Con Brandolín detenido, negociados de Gecor en la mira de la Justicia

En la semana en la que el Gobierno de la provincia oficializó el primer borrador del nuevo Marco Regulatorio Energético y a días de que se inicie en el Ministerio de Trabajo de la Nación la discusión sobre el Convenio Colectivo de Luz y Fuerza, Córdoba se vio conmovida por otro evento vinculado al sector eléctrico: la detención del sindicalista-empresario Eduardo Brandolín.

El actual secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza y presidente de Generadora Córdoba S.A. (Gecor), fue detenido por orden del fiscal René Bossio, acusado como presunto autor intelectual del atentado que sufrió Alejandro Roganti, dirigente del gremio de Luz y Fuerza de Villa María, hace algo más de diez años atrás.

Fue en la noche del 14 de abril del 2008, meses antes de que Gecor iniciara la construcción de una Central Termoeléctrica propia en Rio Tercero, cuando Roganti recibió una brutal balacera al abrir la puerta de su domicilio. Con una pistola calibre 28 milímetros, Sebastián Eve le disparó cinco tiros que lo mal hirieron, amparado en la complicidad de su hermano, Maximiliano Eve, quien también participó del hecho.

Aunque ambos fueron detenidos y condenados, hasta esta semana la Justicia de Córdoba no había demostrado vocación para avanzar sobre la autoría intelectual del hecho. “El fiscal Daniel del Vö, durante seis años, no quiso o no pudo, le faltó voluntad o conocimiento, no lo sé, pero no hizo nada por investigar. Luego, la fiscal Silvia Maldonado durmió la causa otros dos años y fue el doctor Bossio quien logró avanzar en un año y medio lo que no se hizo en casi diez”, señaló Roganti en diálogo con PERFIL Córdoba.

Patrocinado por el doctor Luis Juez, Roganti trajinó los pasillos judiciales durante todos estos años aportando información relevante para la causa. Sin embargo, fue en diciembre del año pasado cuando una testigo protegida aportó datos que terminaron de dar consistencia a una prueba documental decisiva. En efecto, el 6 de diciembre de 2017, la testigo declaró ante la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno en relación a un video, que data del 2011, donde Vanesa Heredia, pareja de Sebastián Eve, mantiene una discusión con Brandolín.

En ese hecho, que ocurrió frente a la sede de la Regional del sindicato, en Deán Funes y la Cañada, el líder sindical afirma a Heredia que “el dinero lo tiene que retirar del estudio de los abogados”. Además, le reclama que no vuelva a esa sede porque “lo compromete”. Heredia le planteó concretamente que Sebastián Eve “está acostumbrado a estar preso”, que “se va a hacer cargo de todo”, pero le reclama plata. Ese video está hoy disponible en Youtube tras ser difundido por el programa de televisión ADN, el 2 de octubre de 2011.

Siete años después que ese documento se hiciera público y con la declaración de la testigo protegida, “las pruebas sí fundamentan la decisión (de detener a Brandolín)”, afirmó esta semana el fiscal Bossio. “Lógicamente que el proceso final sigue, pero es suficiente para tomar la decisión”, enfatizó.

Apenas se conoció la orden de detención del líder sindical, Sebastián Eve amenazó de muerte a la testigo protegida, desde su reclusión en un establecimiento carcelario de Monte Cristo, por lo que Bossio ordenó que se lo traslade al penal de Bower, donde también quedó alojado Brandolín. Junto a él fue apresado Miguel Ángel Valente, director de la Casa del Estudiante del gremio en Córdoba y quien habría actuado de intermediario entre el presidente de Gecor, los sicarios y la hermana de éstos, Débora Eve, quien igualmente quedó detenida.

¿Por qué tanta saña? Según relata Roganti, él estaba investigando desde el 2005 un presunto comportamiento “no ético” de parte de Brandolín, que perjudicaba al gremio. “Había llegado a plantear ante los cuerpos orgánicos la inconsistencia que había entre los ingresos que tenía Brandolin como dirigente gremial y la compra de tres departamentos”, explica Roganti.

