Detalles del ‘método Olmedo’, el profesor preso por extorsionar a alumnos de la UNC

El comienzo de una carrera universitaria origina esperanzas, persigue la idea de cumplir un sueño profesional y genera una enorme ilusión en cada uno de los estudiantes que deciden recorrer el mundo universitario. Pero esas premisas se vieron frustradas para muchísimos estudiantes de la carrera de Odontología que cursaron la Cátedra de Microbiología e Inmunología a cargo del profesor Luis Augusto Olmedo.
Muchos hasta abandonaron la carrera por las ‘metodologías’ de Olmedo.
Aún parece increíble que de oficio un fiscal federal -Maximiliano Hairabedián haya iniciado una causa judicial, y que ese profesor esté detenido junto a dos colaboradores, y hasta la decana de la facultad imputada.
En los últimos días se llevaron adelante las indagatorias de todos los acusados.
De manera exclusiva , PERFIL CÓRDOBA accedió a la requisitoria y fundamentos del fiscal Maximiliano Hairabedián para su acusación en contra de Luis Augusto Olmedo, Adrián Oscar Casalis, Augusto Massimino, imputados por extorsión, y a Mirta Mónica Spadiliero de Lutri acusada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Para poder establecer una línea de tiempo, el fiscal Hairabedián pudo comprobar que las prácticas de Olmedo comenzaron 2000 y se replicaron hasta hace algunas semanas antes de quedar detenido.
El rompecabezas de lo que pasó durante más de 20 años en Odontología pudo ser armado y respaldado por el fiscal basándose en testimonios de alumnos, egresados, docentes y padres.
Según Hairabedian, entre Olmedo, Casalis y Massimino montaron una “empresa delictiva” que funcionó durante años. Consistía en aplazos sistemáticos, masivos y reiterados a los estudiantes que no pagaban la academia.

El ‛método’. De acuerdo al dictamen del fiscal, “la conexión entre el profesor Olmedo y la simulada academia surge de la articulación muy precisa de una abundante prueba testimonial: a los que pagaban en la academia les daban el contenido del examen que luego les tomaba Olmedo. En general, Olmedo aplazaba a los que no iban y aprobaba a los que iban. Sabía al momento del examen quiénes habían pagado la academia para aprobar, incluso más de una vez tenía una lista de ellos y en algún caso hasta advirtió que no dijeran nada de la academia”.
El fiscal deja en claro un aspecto, que algunos durante este proceso llegaron a cuestionar, una presunta connivencia en el delito por parte de los alumnos que pagaban para ir a la academia. En ese punto es categórico: “El pago para aprobar no era una decisión deseada y tomada libremente por los alumnos. No se trataba de un negocio conjunto entre docente y estudiantes. La entrega de dinero de los alumnos era producto de la intimidación que les causaba la amenaza de no aprobar la materia si se resistían a hacerlo. No se trataba de una situación de complicidad entre estudiante y docente, sino de victimario a víctima, ya que los alumnos que se veían obligados a pagar, lo hacían coaccionados y en una situación de inferioridad muy lejana a la espontaneidad. Olmedo infundía un temor generalizado en el alumnado, que se fue consolidando con el tiempo y resultó altamente efectivo para doblegar la voluntad de los estudiantes a fin de que entregaran su dinero”.
Apoyo Odontológico Córdoba (AOC) era el nombre de la academia en la cual se obligaba a ir los estudiantes y estaba ubicada en Bv. Chacabuco Nº 687, local 19. Hasta 2016 estuvo a cargo de Adrián Oscar Casalis.
Sobre el funcionamiento de la academia y respecto al rol de Casalis, el fiscal sostuvo en su acusación: “No se trataba de un centro de enseñanza, solo tenía la fachada, ya que el encargado de dar las ‘clases de apoyo’ no tenía la menor idea del contenido de la materia, menos de odontología y se limitaba a darles a los asistentes el material que luego Olmedo les tomaría en exámenes”.
El precio que los estudiantes tenían que pagar varió según pasaron los años, desde 4.000 hasta los 22.500 pesos.
Para conocer qué alumno había pagado su academia, Olmedo se fijaba en una lista que estaba subrayada con los alumnos a los que debía ‘evaluar’.
Algunas veces las notas ya estaban puestas de antemano y los aprobaba directamente o bien les hacía cualquier pregunta sin ningún tipo de vinculación con la materia y terminaban siendo aprobados.
Aquellos estudiantes que no habían ido a la academia –muchos por cuestiones económicas y otros por resistencia- eran aplazados y hasta les hacían preguntas que no correspondían al programa.
Así, Olmedo los reprobaba en reiteradas oportunidades, y ante esa situación muchos se veían en la obligación de tener que ‘pagar para aprobar’. Y otros se vieron obligados directamente a abandonar la carrera.
La sociedad entre Olmedo y Casalis se extendió hasta el 2016, allí se distanciaron y Olmedo lejos de dar por terminada su práctica, se asoció con Augusto Massimino con quien, según la investigación, habrían repetido el mismo modus operandi.
Para Hairabedián, Olmedo tuvo un ejercicio despótico de su cargo como profesor, de maltrato hacia los alumnos y además de conductas misóginas: “Los hechos atribuidos a Olmedo constituyen actos de corrupción administrativa, violencia institucional y de género”.
Además, sostiene que Olmedo implementó un método perverso y selectivo “el que estudió mucho y sabía bien la materia tenía altas chances de ser aplazado por no pagar; y el que cedía a la presión y pagaba podía aprobar obteniendo el contenido del examen. Ese sistema de pago para aprobar afectó especialmente a los que menos recursos económicos tenían. Sobre que se les hacía más difícil estudiar por su condición desventajosa, Olmedo se las complicaba más”.
Según varios testimonios el profesor era percibido como “una persona influyente, con conexiones y que generaba miedo”.
El fiscal en su escrito también evaluó el daño personal, emocional y profesional que les causó a quienes ingresaron con la ilusión de recibirse de odontólogos, haberse ‘topado’ con Olmedo como profesor: “El daño individual a los alumnos fue tremendo. Se han receptado declaraciones en las que las víctimas de los delitos han referido ataques de pánico, cuadros de estrés, y hasta tratamientos psicológicos. La resistencia al pago del dinero para aprobar hizo que Olmedo les frustrara su vocación y deseos de ser odontólogos, obligándolos a abandonar la carrera, destruyendo de tal forma un proyecto de vida personal”.

