Nueva Córdoba solamente hubo cerca de 100 arrestos de naranjitas". El número se enmarca en una tendencia provincial ascendente. Según el ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, 156 cuidacoches fueron arrestados en lo que va del año, una cifra que marca un crecimiento exponencial respecto al año anterior, cuando se registraron más de 300 detenciones.
La doble presión: el SEMM y las "tarifas"
Los vecinos firmantes del comunicado señalan que el problema tiene una dimensión económica concreta y cotidiana. En barrios como Nueva Córdoba, donde el sistema de estacionamiento medido municipal (SEMM) ya funciona, la convivencia con los naranjitas genera una carga doble. "Tenemos que pagar la tarifa del SEMM y aparte pagar a los naranjitas, y tenemos que vivir con la violencia y la agresividad", señaló Aramayo.
Aramayo también apuntó al impacto sobre el comercio: "Disminuyó mucho la gente que viene a los comercios y al polo gastronómico de Nueva Córdoba, Rogelio Martínez y Güemes. Vos te bajás del auto y ya te están pidiendo 10.000 pesos".
El comunicado firmado por los siete centros vecinales reconoce que la problemática "forma parte de la cotidianidad y genera muchas veces situaciones de presión, incomodidad e inseguridad que afectan la calidad de vida de los vecinos", y exige a la Legislatura Provincial que avance "con celeridad en el tratamiento de esta iniciativa".
El debate: prohibición vs. regulación
El trasfondo del debate legislativo no es sencillo. La discusión vuelve a centrarse en la prohibición total o la regulación con enfoque social, aunque esta última reúne mayor consenso. El legislador radical Dante Rossi presentó en febrero una iniciativa alternativa que propone declarar la emergencia en materia de estacionamiento, contempla la creación de un padrón en 15 días, autorizaciones precarias por ocho meses con identificación y certificado de buena conducta, tarifas reguladas y programas de inserción laboral.
Por su parte, el arzobispo Ángel Rossi emitió un comunicado denominado "Ciudades para todos" en respuesta a la iniciativa de Llaryora, en el que la Pastoral Social advierte que la prohibición del trabajo popular es una respuesta incompleta y que el camino son las cooperativas, el control y la contención. El vocero del Arzobispado, Munir Bracco, cuestionó los tratamientos "express" de estas leyes y remarcó que "no todos los 'naranjitas' son delincuentes".
Los propios centros vecinales matizaron su postura en el mismo sentido. "Hay muchos que sí trabajan muy bien, honestamente, muy educadamente y colaboran; incluso son parte de la circulación barrial", reconoció Aramayo, antes de agregar: "Pero la verdad es que no es la gran mayoría últimamente".
La demanda de reinserción laboral
El comunicado conjunto hace hincapié en que cualquier solución de fondo debe ir acompañada de políticas de inclusión. "Sin ese componente, el problema no se resuelve, solo se desplaza", advierten las organizaciones firmantes. Aramayo fue en la misma línea: "Somos conscientes de que estamos ante una problemática social y económica muy fuerte. Por eso pedimos que sea con algunos programas de inserción laboral, de estudios, para que esto sea a largo plazo”.
El dirigente vecinal mencionó la cooperativización de trabajadores, su inclusión en la obra pública y la construcción, y planes como el PPP y el "Más 26" como instrumentos posibles.
La Unicameral no tiene aún fecha confirmada para el debate en el recinto. Los centros vecinales firmantes advirtieron que seguirán de cerca el avance del proyecto y "acompañarán toda acción que contribuya a mejorar la convivencia, el orden y la seguridad" en sus barrios.