En su momento, el presidente de Gecor justificó esa inversión con un préstamo de $280.000 por parte de un amigo y una herencia de la esposa. Sin embargo, no se circunscribía a ello las sospechas de Roganti, sino que apuntaban al virtual negociado que, desde Gecor, le habría permitido al sindicalista-empresario obtener esos ingresos.

El presunto hecho irregular en cuestión es el siguiente: durante 2005 (año de crisis de provisión de gas en el país), Gecor disponía de un contrato con un cupo de 700.000 metros cúbicos diarios. Por entonces, la empresa transitaba los últimos meses de la concesión que por diez años le había dado EPEC de las usinas térmicas Zanichelli, Las Playas y General Levalle. “Por ende, ese contrato de gas que abastecía a las usinas debía ser devuelto a EPEC porque era parte de su patrimonio”, explica Roganti.

El 30 de diciembre de ese año, Brandolín decide vender la totalidad del contrato de gas a la empresa AGD, para que abastezca a su Terminal 6, instalada en Puerto San Martín, Santa Fe. A los dos meses, Gecor devolvió las plantas a EPEC, pero sin el contrato de gas. “No solo perjudicó a la empresa de energía provincial, sino también a todos los industriales cordobeses”, señaló Roganti a este medio.

Esto fue así porque en aquel momento, la Nación buscaba una salida al faltante de gas y había propuesto a EPEC reemplazarle el gas por fueloil de origen venezolano y derivar el gas de su contrato a las industrias de la provincia. “La Unión Industrial de Córdoba, frente a esa maniobra, tuvo que salir a gestionar la posibilidad de que redireccionen 200.000 metros cúbicos diarios para que las empresas puedan utilizar en el invierno. Todo a mayor costo”, recuerda un empresario acerca de aquel evento.

Roganti sospecha que ese negocio hecho con un bien que era propiedad de EPEC le significó a Brandolín “un importante retorno”.

Crecimiento contra marea. Cuando en 2006 Gecor disolvió su relación con EPEC, Brandolín tenía la opción de cerrar la empresa y distribuir utilidades entre los socios, dado que el motivo por el que el gremio la había creado (garantizar la permanencia de puestos de trabajo) se había cumplido por 10 años y ahora éstos eran garantizados por EPEC, nuevamente. Sin embargo, decidió continuar la empresa “con su planta gerencial y tres empleados a cargo”, según describe el propio sitio oficial de Gecor.

A partir de entonces, y a pesar de las dificultades económicas del país y a las vicisitudes de la propia industria energética en su conjunto, Gecor comenzó a invertir fuertemente. Primero, en la Central Termoeléctrica “13 de Julio”, que demandó US$ 13 millones para 32MW; luego, la coinversión de US$70 millones junto a SoEnergy, para otros 60 MW. Ambas plantas están ubicadas en Río Tercero. Además, en agosto del 2017, Christian Brandolín, hijo de Eduardo y gerente General de Gecor, anunció que la empresa tiene en carpeta otros dos nuevos proyectos: “Una central de 70MW y un emprendimiento de energía renovable”.

A estas inversiones se deben sumar los US$620.000 que insumió a Gecor la compra del ex hotel Mediterráneo, en la ciudad de Córdoba, donde se levantó la Casa del Estudiante del gremio, a la cual le aplicaron casi $1 millón de pesos para su refuncionalización.

Al momento de ser detenido, Brandolín, quien nunca fue empleado de EPEC sino que se inició como trabajador de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María, habitaba una casa en un lujoso country de la ciudad de Córdoba. Según su abogado defensor, Ernesto Gavier, Brandolín “siempre actuó de buena fe y de manera justa” como líder sindical.

