En apenas un año, cuatro femicidios ocurridos en Córdoba dejaron al descubierto un mismo patrón: los acusados ya habían pasado por el sistema judicial antes de matar con crueldad. Habían sido denunciados, imputados o condenados por hechos de violencia, algunos en contextos de violencia de género, y se encontraban bajo medidas judiciales destinadas, precisamente, a evitar nuevos delitos.
Los nombres de Horacio Antonio Grasso, Pablo Laurta, Claudio Barrelier y Maximiliano Exequiel Baudraco quedaron asociados a algunos de los femicidios más conmocionantes registrados entre julio de 2025 y julio de este año. Más allá de las diferencias entre los expedientes, existe un hilo conductor: la intervención previa de fiscales y jueces no impidió el desenlace fatal.
La realidad interpela al sistema judicial y de protección de las víctimas. ¿Son un mero trámite o procuran evitar tragedias como las ocurridas?
Horacio Grasso: de la prisión domiciliaria al femicidio de Milagros Bastos
En julio del año pasado, el expolicía Horacio Antonio Grasso, condenado en 2009 a 27 años de prisión por homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de armas, fue imputado por asesinar a Milagros Bastos.
Cumplía prisión domiciliaria en un departamento ubicado en Buenos Aires 315, en pleno centro de la ciudad de Córdoba, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Milagros, oculto y maniatado dentro de un placar.
Además de la condena, Grasso también había sido denunciado por una expareja y por abuso sexual por otra mujer integrante de su familia. Estaba bajo supervisión del Patronato del Liberado (organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia) y de los jueces de Ejecución Penal. Sobre ambos, uno de Río Cuarto -Gustavo Echenique Esteve- y otro de Córdoba -Facundo Moyano Centeno- hay un sumario abierto que está en la etapa de alegatos. Además, se analiza en el mismo ámbito la actuación de la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago, quien debía tramitar la denuncia por abuso.
Pablo Laurta: un crimen planificado
El 11 de octubre de 2025, Pablo Laurta asesinó a Luna Giardina y Mariel Zamudio en una vivienda de Villa Serrana, Córdoba. Tenía prohibido acercarse a ambas. No solo burló ese impedimento sino que planificó y ejecutó el doble crimen, según la hipótesis de la acusación fiscal.
Está imputado por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género. La causa permanece radicada en la Cámara 9ª del Crimen, aún sin fecha de juicio.
Según la investigación, Laurta viajó desde Uruguay con el objetivo de cometer los asesinatos. En el trayecto habría matado además a un remisero en Entre Ríos, quien lo trasladaba hacia Córdoba. Todo ocurrió después de reiteradas denuncias de Luna que expresó temor por lo que finalmente hizo su agresor.
Claudio Barrelier: una denuncia previa que no evitó otro crimen
El 24 de mayo de 2026, Claudio Barrelier fue detenido e imputado por el abuso sexual y el homicidio triplemente calificado de Agostina Vega, de 14 años, bajo las figuras de femicidio, alevosía y criminis causae.
La investigación reveló un antecedente que hoy adquiere otra dimensión: un año antes, otra mujer logró escapar de una situación similar en la misma vivienda donde luego fue asesinada Agostina.
Por ese episodio, Barrelier fue detenido, pero recuperó la libertad apenas 14 días después. Continuó imputado por privación ilegítima de la libertad hasta que, según la acusación fiscal, concretó el crimen de la adolescente. El fiscal Iván Rodríguez fue denunciado ante el Jury y no asumió aún como procurador penitenciario adjunto por haberlo liberado y no resolver la situación de Barrelier, quien terminó con la vida de la adolescente.
Baudraco: condenado, advertido y nuevamente violento
El cuarto caso es el de Maximiliano Exequiel Baudraco, condenado en octubre de 2025 por coacción, resistencia a la autoridad y daño calificado a partir de una denuncia de su suegra, Mirian Palacios.
El lunes pasado, 20 de julio, asesinó a su pareja Rocío Belén Gómez en Santa María de Punilla, mientras gozaba de libertad y, según informó el Patronato del Liberado, incumpliendo las condiciones que le había fijado el juez Javier Rojo. En su sentencia, el camarista de Cruz del Eje no hizo consideraciones sobre el contexto de violencia reinante en el entorno de la víctima, simplemente homologó un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa de Baudraco.
No podía acercarse a su suegra ni a su pareja, tenía que hacer un tratamiento psicoterapéutico en violencia familiar. No cumplió y a los ocho meses de la condena asesinó a la mujer que hostigó desde hace años. Este caso vuelve a poner en el ojo de la tormenta al juez de Ejecución Penal, Facundo Moyano Centeno. Habría sido informado de los incumplimientos y no hay constancias de que revirtiera la libertad del condenado.
El Patronato del Liberado había advertido incumplimientos
Dos de los cuatro casos presentan otro elemento común: la intervención del Patronato del Liberado.
Tanto Grasso, que cumplía prisión domiciliaria, como Baudraco, que gozaba de libertad condicional, eran monitoreados por el organismo.
Según declaró la directora, Patricia Corvalán, el organismo informó a la Justicia sobre incumplimientos de las condiciones impuestas para mantener esos beneficios. Sin embargo, en ambos casos se torna evidente que las advertencias no derivaron en medidas que evitaran los desenlaces fatales.
Un patrón que interpela al sistema judicial
Los cuatro expedientes muestran perfiles considerados de alta conflictividad y peligrosidad. Todos habían sido alcanzados por decisiones judiciales que procuraban controlar su conducta mediante restricciones, controles o condiciones para conservar la libertad.
En cada caso intervinieron fiscales, jueces y distintos organismos del sistema judicial. Sin embargo, esas actuaciones resultaron insuficientes para impedir nuevos hechos de violencia extrema.
La reiteración de antecedentes, denuncias e incumplimientos plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de evaluación del riesgo, el seguimiento de agresores y la respuesta judicial frente a situaciones de violencia de género que, en retrospectiva, terminaron siendo crímenes anunciados.
