Casi un año y medio después del hackeo al Poder Judicial de Córdoba, trascendió que hubo recientemente una nueva filtración de datos personales, usuario y claves de una funcionaria judicial del fuero civil. La Fiscalía de Cibercrimen investiga si también se filtró información sobre las causas que se tramitan en juzgado donde se desempeña la mujer.
🔐 New #cybercrime intelligence.
— Birmingham Cyber Arms LTD (@BirminghamCyber) January 22, 2024
🇦🇷 #Argentina: Threat Actor exposes credentials of a judicial official from Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
🔎 #ThreatIntelligence: @chum1ng0 (¡Gracias!). pic.twitter.com/G3ysHjJ5zN
Se trata de Silvia Alejandra Elena Guerrero, una funcionaria judicial de Córdoba que se desempeña como prosecretaria en el Juzgado de 1ra Instancia Civil y Comercial 37ª Nominación, cuyo juez a cargo es Claudio Perona.
Los datos que quedaron al descubierto fueron revelados por el usuario @chum1ng0, un investigador chileno independiente que cubre hacktivismo y filtraciones de información en Latinoamérica, según señala su cuenta en X (ex Twitter).
La Fiscalía de Cibercrimen, cuyo titular Franco Pilnik se encuentra de feria, quedó a cargo de Franco Mondino, fiscal Anticorrupción en lo Penal Económico de Córdoba. El equipo de trabajo que dirige Pilnik ya se encuentra investigando sobre estas nuevas filtraciones.
En principio, según indicaron fuentes judiciales a PERFIL CÓRDOBA, habrían quedado solamente expuestos datos personales de la funcionaria del Poder Judicial y no serían las credenciales de acceso al Sistema de Administración de Causas (SAC).
Desde el ciberataque de agosto del 2022, cada usuario (empleado, funcionario, magistrado) sólo tiene permitidos los accesos a ciertos registros. O sea, cada usuario puede ingresar a ver solamente lo que se tramita en la oficina en la que se desempeña.
Las mismas fuentes de la Justicia indicaron que la primera hipótesis radica en una presunta acción producto de un conflicto personal. También aseguraron que no hubo afectación del sistema, tal como ocurrió en 2022 cuando los trámites judiciales estuvieron cuatro días paralizados.
