El abogado Pablo Olmos, defensor de Daniel Cornaglia, uno de los 14 detenidos en Córdoba por los presuntos fraudes de Onecoin, pidió al Tribunal de Conducta Policial que analice la situación de cuatro efectivos de la Policía de Córdoba. Según el letrado, ellos participaron del negocio presuntamente defraudatorio y comparten responsabilidades con quienes se encuentran imputados.
Sin embargo, desde la fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Enrique Gavier, interpretan que es un recurso para ‘embarrar la cancha’ porque está muy claro en el expediente quiénes integraron la presunta asociación ilícita para estafar con la promesa de inversiones en criptoactivos o paquetes educativos financieros. La diferencia con aquellos que invirtieron y captaron nuevos clientes está en el conocimiento previo que tenían quienes dirigían el negocio sabiendo que Onelife, la marca internacional que promocionaba Onecoin, era perseguida a nivel mundial por ser una gran estafa.
La venganza. En el escrito que ingresó al Tribunal de Conducta Policial figuran los nombres de cuatro efectivos de la fuerza. Tres de ellos, según se describe, habrían ingresado a la empresa invirtiendo y, a la vez, promocionando la supuesta criptomoneda para producir ventas. El principal aludido es Matías Font quien se ve en un video que consta en la causa judicial que lleva adelante el fiscal Gavier y ahora también fue presentado al organismo que preside Ana Becerra.
El spot dura cuatro minutos y en él, el efectivo y su pareja, hablan sobre las bondades de la inversión en Onecoin. Incluso advierte que antes de promoverla él mismo se puso a indagar y llegó a la convicción de que es una inversión segura. En relación al cuarto efectivo, Olmos señala en el documento que es uno de los investigadores policiales de la causa y que, como tal, encubrió a sus compañeros.
Sobre Font aporta el dato de que fue custodio de Konstantine Ignatov (actualmente está preso en Estados Unidos), líder de Onlife junto a su hermana, Ruja Ignatova (prófuga), y de Alejandro Taylor, detenido en Bouwer. Puntualiza que, por su capacitación en seguridad, realizó traslados y depósitos millonarios de dinero en cuentas de Onelife en Argentina –bajo la designación legal ODT Argentina– en bancos de Córdoba y Buenos Aires. Por esos movimientos financieros, según Olmos, está en las listas negras por alertas de monitoreo de lavado de activos.
La presunción que deja planteada el letrado es que Font y sus dos compañeros, que invirtieron y vendieron los paquetes que ofrecía la compañía fraudulenta, al ver que no podían recuperar el dinero, volcaron el poder policial contra el resto para obtener un rédito monetario. Y para ello usaron a un colega que integra el equipo de investigación de la fiscalía de Gavier.
La otra cara. En el expediente judicial figura el nombre de Matías Font, pero no como presunto estafador sino como víctima. Es el segundo denunciante que se presentó luego del primer damnificado, Mario Saposnicof, con el que se inició la causa. Todos los datos que fueron mencionados en la presentación ante el Tribunal de Conducta Policial son parte de su relato como testigo.
Su primer contacto con Onecoin fue a mediados de 2018 cuando le ofrecieron ser custodio de Konstantin Ignatov durante su estadía en Córdoba.
Mientras prestaba servicios de seguridad en el Hotel de La Cañada, que se realizaban todos los martes, comenzó a despertarse su interés por las criptomonedas. Al cabo de un par de encuentros, decidió invertir $25.000. Fue el monto inicial, al que luego siguió aportando en moneda local y en dólares. Le dieron un nombre de usuario y una contraseña con la cual pudo acceder a una especie de home banking donde pudo ver la cantidad de tokens que poseía y el valor de la moneda expresada en euros. Acercó a su padre y a un número importante de contactos y amigos, quienes también terminaron invirtiendo.
PARA LA QUERELLA,LA INVESTIGACIÓN ES "IMPECABLE"
En relación al planteo del defensor Olmos sobre la situación de los policías en la causa, PERFIL CÓRDOBA consultó al abogado querellante Pedro Despouy. “La investigación del fiscal Gavier es impecable”, sostuvo y agregó: “Investigó detalladamente, pidió pruebas, testimonios, incorporó videos y traducciones, ha trabajado seriamente”.
Mario Saposnicof, a quien patrocina Despouy, puso poco menos de US$70.000 en 2018, en dos entregas. La promesa era que se iba a transferir el dinero a Panamá, pero eso nunca ocurrió. La sospecha, según indica el letrado, es que todo ese dinero terminó en cuentas de quienes hoy están acusados de integrar la asociación ilícita para estafar.
Para captar a los clientes, puntualizó, se hacían congresos, reuniones, cursaban invitaciones para viajar a Río de Janeiro y para cenar en Puerto Madero, “todo pagado por Onecoin”. A estos eventos de negocios un requisito era “ir vestido de gala”, subraya.
La semana pasada el juez de Control, Milton Peralta, confirmó la prisión preventiva para los primeros 10 detenidos en la causa: Gustavo Adolfo Amuchástegui, Eduardo Alejandro Taylor, Edgar Nicolás Moreno, Mónica Gabriela Blasco, Mariana Noel López, Manuel Vicente Peralta Guevara, Andrés Matías López, Ariel Eduardo Morassut, Ricardo Beretta y Daniel Cornaglia.
LA RUTA DEL DINERO
Entre las numerosas pruebas que ya fueron incorporadas a la causa judicial están los reportes de las entidades financieras, donde eran depositadas las inversiones que realizaban los adquirentes de Onecoin o paquetes de educación sobre criptoactivos.
El Banco Itaú informó que en octubre de 2018 ODT Argentina SA –razón social de la empresa Onelife en nuestro país– tenía dos cuentas corrientes, una en pesos y otra en dólares. El paquete accionario de la firma correspondía a Mónica Blasco y Gustavo Amuchástegui (50% cada uno) y su actividad declarada era “servicios de cobro y calificación crediticia”.
En noviembre del mismo año, tras operar por más de $31 millones en giros, transferencias y depósitos en efectivo, el Itaú puso a la firma en la lista negra y cerró las cuentas por el alto riesgo de fraude y posible lavado de activos. Tras esa decisión, migraron a los bancos Nación y BBVA, pero también ahí las cuentas fueron cerradas hasta que abrieron una comitente en S&C INVERSIONES. Hacia allí transfirieron cifras millonarias en dólares y pesos y, sucesivamente, el dinero fue retirado a través de la emisión de cheques.
En pocos días, el dinero desapareció sin que se hayan registrado envíos a cuentas en el exterior. La conclusión a la cual llegó la fiscalía es que los inversores que se acercaron a Onecoin, depositaron el dinero que terminó en la cuenta comitente y de ahí fue extraída y está en poder de los que están acusados de integrar la asociación ilícita.
PERFIL CÓRDOBA fue contactado por una persona que creyó invertir en un criptoactivo que le generaría ganancias con creces. El damnificado reside en Buenos Aires y relató que en noviembre de 2018 realizó un depósito por $24.081 en la cuenta del Banco Itaú perteneciente a ODT. “Era por uno de los paquetes que adquirí, por 30 onecoins. Eso supuestamente iba a pasar a criptomonedas en un futuro y te capitalizabas con un buen ingreso al oficializarse, pero eso nunca paso”. Y agregó: “Por suerte no ingresó un amigo porque él quería invertir bastante más que yo”. Según señaló, las reuniones en su caso se realizaban en Florencio Varela, en el Gran Buenos Aires.
