El 27 de marzo se abrirá el juicio de destitución contra el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut. Se realizará en Buenos Aires, en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación. L
a apertura del proceso se resolvió el 13 de julio del año pasado, cuando el procurador General interino, Eduardo Ezequiel Casal, dispuso iniciar la instancia para determinar si los hechos que se le atribuyen a Viaut, y por los cuales fue condenado en sede penal, ameritan su remoción en el cargo.
La figura que se le aplica en este caso es “violación al deber de observar buena conducta”, lo que acreditaría la falta de idoneidad para seguir siendo fiscal federal.
Los hechos que se le atribuyen son dos: el pedido de $ 2,5 millones a directivos de la Cooperativa Las Cañitas, de la localidad de El Tío, para frenar una posible investigación federal; y la obtención de US$ 17.100 bajo la promesa de incidir en una causa judicial provincial, por la que un joven estaba detenido por delitos de instancia privada.
Según quedó determinado en el juicio que culminó el 26 de abril del año pasado, en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba, en el primer caso no logró su cometido porque las víctimas denunciaron a tiempo y llevaron pruebas de la solicitud de dinero a través del empleado de la fiscalía –también condenado– Darío Fabián Rivarola. En el segundo sí llegó a cobrar parte de los dólares, pero lo justificó en un supuesto ‘asesoramiento’ al padre del detenido.
Al cabo de aquel proceso, Viaut recibió una condena de cinco años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $ 6 millones.
La sentencia fue en Casación a la Cámara Nacional, donde su defensor, Tristán Gavier, espera una resolución. Mientras, recusó a uno de los integrantes de la sala, Mario Barroetaveña, ya que es pareja de la jueza Noel Costa, que integra el TOF2 que condenó a Viaut.
Desde que se abrió la pesquisa, a cargo de la fiscal federal María Schianni, Viaut tomó licencia médica psiquiátrica. En la resolución de Casal, de julio último, se lee que el magistrado investigado será suspendido en caso de que se levante la carpeta médica.
