Lo que se suponía iba a ser un “semestre a pura política” en la carrera electoral hacia el 2019, se transformó en un “semestre bisagra” en el que sistema político deberá mostrar con cuántas herramientas y capacidad cuenta para hacer posible un ordenamiento integral del Estado (en sus tres instancias de gobierno).
Este reto también es netamente político pero está inserto en una nueva realidad: habrá que generar un ahorro de entre $250.000M y $285.000M, para que el déficit total nacional se sitúe en el orden del 3% del PIB.
Ese cálculo deviene de tres estrategias que promovería el acuerdo con el FMI: el BCRA deberá conservar un piso mínimo de reservas; no podrá intervenir en la plaza para mantener al dólar artificialmente y fin al financiamiento del Tesoro nacional por parte del Central.
En este marco, la relación de la Nación con las provincias, y más particularmente de la dupla Mauricio Macri-Juan Schiaretti podría estar signada por las siguientes cinco claves:
1-Reacomodamiento de alianzas. Por sugerencia del Ministerio del Interior, el Presidente estaría evaluando darle a su propuesta de “Acuerdo Nacional”, una visión de “ajuste para el desarrollo”, una perspectiva con la que confían reconstruir alianza con los gobernadores, liderados por Juan Schiaretti. Las fichas de este reacomodamiento fluiría más rápido de lo que se propone la propia Casa Rosada, si José Manuel De la Sota, el kirchnerismo y los sectores anti-FMI (tanto del PJ como de otras líneas políticas) logran abroquelarse en un nuevo polo opositor.
2-Reparto de sacrificios. La verdadera vocación acuerdista de Nación y Provincias se va poner en juego a la hora del debate de los números. Probablemente, Córdoba endurecerá su visión federalista presionando para que Buenos Aires y CABA asuman los costos de los servicios prestan. A cambio, la gestión Schiaretti (parada en un superávit) acompañará la política oficial de reducción impositiva sobre tarifas. En este intercambio, la Provincia espera que la Rosada “termine de alinear” a sus intendentes locales detrás del Consenso Fiscal, y así neutralizar las disputas que sobreviven sobre la coparticipación.
3-El ajuste inevitable. Por mucha buena voluntad que haya en el reparto de los sacrificios, el ajuste neto de la estructura total del Estado será inevitable. Lo dice claramente el Ieral en su último Informe de Coyuntura: “Las remuneraciones del sector público deberían ser la partida que más rápidamente se adecue al nuevo escenario. Una simulación indica que el Sector Público Consolidado podría ahorrar hasta 1,6% del PIB en 2018 si se congelaran los salarios de más de $50.000 por un año. En ese caso, el aporte sería de 0,4% del PIB desde Nación; 1,0% desde provincias y 0,2% desde los municipios”.
La gobernadora Vidal ya abrió un plan de retiro voluntario para 12.000 trabajadores del Ejecutivo bonaerense; tímidamente, la Municipalidad de Córdoba anunció en las últimas horas retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas; el Estado nacional congelará por dos años las contrataciones e impondrá topes a los salarios para directores de empresas del Estado. Sin dudas, los movimientos comenzaron a darse. De parte de la Provincia, aún no se dieron señales en este sentido.
4-Se acabó “obrador a cielo abierto”. Las obras de infraestructura, que se lanzaron como carta de presentación en la anticipada carrera electoral, verán un drástico recorte. Para Córdoba (Provincia y municipios) significará la reducción de transferencias no automáticas por $1.855 millones que maneja el Ministerio del Interior y otros $1.769 millones previstos desde Obras Públicas. Planes de viviendas y mantenimiento de caminos, entre los rubros más afectados.
Con esto, la Nación profundizará una decisión que ya venía adoptando: en el primer cuatrimestre del año, los fondos destinados a la obra pública (gastos de capital) se redujeron en 23% respecto a igual período del año pasado. Al ambicioso plan provincial de obras le quedan solo dos caminos: toma de deuda cuando el mercado se lo permita o reprogramación.
El gran debate que se anticipa en esta materia es: impacto inclusivo de la obra pública (a cuánta gente favorece cada peso invertido en infraestructura).
5-Alerta amarilla sobre sistema previsional. Ni en la Provincia ni desde la Nación se animan a admitirlo públicamente pero lo cierto es que el presidente Macri sugirió recortar partidas nacionales para financiar regímenes jubilatorios especiales. La “sugerencia” ahora podría ser una condicionalidad del stand by del FMI. ¿Será este el motivo por el cual Córdoba no logra cerrar aún la metodología final de cálculo del déficit de la Caja de Jubilaciones que debe solventar la Nación?
En este frente, la inflación opera como el enemigo común para la Casa Rosada y el Panal. Aunque la responsabilidad sobre la evolución de los precios lo tiene la política pública nacional, su trayecto en el segundo semestre será como una “espada de Damocles” para ambos.
Si se cumplen las proyecciones más optimistas (como las de las consultoras Ecolatina o Cesba), la inflación anual podría llegar al 26,8%. Ya en ese contexto (y sin especular con que se agrave), la nueva fórmula de movilidad jubilatoria (ajusta los haberes conforme al ritmo de la inflación) amenaza con agravar el déficit fiscal nacional a un ritmo que no estaba previsto.
Esta realidad complicará las posibilidades de la Nación para cumplir con la cobertura de los déficits previsionales provinciales. “No es el amor sino el espanto” lo que pudiera llevar a Mauricio Macri y a Juan Schiaretti a encarar una alianza que gestione el urgente ordenamiento del Estado para evitar que la tensión social explote en las calles, desde los sectores más vulnerables.
De acuerdo a cálculos privados, el gasto previsional ya crece a una tasa cuatro veces superior al aumento del resto de las erogaciones del Estado. “Ahí está el tema que
debería desvelar a los políticos para llegar al 2019 sin caos”, aseguraba un consultor que sigue de cerca la evolución del sistema
previsional.
