El desarrollo y la exposición de la obra pública tuvo un notable empuje este año, como suele suceder en los tiempos electorales. Se trata de una realidad en la que caen las administraciones nacionales, provinciales y municipales. Y, en definitiva, la inversión en obras de infraestructura pública es un aspecto central para atender las necesidades sociales de los ciudadanos y acompañar el desarrollo económico y productivo. Como parte del proceso de ajuste que encaró el Gobierno nacional desde 2018, se verificó una contracción muy importante en la inversión en obra público y se limitaron los envíos de fondos para esos fines a las provincias. La fuerte devaluación del tipo de cambio sumada a un proceso inflacionario que aún no se controla, el aumento de las tasas financieras y a un incremento en los niveles del índice de Riesgo País, terminó en un combo nocivo cuya consecuencia directa fue el encarecimiento del crédito, tanto para el sector público como el privado. En ese contexto la definición sobre qué obras deben encararse, cuáles tienen carácter de prioritarios y necesarios y en qué condiciones se genera la toma de créditos se vuelve de vital importancia para la salud y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Revisión. En ese marco, un reciente informe del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) se propuso revisar si las obras recientemente inauguradas o en ejecución por parte de la administración provincial contemplan esa condición de aumentar la capacidad productiva de la provincia o ayudan a mejorar la prestación de servicios sensibles, como son la salud y la educación. En el trabajo se destaca que, en los últimos años, la Provincia llevó adelante un número importante de obras públicas, pero también remarcan que muchas de esas obras recibieron cuestionamientos por su dudosa contribución productiva o condición de prioridad. Algunas de ellas fueron el Faro del Bicentenario, la nueva Casa de Gobierno, el Archivo Histórico y recientemente el puente sobre el lago San Roque. “Creemos que es importante poner en debate el plan de obra pública de la Provincia ya que notamos que son numerosas las obras que no ayudan al desarrollo económico ni contribuyen a solucionar deudas muy marcadas ,como las que se ven en el ámbito de la salud y la educación. Hay que definir qué es lo necesario y debe ponerse en debate”, señala Alfredo Schclarek Curutchet, director académico del Cippes.
Inversión puenteada. Como parte de ese debate desde el Cippes analizaron el costo que demandó la obra del puente José Manuel de la Sota sobre el lago San Roque comparando con los costos de otras obras públicas que se podrían haber construido para áreas sanitarias, de educación y de infraestructura. Esa obra demandó $4.340 millones, cerca de US$ 100 millones y se encaró para agilizar el tráfico entre la zona norte de Punilla y la Capital provincial. “Se aportan elementos al debate público para evaluar si el Gobierno de la Provincia realizó una adecuada priorización en su plan de obras”, dice el trabajo.
Hospitales públicos. Según el informe, con los $4.340 millones invertidos en el puente se podrían construir seis hospitales con 100 camas de internación cada uno, lo cual permite dar cobertura hospitalaria a 160 mil personas. Dispuestos en el interior provincial, podrían cubrir a 40 localidades de cuatro mil habitantes.
Escuelas públicas. Con los $4.340 millones invertidos en el puente, se podrían construir 431 aulas, que equivalen a 81 establecimientos educativos promedio donde podrían asistir en total 11.220 alumnos.
Cloacas. Con los $4.340 millones invertidos en el puente, se podrían realizar las obras para dar acceso al servicio de cloacas a 21.795 personas (casi el 20% de la población de la cuenca del lago San Roque actualmente sin servicio de cloacas).
“Estos análisis nos permiten cuestionar el criterio con que la Provincia define las obras que va a realizar y, por otro lado, la manera en que se avanza con los procesos de endeudamiento. Las obras del Bicentenario, como las del Faro o el Centro Cívico se encararon con la emisión del bono Boncor, a tasas del 12% y cuya cancelación en 2017 se pagó con la emisión de nuevos bonos. Hay que definir qué obras son vitales hacer y luego cómo se concretan porque endeudarse tiene altos costos y termina generando una vulnerabilidad financiera muy importante para la Provincia”, destaca Schclarek Curutchet.
