La semana que finalizó dejó en evidencia dos hechos en apariencia inconexos pero que están vinculados por un mismo trasfondo: el llamado Consenso Fiscal. El primero de esos hechos es el creciente enfrentamiento entre el Gobierno de la Provincia con las cooperativas prestadoras de servicios públicos del interior, el segundo es el enfrentamiento del Gobierno de la Provincia con los municipios, y en particular con la intendencia de la Ciudad Capital.
Ambos enfrentamientos tienen que ver con la necesidad de reducir el ya histórico “Costo Córdoba”, el cual se gestó durante dos décadas al calor de alta presión impositiva (provincial y municipal) y altas tarifas de energía eléctrica, entre otros factores distorsivos (como la ineficiencia burocrática) que restan competitividad a la economía provincial.
Cuando la Provincia firmó con la Nación el acuerdo de Consenso Fiscal (que le garantizó fondos de coparticipación y financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones) se comprometió a trasladar el espíritu de ordenamiento fiscal de ese convenio hacia el interior provincial.
Más puntualmente, la ley 25.917 en su art.33 señala: “Los Gobiernos provinciales invitarán a sus Municipios a adherir a la presente norma, propondrán la aplicación en el ámbito de tales Gobiernos de principios similares a los aquí establecidos y coordinarán la difusión de la información de los mismos”.
El objetivo que busca la norma es sumar a los estados subnacionales (provincias y municipios) al entorno del Régimen de Responsabilidad Fiscal.
Primera clave. La aplicación del Consenso Fiscal en los municipios exige cuatro bases que crean institucionalidad: capacidad de diálogo intergubernamental, un Organismo Coordinador, un Organismo de Aplicación y una Ley provincial que valide los acuerdos alcanzados. Según un informe del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal al que tuvo acceso PERFIL Cáordoba, ocho provincias vienen avanzando progresivamente con cada uno de estos pasos (Chubut, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Jujuy, Catamarca, Mendoza y San Juan).
¿Qué pasó en Córdoba? La irrupción unidireccional de la Provincia a través de un organismo como el Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (Ersep) debilitó una de las bases requeridas: el diálogo.
Sin previo aviso, el Ersep se erigió en una suerte de “organismo rector fiscal” ordenando a los municipios de modo taxativo a limpiar las boletas de servicios públicos de tasas que son, hoy, (más allá de la validez de su justificación) fuentes nodales de sus ingresos.
La provincia de Mendoza se dio la chance de negociar y crear un Fondo Anticíclico por Municipio; Río Negro creó un Programa de Financiamiento Ordenado Municipal; Jujuy avanzó previamente en un Programa de Deuda Municipal; Catamarca, a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, logró ya rubricar el Consenso con 18 intendentes.
En todas esas experiencias los factores críticos de éxito están siendo tres: análisis exhaustivo de la realidad fiscal de cada municipio; búsqueda de mecanismo consensuados que les permitan escalar la calidad de gestión fiscal sin rozar crisis de financiamiento y, sobre todo, el reconocimiento de una autoridad de aplicación (en algunos casos es un Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, en otros el propio Ministerio de Hacienda, y en otros el Tribunal de Cuentas de la provincia).
Segunda clave. La cadena de valor del costo energético se está cortando en los eslabones finales que reciben el impacto del precio de origen. En efecto, en su “raid ordenador express”, el Ersep avanzó también en los últimos días sobre la ecuación de ingresos de las cooperativos de servicios del interior, cuyas distorsiones de costos no se gestaron en los últimos meses, sino que llevan dos décadas. Aquí la raíz del problema muestra dos puntas: el costo de la energía y la ineficiencia de las cooperativas.
Lo que el Ersep intenta es limpiar de sobrecostos (municipales y cooperativos) una tarifa originada por una empresa, Epec, que pasó siete de sus últimos 10 años arrastrando déficit. El ejercicio 2016 lo cerró un una pérdida por $70,7 millones, aunque si no se aplica revalúo técnico sobre activos, el déficit operativo es superior a los $700 millones.
Para enfrentar esta dinámica de desfase financiero estructural, la empresa viene aplicando aumentos de tarifas sucesivos, y a ello colaboró el propio Ersep: desde el año pasado puso en funcionamiento un mecanismo de ajuste trimestral que evita el paso por una audiencia pública. El próximo aumento se efectivizará el 1º de abril y será del 2,7%. El único límite a esta estrategia se logró esta semana, a partir de un amparo promovido y ganado por el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), por el cual la compañía ya no podrá aplicar aumentos retroactivos.
Desde este débil panorama económico financiero, Epec enfrenta ahora el reclamo de cooperativas que quieren “revisión a la quita de subsidios, baja en el costo de la energía eléctrica y tarifa social igualitaria y automática para los usuarios del interior provincial”. Según Luis Castillo, presidente de la entidad que reúne a las cooperativas, Fecescor, “nunca nos sentamos a conversar ni con Provincia ni con Epec para saber cuánto pagar”.
Como en la primera clave, el debilitamiento del diálogo actúa distorsivamente sobre el objetivo del Consenso, que en el caso de Córdoba se eligió depositar en la actuación del Ersep.
