Adentrarse en el sistema de acceso a cargos en la Justicia Federal permite entender por qué, con el correr de las dé- cadas, siguen circulando los mismos apellidos en el plantel de empleados donde no hay acceso democrático con concursos abiertos, sino un recorrido de la “carrera judicial” que permite ingresos a dedo y ascensos hasta cargos expectantes.
PERFIL Córdoba construyó la lista de los 21 jueces y fiscales de la ciudad de Córdoba y encontró que, de ese total, solo 7 funcionarios no tenían familiares designados. Los 14 restantes lograron nombramientos de ex parejas, hijos e hijas, sobrinos, hijos de sus ex parejas y yernos.
La inquietud sobre cuáles habían sido esas designaciones surgió de la lectura de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones por un incidente de recusación de una de sus integrantes, Graciela Montesi. La había presentado la defensora oficial de Arnoldo José López, un acusado por delitos de lesa humanidad. En ese decisorio el camarista Ignacio Vélez Funes sacó a relucir varios trapitos al sol.
El planteo defensivo era el temor de parcialidad de Montesi que había votado por la confirmación del juez federal 3, Hugo Vaca Narvaja, también recusado por la abogada para que continuara investigando a López. El dato es que meses antes del planteo, la Cámara Federal, a pedido del juez, había designado en ese tribunal al hijo de Montesi, Tomás Bobone.
Vale aclarar que previamente Vélez Funes fue aludido por Montesi por tener a su hija Lucrecia Vélez Funes trabajando en la Secretaría Electoral. Como respuesta, se pudo leer en el voto del camarista lo siguiente: “Estimo pertiente señalar que mi hija (…) no trabaja en el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, sino que es empleada designada por la Cámara Nacional Electoral para cumplir funciones en la Secretaría Electoral dependiente del juez federal con competencia electoral de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro. Ninguna relación puede hacer la jueza para justificar el nombramiento de su hijo (…) Graciela Montesi olvidó señalar que su hija Josefina Bobone presta servicios en el Tribunal Oral Criminal 2 de Córdoba, como también su sobrino Alejo Montesi presta servicios en el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba y que otros jueces como el doctor Abel Sanchez Torres (…) tiene a su hija Agustina Sánchez Torres prestando servicios en el Juzgado Federal Nº 3 y de su hijo Joaquín Sánchez Torres trabaja en el Juzgado Federal Nº 2, todos designados por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba…”.
¿Cuántos jueces y fiscales lograron designaciones de familiares? La infografía que se adjunta evidencia que la gran mayoría. Y es solo una lista de empleados confirmados por este diario, con la posibilidad de que sean aún más.
¿Quiénes no tienen familiares nombrados? La lista es notoriamente más corta. Está integrada por el camarista Eduardo Avalos, de quien hay que aclarar que su esposa trabaja en los Tribunales, se conocieron allí aunque en los últimos meses fue ascendida por decisión de la Cámara. Este medio no halló familiares de los vocales de tribunales orales José María Pérez Villalobos – que se está jubilando– ni de Julián Falcucci. Tampoco del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja ni de los fiscales Alberto Lozada, Carlos Gonella y Enrique Senestrari.
Parientes de Diego Mestre, Maqueda y Juez
Entre los acuerdos a los que tuvo acceso PERFIL Córdoba, para citar los más recientes del año pasado, hay también designaciones y ascensos que promovió la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba de familiares de los dirigentes políticos Diego Mestre y Luis Juez y del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda.
El 7 de noviembre último, por propuesta de la jueza Graciela Montesi, el tribunal contrató a Eliana Zani como escribiente auxiliar. Zani es esposa del diputado nacional Diego Mestre.
También se lee en el acuerdo 260/17 la decisión de ascender a Verónica Ferrer Deheza al cargo de secretaria y, llamativamente, se observa un debate porque algunos integrantes de la Cámara discreparon en la oportunidad de la promoción de categoría porque la consideraron “prematura”. Ferrer Deheza es hija de la esposa de Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y otra de las designaciones que puede vincularse al ámbito político es la de Martín Juez, quien trabaja desde hace 4 años en los tribunales federales y también fue promovido el año pasado a través del acuerdo 23/17. Martín es hijo del ex embajador en Ecuador, Luis Juez.
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ESTÁ EN DEUDA
Los ingresos al Poder Judicial de la Nación están normados por la ley de ingreso democrático e igualitario Nº 26.861 sancionada en mayo de 2013. El objetivo, según su texto, es “garantizar que las futuras vacantes se cubran a través de procedimientos que contemplen la publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia”.
Solamente el Ministerio Público Fiscal a través de dos resoluciones la reglamentó y reguló el ingreso del personal permanente y no permanente a los cargos más bajos de los agrupamientos “Servicios Auxiliares”, “Técnico Administrativo” y “Técnico Jurídico”. También lo hizo el Ministerio de la Defensa. Por esa razón, en las fiscalías y las defensorías oficiales de todo el país, incluidas las de Córdoba, se produjeron concursos que permitieron el acceso de personal altamente capacitado y con compromiso en el desarrollo de sus tareas e incluso personas discapacitadas.
Cuatro funcionarios de fiscalías y defensorías oficiales consultados por este diario destacaron estas cuestiones y coincidieron en que hay un “cambio sustancial” a partir de los concursos.
Sin embargo, el Poder Judicial no tiene esa modalidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza de la estructura de jueces en todo el país, jamás reglamentó la ley de ingreso democrático. No solo no hay concursos, sino que, en algunos casos, hasta se llega a omitir el análisis de antecedentes.
Y para cargos administrativos tampoco se exige el título de abogado. En este sentido, un ex funcionario de la Cámara Federal de Apelaciones relató que en 2014 se produjo una convocatoria para designar empleados administrativos y ordenanzas. “Se formaron colas hasta afuera del edificio para presentar currículum –recordo-, esas carpetas se guardaron sin siquiera mirarlas”. Comentario contundente.
¿Cómo es entonces la selección y designación? Cada juez propone a una persona para un cargo y la Cámara Federal de Apelaciones, que tiene el poder de superintendencia, la designa. A partir de ese momento, el incorporado puede iniciar la carrera judicial, con diferentes escalones: auxiliar, escribiente, oficial, oficial mayor, jefe de despacho, prosecretario.
Requisito de otros tiempos: mecanografía
Las condiciones que se exigen a los nuevos empleados están en el artículo 11 de una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1952. Se trata del Reglamento para la Justicia Nacional y establece que para ingresar al Poder Judicial como funcionario se debe ser “argentino mayor de edad y tener estudios secundarios completos; y para la de empleado, ser argentino mayor de dieciocho años, tener los mismos estudios, y rendir un examen de suficiencia en mecanografía, redacción y ortografía, sin perjuicio de otros requisitos que puedan exigirse a aquellos que deban desempeñar tareas para las cuales sean necesarios conocimientos especiales”.
