El expediente por la presunta operación ilegal de financieras no autorizadas que actuaban en la zona norte de la ciudad de Córdoba, más precisamente en barrio Villa Belgrano, es un rompecabezas de vínculos. Hasta ahora, la ‘causa madre’ tiene imputados a Martín Azar y Diego Sánchez como máximos responsables de las oficinas ubicadas en el Vistalba Mall, de calle Laplace 5442.
La semana pasada, el fiscal federal Carlos Casas Nóblega avanzó en una línea conexa de la misma causa. Se trata de una segunda financiera presuntamente ilegal a cuyo frente estaban el exgerente del extinto Cibitank, Pablo Guillermo Rueda (46) y Joaquín Héctor Eleazar Becerra (45). Sobre ambos instó procesamiento en relación a los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Y pidió al juez federal Alejandro Sánchez Freytes que les impida salir del país para garantizar la continuidad de la investigación.
Para el fiscal las pruebas obtenidas a partir del secuestro de documentación, de las intervenciones telefónicas y de testimonios, acreditan que incurrieron en actividades delictivas bajo esa calificación legal, según se pudo probar, a partir del año 2017.
La financiera presuntamente ilegal de Rueda y Becerra funcionó en el centro de la ciudad y luego se trasladó a Jacobo Joule 5353, muy cerca de Vistalba, donde tenían contratadas cajas de seguridad de la firma Hausler.
En cuanto a la intermediación financiera no autorizada, señaló que realizaron “captación de fondos de terceros”, a través de contratos de mutuo con particulares “que entregaban dinero en moneda nacional y extranjera (dólares) en efectivo, pactando a cambio el pago de un interés mensual como así también préstamos informales con otras financieras de la zona –como la de Martín Azar– para poder hacer frente a las operatorias diarias que llevaban a cabo”.
La financiera no autorizada se solventó con fondos de terceros. Lo demuestran los movimientos volcados en planillas de cálculo y los contratos de mutuos. Los pagos realizados por parte de la financiera a los colocadores de fondos podían darse tanto en montos totales como así también parciales –dependiendo el acuerdo llevado adelante– considerando el capital y los intereses devengados.
Vínculo con Azar. Hay comunicaciones entre Rueda y Becerra donde mencionan la necesidad de pesos para cubrir la operatoria de la financiera y refieren que le van a pedir plata a Martín Azar. “Se desprende a las claras que los imputados se aprovisionaban de fondos en efectivo de terceros –particulares– a los que llamaban propiamente ´inversores´ para poder llevar adelante las operaciones financieras irregulares”.
Otra de las maniobras identificadas eran los préstamos de dinero en efectivo, también con fondos de terceros, tanto en dólares como en pesos. Hay comunicaciones de WhatsApp en las que acuerdan el monto a prestar y fijan una tasa de interés de entre el 5,5% y el 7% mensual.
Descuento de cheques. La investigación determinó que compraban cheques por un valor inferior al monto del documento, descontando el costo de la contraprestación por el 5%, como también en concepto de gastos propios de cobro del cheque que oscilaba entre el 2% y el 3%. Entre los documentos hallados hay una importante desarrollista local que –relata el fiscal– “conforme los propios dichos (de Rueda y Becerra) aportaba cheques de elevado valor a la financiera para su descuento”.
Esos valores iban a operadores que contaban con cuentas bancarias para monetizarlos “sin generar sospechas o controles”. En otra comunicación telefónica se menciona a uno de los principales complejos agroindustriales con sede en Córdoba: “Tiene 30 palos – por 30 millones– en cheques y los quiere pasar a dólares”, afirman en una comunicación telefónica y Becerra da indicaciones para hacer la transacción, pero por montos de menor cuantía, $500 mil, para no generar suspicacias.
LAS INVERSIONES SOSPECHOSAS
El fiscal Casas Nóblega analizó que Rueda y Becerra estaban inscriptos como monotributistas categoría F y G, respectivamente. Sin embargo, el segundo realizó 49 viajes al exterior en una década.
El fiscal puso la lupa en una serie de inversiones que serían donde blanquearon las ganancias obtenidas en forma ilegal. En base a ello pidió el procesamiento por lavado de dinero.
El 30 de enero del 2017 Rueda suscribió un contrato de comisión ganadera con la firma Campos de la Cruz por $450 mil para que incorpore carne bovina a sus proyectos productivos en las distintas especialidades de cría, recría y engorde. Rueda obtendría un rédito económico por la inversión. El 1 de febrero del año siguiente volvió a invertir $212 mil, con el mismo objetivo
El 11 de enero de 2018 Rueda y Becerra adquirieron un inmueble en barrio Marqués de Sobremonte por $1,4 millón que fue vendido en marzo del 2019 por US$42.285.
El 4 de junio de 2019 Rueda adquirió un terreno de 1.000 m2 en Estancia El Terrón de Mendiolaza.
Entre septiembre del 2019 y febrero del 2020, Rueda y Becerra habrían adquirido cinco lotes en NUMA Nuevo Malagueño por US$90.000.
Casi todas las inversiones inmobiliarias fueron realizadas con uno de los grupos económicos principales de Córdoba, con negocios en tierras, concesionarias y otras actividades. Otro dato que no pasó inadvertido a la Justicia es que uno de los inmuebles fue adquirido a nombre de los padres de Pablo Rueda, aunque sospechan que solamente fueron usados como pantalla para disimular a los autores de la operación.