El rol de la decana y de la facultad. Mirta Spadiliero de Lutri, decana de la Facultad de Odontología, está imputada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Para el fiscal la responsabilidad institucional de Spadiliero de Lutri es concluyente: “La decana intencionalmente evitó noticiar los hechos a la autoridad competente u ordenar una investigación interna”.
Según los testimonios que pudo acreditar Hairabedian, todos coincidieron en que las inconductas de Olmedo eran conocidas desde hace mucho tiempo (más de 25 años dicen algunos), por las distintas autoridades de la facultad de Odontología. Y también hay consenso en las declaraciones en que las sucesivas autoridades de la Facultad conocían lo que pasaba con Olmedo y no tomaron medidas para investigar los hechos.
A pesar de los numerosos testimonios que dieron cuenta del ‘método Olmedo’, para el fiscal “nunca hubo voluntad de investigarlo”, lo que implica un accionar doloso por parte de las autoridades de la Facultad de Odontología.
La decana actual está al frente de la facultad desde 2014, y antes tenía el cargo de secretaria Académica, además de ser docente de muchos años en la institución.
En sus fundamentos, el fiscal marca como un elemento de suma trascendencia en la responsabilidad de la decana, el hecho de que ante los reiterados reclamos por las inconductas de Olmedo, haya tomado la decisión de crear una nueva cátedra de Microbiología.
“En vez de propiciar y hacer una investigación seria sobre lo que todo el mundo decía que hacía Olmedo, la decisión de sumar otra cátedra solo le reducía el negocio al 50%. De esta forma Olmedo continuaba sin ser investigado ni sancionado y en esencia todo seguiría más o menos igual. Una medida parcialmente gatopardista, podríamos llamarla. A partir de ese momento Olmedo seguiría sin ser molestado por las autoridades, y una mitad de alumnos afortunados quienes les tocara la flamante cátedra no tendrían que pagar para aprobar la materia, y la otra mitad de desdichados que cayeran en la de Olmedo seguirían expuestos a pagar”.
El fiscal también le reprocha a la decana, que recién cuando se hizo público lo que se estaba investigando ordenó una investigación administrativa. “El inicio de esa actuación disciplinaria fue una decisión tardía y tomada a destiempo, porque los acontecimientos se estaban precipitando y la facultad se encontraba en las puertas de un escándalo”.
En su dictamen de imputación el fiscal le solicitó al juez que ordene a la decana que se abstenga de realizar acciones en perjuicio de los estudiantes, egresados, víctimas de las maniobras bajo investigación y de docentes que declararon en la causa.

Testimonios. Si bien al principio costó conseguir testimonios que pudieran acreditar las maniobras de Olmedo -según la fiscalía, muchos no querían declarar por miedo- a medida que la causa fue avanzando y tomando estado público esa situación se revirtió y aparecieron cientos de personas dispuestas a contar en primera persona su padecimiento. Estudiantes que aseguraron haber sido bochados hasta ocho veces por negarse a pagar. Entre varios de los testimonios frente al fiscal una estudiante aseguró: “Tenía pánico a esta materia, todo el mundo lo tiene, por eso terminé pagando” (M.M). Para la Justicia, las víctimas de Olmedo son incalculables y afecta el prestigio de la institución pública en la que se desarrolló.