El legislador Juan Manuel Cid sostuvo que es necesario ordenar las manifestaciones callejeras para que se hagan los reclamos sin que atenten contra el libre desempeño del resto de la ciudadanía y que para ello es necesario dotar a la justicia y a la policía “de las herramientas necesarias”.
Cid propone en el proyecto presentado que se incorporen sanciones de trabajo comunitario, multas y arresto a los manifestantes que atenten contra lo establecido en la ley, en cuyos artículos destaca: “Del respeto a la tranquilidad pública”, que refiere a “desordenes, alteraciones e interrupción del tránsito y escándalo público”, y propone la incorporación del artículo 80 bis que establece que quienes cometan “desórdenes públicos, alteren o interrumpan el normal tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos” serán sancionados con hasta seis días de trabajo comunitario, multas que superan los $ 57.000 o arresto de hasta tres días.
Prevé también que estas sanciones se eleven al doble si quienes cometen los delitos son “integrantes de los servicios públicos de transporte o empleados o funcionarios públicos”.
La ley define que los montos recaudados por la aplicación de las sanciones previstas serán destinados a resarcir a comerciantes, instituciones y actividades laborales perjudicadas por las conductas sancionadas.
El artículo siete es otro de los destacados porque agiliza la administración de la ley posibilitando la actuación de oficio de jueces y policía. Concretamente, dice que “toda falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio por simple denuncia verbal o escrita ante la policía. Tanto el personal preventor, como cualquier autoridad con competencia para el juzgamiento de contravenciones, así como cualquier juez con competencia, deberán arbitrar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos de la contravención cometida. En todos los casos se encontrarán facultados para impartir las directivas que consideren necesarias al personal policial”.
El legislador sostiene que es una contradicción que en muchos casos quienes realizan estas actividades que atentan contra el normal desempeño de la ciudadanía sean los mismos que perciben ayudas sociales que provienen del pago de los impuestos de los mismos vecinos a quienes perjudican y anticipó que en ese sentido trabaja para próximas propuestas que presentará en la Legislatura.
Considerando que el proyecto presentado tiene mucho que ver con el ordenamiento de la ciudad de Córdoba este medio consultó a Cid sobre su intención de postularse como candidato a intendente. “Sería un honor poder continuar con lo hecho por Martín Llaryora hasta el momento en la Municipalidad”, aunque explicó que está dispuesto a ocupar el lugar que su espacio político “considere necesario”.
