Detectan en Panamá una off shore de Juan Carlos Barrera, su esposa y un hijo

Desde que estalló la causa Bacar, como efecto dominó de la implosión de la financiera ilegal CBI Cordubensis, la Justicia Federal intenta reconstruir los pasos comerciales y financieros del grupo empresario que comanda Juan Carlos Barrera, quien se encuentra en las puertas del primer juicio oral en su contra por presunta intermediación financiera no autorizada.

En 2018, un equipo de investigadores de la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Enrique Senestrari, observó sospechosas salidas de dineros al exterior por parte de Barrera. A partir de la obtención del ‘swift’ (número convenido a nivel internacional para identificar a cada operación comercial), se pudo detectar que el estudio jurídico Aleman, Cordero, Galindo & Lee había inscripto en 2013 la empresa Blinbox SA en Panamá.

Entendidos en el tema reconocen a ese bufet jurídico como un “embajador panameño en los Estados Unidos” para la gestión de empresas off shore. Más concretamente, se identificó al abogado Aníbal Galindo Navarro como el profesional que gestionó la inscripción.

Figuran como directores de Blinbox SA en Panamá Juan Carlos Barrera, su hijo Mariano Dan Barrera y su esposa Beatriz Lucía Gautero. La fundaron con un capital inicial de US$12 mil (equivalente hoy a $756 mil según la cotización oficial). Entre los servicios que ofrece figuran operaciones de caudales, entre otras actividades.

Este hecho fue incluido por Senestrari en una ampliación de la acción penal en contra de Barrera, en esta instancia, por presunto lavado de activos.

El juez federal Ricardo Bustos Fierro fijó audiencia para tomar declaración indagatoria a Barrera y a sus tres hijos, también imputados por el mismo delito, el día martes a partir de las 9 de la mañana.

La presunción radica en que la firma off shore en Panamá, además de otros cuatro hechos que se describen en el pedido para ampliar la imputación sobre lavado, fueron las actividades en las cuales los dineros de origen presuntamente ilícitos de las empresas investigadas del grupo Barrera fueron ingresados al mercado formal. Recordemos que Barrera y su familia son titulares de Bacar Tracca SRL, Compañía Barrera SA y Blicen SA. Las tres empresas forman parte de los negocios investigados por la justicia.

Sebastián Becerra Ferrer, abogado de Juan Carlos Barrera, señaló que quien constituyó la firma en Panamá es Mariano Dan Barrera (su defensor es Benjamín Sonzini Astudillo) y sólo figuró el nombre de sus padres en su formación. Agregó que desconoce si la sociedad tuvo realmente alguna operatoria. Recordó el letrado que Juan Carlos, Iván y Pablo Barrera (a quienes defiende) negaron siempre tener cuentas en el exterior, en paraísos fiscales como Panamá o Uruguay.

El resto de los hechos con los cuales Senestrari fundamentó el presunto lavado de activos son:

• Ejecución hipotecaria. Fue por $621,8 mil contra dos personas que habían firmado un mutuo. De ese modo, el dinero prestado ingresó al mercado formal al haber sido aceptado por un juez que ordenó la ejecución, describe el fiscal. El contrato entre privados había sido realizado en 2011.

• Se quedan con Blicen. El 28 de noviembre de 2017 los Barrera se quedan con el 100% de Blicen, que antes compartían con otros cuatro socios. La operación se hizo por $1.250.000.

• Entraron al blanqueo. Para aprovechar los beneficios del blanqueo de capitales lanzado en 2013, adquirieron bonos Cedin por $9,9 millones (valor actual).

• Un cuadri de $740 mil. Por último, la imputación incluyó la compra por parte de Carlos Alejandro Reartes, el 30 de agosto de 2018, de un costoso vehículo arenero. Se trata del ZFORCE 500 TRAIL, cuya operación se hizo por US$8.900.

Por todos esos hechos Senestrari pidió ampliar la imputación por presunto lavado de activos contra Juan Carlos Barrera, sus hijos Iván Ariel, Pablo Adrián y Mariano Dan; su esposa Beatriz Lucía Gautero, y contra Alberto Soria, Carlos Orlando Reartes, Carlos Alejandro Reartes y José Luis Cavazza.

 

EL FUTBOL, UN EXCELENTE NEGOCIO

Mientras estuvo en la presidencia del club Instituto, en el haber de los negocios polémicos, Juan Carlos Barrera puede relatar el pase de Paulo Dybala al Club Palermo. En abril de 2012, con objeciones del resto de la dirigencia albirroja, firmó la venta del jugador en una suma que nunca se supo con precisión, pero se calculó en 6 millones de euros.

El precio incluía la previa cesión de 3,5 millones de euros por otro pase, el de Nicolás López Macri, a un grupo inversor inglés.

Otro contrato que lo tuvo como protagonista fue la venta de entradas para los partidos de la Copa América 2011. Las sedes de Blicen (Blinbox) en el Patio Olmos y de Bacar en Av. Olmos al 400 fueron los únicos lugares donde los asistentes podían adquirir los boletos para acceder al Estadio Kempes.

No es para despreciar, incluso, la recaudación que alcanzó mientras el club de barrio Alta Córdoba participó de la Primera B Nacional. Por aquellos años tuvo como rivales a River Plate y a Independiente, dos grandes que garantizaron partidos a cancha llena

 

MAPA DE CAUSAS

El expediente que involucra a la familia Barrera y sus empresas es un laberinto que se encuentra en diferentes etapas procesales. Aquí el listado:

◆ Intermediación financiera no autorizada agravada. Es la causa más avanzada. Está en etapa de presentación de pruebas en el Tribunal Oral Federal 2, constituido en forma unipersonal por José Fabián Asís. En breve se definirá la fecha del juicio.

◆ Estafa. Es la más controvertida jurídicamente. Devino del reclamo de un grupo de ahorristas que depositó fondos y los hizo a través de contratos mutuo. El juez Bustos Fierro tiene confirmados los procesamientos por la Cámara Federal y está pendiente la elevación a juicio. Los imputados reclaman la extinción de la acción penal porque pagaron a quienes se presentaron damnificados.

◆ Evasión. Por esta imputación Barrera fue solamente indagado. El expediente quedó en esa etapa. Se calculó, oportunamente, un monto cercano a los $3 millones. El juez todavía debe resolver si lo procesa, lo sobresee o dicta falta de mérito.

◆ Defraudación. Se lo investiga por hechos cometidos durante su gestión mientras fue presidente del Instituto Atlético Central Córdoba entre 2008 y 2013. En esta causa también solo fue indagado y el expediente está a la espera de una definición del juez. Se investigan contratos mientras ejercía la presidencia del club con sus empresas Bacar transportadora de caudales, Compañía Barrera y Blicen. Con Bacar quedó una deuda de $2,2 millones y con Compañía Barrera de $4,2 millones.