Años de impunidad. Si bien la sospecha de comportamiento “no ético” de parte de Eduardo Brandolín, con supuesto perjuicio para el gremio de Luz y Fuerza de Villa María y para EPEC, nunca llegó a constituirse en una denuncia formal ante la Justicia, el atentado que sufrió quien investigaba esa sospecha sí reclamó –insistentemente– el accionar de los Tribunales.

En casi diez años ni los fiscales Generales del período (Darío Vezzaro y Alejandro Moyano), ni dos de los tres fiscales que debieron instruir la causa (Daniel del Vö y Silvia Maldonado) llegaron a dar respuestas positivas, aún cuando “las pruebas existían”, según asegura el damnificado, Alejandro Roganti.

“Brandolín tenía el poder económico suficiente para que los que debían hablar se callarán”, señala Roganti. Tampoco hubo una reacción en defensa del patrimonio de la EPEC de parte del entonces presidente de la compañía, Simón Dansenchich; y, en última instancia, tampoco la hubo de quien por aquellos años gobernaba la provincia, José Manuel De la Sota.

OTRA NOCHE, OTRA PUERTA, OTROS DISPAROS

Diecisiete años antes del atentado que sufriera el gremialista de Luz y Fuerza Alejandro Roganti, en otra noche oscura, ingresando a su vivienda de barrio Residencial Vélez Sarsfield, asesinaron a otro hombre vinculado al sector energético de la provincia. El ingeniero y senador radical Regino Maders fue abatido por las balas que le disparó el asesino  Hugo Síntora, un ex policía que, en un juicio realizado 14 años después del hecho, fue condenado a reclusión perpetua.

Maders no tuvo la suerte de Roganti. No sólo porque perdió la vida, sino porque jamás se llegó a conocer quien o quienes fueron los autores intelectuales de su asesinato. Maders fue sorprendido por su atacante cuando regresaba del acto de cierre de campaña de las elecciones  donde Eduardo Angeloz fue elegido gobernador por tercera vez.

Las crónicas periodísticas de la época y también libros que se escribieron sobre el asesinato de Maders recogen el trabajo de investigación que, básicamente, hicieron sus familiares y abogados. En muchos de esos documentos se asegura que Maders se aprestaba a elevar al doctor Raúl Alfonsín las pruebas de hechos graves que se estaban cometiendo con epicentro en la Empresa Provincial de Energía (EPEC).

“A comienzos de los 90, el ingeniero Maders había descubierto las actividades que se desarrollaban durante la noche en EPEC”, relata el libro País narco: Tráfico de drogas en Argentina, del tránsito a la producción propia . “Automóviles gemelos transportaban drogas e iban a distintos lugares de la provincia y a otros estados vecinos, como Santa Fe y Entre Ríos”, afirma el libro escrito por el periodista Mauro Federico. Con el correr de los años se encontraron automóviles Ford Falcon con números de motores adulterados y patentes gemelas en los propios depósitos de EPEC. Uno de ellos había sido utilizado para cometer el crimen de Maders.

"La documentación que le voy a presentar a Alfonsín tiene pruebas sobre los negociados con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y el narcotráfico” le habría confesado Regino a su hermano Juan, dos días antes de ser asesinado.

En su honor, el partido GEN entrega todos los años en la ciudad de Rosario, los "Premios Regino Maders a la Militancia y a la Honestidad", que reconoce la honestidad, el trabajo y el compromiso de los militantes. En cada entrega, el GEN recuerda a la Justicia que sigue pendiente el conocer los autores intelectuales de este crimen y la grave denuncia que Maders tenía entre manos.

“Ambos (Maders y Roganti) son casos emblemáticos de dirigentes que denunciaron manejos irregulares y corruptos de la Epec. Uno pagó con su vida y el otro se salvó de milagro. La corrupción en Córdoba mata de manera absolutamente literal. El punto que une ambos casos son los hechos de corrupción en torno a Epec. El intento de asesinato de Roganti es al gobierno de UPC lo que el asesinato de Maders fue al gobierno de la UCR”, sintetiza el legislador Juan Pablo Quinteros, del Frente Cívico.