Hace más de 70 años que en Austria no hay vacunas obligatorias. Hay un calendario de vacunas sugeridas que se actualiza prolijamente, pero es decisión de los padres aplicárselas a sus hijos o inocularse ellos mismos. En este contexto, la obligatoriedad de vacunar a todo residente mayor de 18 años (y la fuerte recomendación de inocular también a los niños) hacen de la nueva ley una herramienta todavía más excepcional y controversial.
La decisión política no vino de sopetón, sino que fue el fruto de un sorprendente proceso de concertación y negociación entre todas las fuerzas partidarias con representación parlamentaria. Solo la (ultra) derecha fue excluida de las negociaciones previas porque sus votos en contra ya estaban cantados antes de que el 20 de enero se discutiera y aprobara la ley en diputados.
En Austria gobierna el partido liberal (ÖVP) en coalición con los ecologistas (die Grüne). Los socialistas (ÖSP), los neoliberales (NEOS) y la derecha (FPÖ) ejercen la oposición. Votar, como vacunarse, tampoco es obligatorio; sin embargo, un 70% de los ciudadanos mayores de 16 años van regularmente a las urnas.
Hasta noviembre del año pasado -cuando la variante Delta puso en jaque al sistema hospitalario y la tasa de mortalidad fue más alta que en los comienzos de la pandemia cuando no había vacunas- todos los partidos y líderes políticos descartaban posibilidad de imponer la vacunación obligatoria. En ese momento se hizo un análisis lineal: el 80 % de los pacientes en las terapias intensivas y de los fallecidos no estaban vacunados. Para evitar que una crisis sanitaria similar se repitiera, había que aumentar, cueste lo que cueste, el porcentaje de población vacunada. El primer ministro hizo entonces un primer amague, una amenaza, y advirtió que la vacuna sería obligatoria en febrero si para entonces el porcentaje de la población vacunada no subía sustancialmente (del 70% al 85% o, mejor todavía, al 90%)
A esta amenaza se le sumó el encierro para las personas no vacunadas: desde el mes de noviembre (y esto se controla) los no vacunados no pueden participar de la vida social austriaca: no gastronomía, no tiendas, no pistas de esquí, no teatros, cines o espectáculos, no peluquerías, no hotelería…en todos estos sitios se escanea el pase sanitario de cada cliente.
Para que la presión no fuera solo negativa, desde el sector privado muchas empresas ofrecieron jugosas bonificaciones a sus trabajadores que pusieran el brazo y aparecieron algunas loterías que sorteaban casas, autos y teléfonos celulares entre los inmunizados. El porcentaje se incrementó apenas dos puntos: 72%
Con una celeridad insólita, el gobierno y dos de los tres partidos de oposición se pusieron sólidamente de acuerdo y, mostrando un solo frente, anunciaron que votarían la ley de obligatoriedad de la vacuna. “Es la única chance que tenemos para poder volver a la vida que teníamos antes del Covid: un sistema de salud de alta calidad y una economía activa y pujante. Es una salida de emergencia para poder volver a gozar de todas nuestras libertades individuales”, justificó Pamela Rendi Wagner, líder de la posición socialista.
En la vereda del frente quedó la derecha, protestando con voz cada vez más alta y agresiva. En las multitudinarias marchas antivacunas de los sábados se ven nuevos rostros: los vacunados que se oponen a la obligatoriedad y en general a la política anti-pandemia del gobierno. La derecha -paradojal ironía- denuncia totalitarismo, macartismo y persecución de los ciudadanos, atropello a las libertades individuales y connivencia espuria con la industria farmacéutica internacional. La derecha –paradojal ironía– funda sus argumentos anti vacuna en derechos humanos, solidaridad y compasión por esa “casta de ciudadanos de segunda clase” en la que se han convertido renuentes a inmunizarse.
En este contexto, el Parlamento aprobó la ley el 20 de enero (137 votos a favor, 33 en contra y 13 ausentes). Los que no se vacunen (tres dosis) serán castigados con multas de hasta 2400 euros por año, multas que no los eximirán de la obligación de vacunarse. Se esperan una ola de apelaciones y recursos de amparo.
El 20 de enero fue un día memorable, una jornada larga en la que, por culpa de la ley de vacunación obligatoria, la identidad de los partidos políticos y su representatividad quedaron en la mesa de operaciones de un quirófano, con las luces incandescentes encendidas. Una operación de emergencia. ¡Bisturí!
