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CóRDOBA / DECRETO PRESIDENCIAL
domingo 29 julio, 2018

Dos jueces federales cuestionan nuevo rol de las fuerzas armadas

Mario Garzón define la medida como un “peligroso retroceso a épocas pasadas”. Luis Roberto Rueda opina que es una reforma que debería surgir del debate parlamentario.

por María Ester Romero

RESISTENCIA. Convocada por organismos de derechos humanos, el jueves se realizó en Córdoba una marcha que resiste la aplicación del polémico decreto. Foto: Fino Pizarro
domingo 29 julio, 2018

Entrevistados por PERFIL CORDOBA, el vocal de la Cámara Federal de Apelaciones Luis Roberto Rueda y el juez federal de San Francisco, Mario Garzón, no escatimaron críticas a la decisión del Gobierno nacional de modificar el rol de las Fuerzas Armadas. En los tribunales federales se tramitan las causas complejas del crimen organizado, como narcotráfico. Y son los magistrados de esa jurisdicción quienes requieren de fuerzas especialmente adiestradas para que las pesquisas sean realmente eficaces.

Sin embargo, a pesar de que la medida impulsada por el gobierno implica ampliar el número de efectivos y diversificar las fuerzas, ambos cuestionaron su legalidad. Advirtieron que no puede estar ausente el debate parlamentario y remarcaron la inquietud que despierta permitir que Ejército, Marina y Fuerza Aérea actúen en cuestiones de seguridad interior.

Sin rodeos, Garzón dijo que el decreto presidencial 683/2018 publicado el martes último en el Boletín Oficial “es ilegal”. “Le caben los mismos cuestionamientos que la designación de jueces de la Corte Suprema por esa vía”, explicó y agregó que “trae aparejado un apartamiento de los principios básicos del sistema republicano y todo Estado de Derecho”. En la misma línea que el ministro de Justicia de la Provincia, Luis Angulo, el juez de San Francisco señaló que una medida de esta naturaleza es “un claro y peligroso retroceso a épocas pasadas”

Compartió con el camarista Rueda la observación de la falta de un debate parlamentario previo para avanzar en los cambios que se pretenden, por la sensibilidad que genera el tema y por las sucesivas experiencias de golpes militares. Para el camarista, desde el punto de vista estrictamente jurídico el decreto tiene que ser analizado por constitucionalistas.

Recordó que “hace pocos años las tres fuerzas armadas fueron enviadas por un Presidente constitucional a reprimir un levantamiento militar”. Ambos repasaron aspectos de la historia argentina caracterizada por reiterados golpes militares, con complicidad civil, que tomaron el poder por la fuerza.

¿Operativamente eficaz? Si bien el decreto no menciona específicamente el combate al narcotráfico es uno de los elementos que se incorpora para justificar la ampliación de roles. También el argumento fue rebatido. Rueda explicó que, desde su perspectiva, ni las fuerzas están capacitadas para actuar en los centros urbanos ni tampoco la realidad del crimen organizado tiene en nuestro país características similares a las de Colombia o Brasil. Sobre este último caso “cuando el ejército entró fue porque los favelados narcos atacaban con fusiles o granadas y no se podía responder con una pistola, pero esta no es la situación argentina”, opinó. Aclaró, no obstante, que no se puede descartar intervenciones de la Fuerza Aérea el día que exista una ley de derribo o, como ocurre en la actualidad, brindando información de las fronteras.

Capacitación. Consultados sobre si consideraban posible readecuar el entrenamiento y la capacitación en un lapso breve, Garzón señaló que “solo basta leer los programas de formación de las áreas académicas de las tres fuerzas armadas, y compararlas con las de Seguridad, para discernir que los roles están bien diferenciados; si se siguen políticas de estado como las del país del Norte (Estados Unidos), allí están bien definidos y delimitados”.


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