En un encuentro realizado en la sede del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), autoridades de instituciones públicas de educación superior en Córdoba y representantes legislativos nacionales coincidieron en la necesidad de avanzar con urgencia en el tratamiento de una Ley de Financiamiento Universitario que brinde mayor previsibilidad y garantías al sistema.
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La reunión formó parte del proceso de discusión de un proyecto elaborado de forma conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Esta iniciativa, presentada ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, fue concebida tras el plenario del CIN realizado en abril en San Luis.
El rector de la UNC, Jhon Boretto, anfitrión del encuentro, advirtió sobre la situación crítica que atraviesan las universidades: "Necesitamos previsibilidad y un piso de financiamiento que garantice el derecho a la educación superior. Esta ley busca asegurar el funcionamiento de nuestras instituciones y también el futuro de quienes estudian, enseñan e investigan en ellas". Según explicó, la propuesta apunta a garantizar un piso básico de recursos sin afectar el equilibrio fiscal ni crear nuevos tributos, reorientando el gasto público para priorizar la educación superior como motor de desarrollo económico y social.
Participaron de la actividad rectoras, rectores, vicerrectores, decanos y decanas de distintas universidades nacionales y provinciales con sede en Córdoba. También asistieron representantes de gremios docentes y nodocentes, además de delegaciones estudiantiles de las federaciones universitarias de Córdoba y Río Cuarto.
En el plano político, estuvieron presentes legisladores de distintos bloques: Juan Fernando Brügge, Carlos Gutiérrez y Natalia de la Sota (Encuentro Federal); Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning (UCR); Gabriela Estévez y Pablo Carro (Unión por la Patria), así como una representante de la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal).
El proyecto de ley propone mecanismos para recomponer los salarios del sector, garantizar condiciones mínimas de funcionamiento y sostener el acceso, permanencia y egreso del estudiantado, en especial de quienes provienen de sectores vulnerables.
