Esta semana, el prestigioso Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) dio a conocer los resultados del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial 2017 (ITPP-17). En esta nueva edición del ITPP, la Provincia de Córdoba aparece –por cuarto año consecutivo– como la jurisdicción mejor evaluada, con una puntuación total de 9,70 (sobre 10 puntos posibles).
El ITPP es elaborado anualmente por CIPPEC y evalúa la calidad, cantidad, nivel de desagregación y actualización de la información presupuestaria que publican los gobiernos provinciales en sitios web oficiales.
“Los gobiernos provinciales tienen a su cargo funciones en áreas de servicios esenciales como seguridad, salud, y educación. Por ende, resulta de fundamental interés evaluar la forma en que ponen a disposición de los ciudadanos información oportuna y confiable sobre aspectos relevantes de la política presupuestaria”, explica el experto Walter Agosto, responsable del Programa de Política Fiscal del CIPPEC.
Los documentos que se evalúan para la elaboración del ITPP son: leyes de presupuesto; informes de ejecución de gastos, de recaudación impositiva y de deuda pública; información sobre transferencias recibidas del Gobierno nacional y transferencias realizadas a municipios; la Cuenta de Inversión y el Presupuesto Ciudadano. Todas estas herramientas a disposición de la sociedad, a través de Internet, permiten saber cuánto dinero fluye por las “avenidas de la burocracia” y cuáles son sus destinos.
Resultados. En 2017, el ITPP alcanzó un promedio nacional de 7 puntos sobre un total de 10 que se pueden obtener. “Superó levemente el registro del año pasado (cuando el promedio fue de 6,55), y marca el valor máximo desde el inicio de la medición en 2010”, explica el CIPPEC. Esto indica que los procesos de modernización y transparencia en los estados subnacionales comenzaron a convertirse en políticas de Estado sostenibles.
“Por cuarto año consecutivo, es la provincia de Córdoba la que obtiene el primer lugar en el ranking del ITPP, repitiendo el puntaje del 2016 (9,70)”, dice el informe.
La Provincia no tiene puntuación perfecta porque de todas las herramientas que se auditan, no publica Presupuesto Plurianual 2017-2019 (ó 2018-2020). Por el contrario, la transparencia de herramientas como la Ley Presupuestaria, la recaudación y los informes de ejecución, de gastos y de deuda pública la colocan en el primer lugar nacional.
Para el CIPPEC, “debe destacarse que solo dos jurisdicciones presentan un Presupuesto Ciudadano: el caso emblemático es Córdoba –destaca– y este año se ha agregado la Ciudad de Buenos Aires”. El Presupuesto Ciudadano es una herramienta digital que facilita una lectura simple y comprensible de lo que el Gobierno hace con los dineros públicos, con el propósito de fomentar la participación de la ciudadanía en todo lo relacionado a la administración de esos fondos.
En la edición 2017 del ITPP, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupó el segundo lugar (con un puntaje total de 9,55); mientras que el tercer puesto fue ocupado por Entre Ríos (9,50).
Por su parte, las tres jurisdicciones que obtuvieron los menores puntajes fueron Misiones, La Pampa y San Luis, con puntajes de 4,15; 2,95 y 1,50, respectivamente. El caso de la provincia gobernada por los Rodríguez Saá es paradigmática por su “nivel de opacidad”; solo publica información vinculada a la recaudación, todos los otros documentos e informes analizados no pueden encontrarse online.
¿Para qué sirve? “La transparencia presupuestaria otorga mayores oportunidades de participación en el debate público y mejora los procesos de rendición de cuentas”, explica el experto Walter Agosto.
Esto sería un primer paso fundamental para que la ciudadanía pueda evaluar la efectividad de las políticas públicas en el cumplimiento de sus objetivos. “Dado que esta información técnica suele considerarse de compleja interpretación, los gobiernos deben propender a una mayor apertura de sus cuentas públicas, facilitar el acceso y especialmente la comprensión de esta información”, finaliza Agosto.
Al haber transparencia presupuestaria no solo es posible seguir los pasos de lo que el Gobierno provincial hace con los dineros públicos, sino que la sociedad tiene mayores chances de exigir a los legisladores que, dado que la información está disponible, trabajen lo que sea necesario para mejorar la calidad y los resultados de los debates que dan el recinto.
MÁS TRANSPARENCIA NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, MENOS CORRUPCIÓN
En la conversación pública, ser “transparente” se convirtió en sinónimo de “no ser corrupto”. “La clase política, acostumbrada a expropiar conceptos con propósitos electorales, ha hecho de la transparencia un ‘todo terreno’, despojándola de su verdadero significado”, explica Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Internacional (TI), capítulo México.
“La evidencia empírica podría contradecir esta idea. En una investigación reciente de Transparencia Mexicana, la relación entre ser transparente y ser honesto no resultó lineal”, señala el especialista mexicano. “Aquellas entidades federativas (provincias, en Argentina) que tienen buenos resultados controlando la corrupción en trámites y servicios no necesariamente tienen buenos resultados en transparencia. Y al revés”, agrega Bohórquez.
¿Podría estar pasando lo mismo en Argentina y, en Córdoba, en particular? Consultas realizadas por PERFIL Córdoba a expertos en la materia sugirieron tomar dos evidencias empíricas que podrían arrojar alguna señal:
1-Por un lado, los resultados obtenidos por las instancias judiciales enfocadas en casos de corrupción. En Córdoba, al cabo de 13 años de existencia, la performance del fuero Penal Económico y Anticorrupción es igual a “cero”, producto de ello ya se evalúa su eliminación.
2-En segundo lugar, los resultados de la provincia en materia de “buenas prácticas de gobierno”. Sobre este particular, el único estudio disponible es el realizado por Global Integrity con la colaboración nacional de CIPPEC, instituciones que en forma conjunta elaboraron la investigación titulada “Indicadores de Calidad Institucional para las Provincias Argentinas- Caso Córdoba”. Las principales conclusiones del estudio indican:
Acceso a la información: “Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información y a los registros básicos del Gobierno provincial, de la misma manera que tienen derecho a apelar si se les niega el acceso a los mismos. Sin embargo, existen serias dificultades al momento de poner en práctica esta legislación. Si bien los ciudadanos pueden usar el mecanismo previsto para acceder a la información sin costo, en la mayoría de los casos no obtienen respuestas”.
Financiamiento de partidos políticos: “El aporte de empresas y de particulares, sobre los que no se fijan topes en la ley, tiende mayoritariamente a ocultarse o a disimularse, aun cuando el anonimato es una práctica expresamente prohibida por la ley (art. 44, Ley 6.875). Por otro lado, el Fondo Partidario Permanente no está en funcionamiento y el Estado provincial no contribuye actualmente al sostenimiento de los partidos políticos reconocidos”.
Rendición de cuentas: “La evaluación de la Provincia en esta dimensión se ve negativamente afectada por el hecho de que el conflicto de intereses prácticamente no está regulado. La única obligación que existe en la legislación provincial es la de presentar declaración jurada patrimonial y financiera. Si bien el acceso a las mismas por parte de los ciudadanos es muy fácil (están disponibles en el sitio Web de la Provincia), la ley no exige que las declaraciones juradas sean auditadas.
Además, no hay en la legislación provincial un régimen de obsequios y cortesías, incompatibilidades, ni restricciones para ocupar posiciones en el sector privado una vez abandonada la función La provincia de Córdoba no posee un Código o Ley de Ética pública, si bien existen proyectos en la legislatura, pero que no han tenido aún tratamiento favorable”.
