El campo reclama a la Provincia un plan integral de infraestructura vial

Cuando el agua se retira, el problema emerge. Un efecto colateral de la sequía que afecta la provincia es haber dejado expuesto el profundo deterioro que sufren, en particular, los 43.000 kilómetros de caminos terciarios.

“Falta de mantenimiento y obras de mejora, inestabilidad producto de la heterogeneidad propia de los materiales del suelo, daños por tránsito pesado en calzadas destruidas por las inundaciones, perfiles de caminos por debajo del nivel de los campos”, son algunos de los múltiples problemas relevados por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada).

“Aunque el problema es generalizado, las zonas más afectadas son las de la cuenca lechera y las que tuvieron napas altas”, reseñó a PERFIL Córdoba Gabriel Raedemaeker, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).

A principios de año, las entidades agropecuarias analizaron la situación con el gobernador Juan Schiaretti, y en la última semana cobró estado público la propuesta del Gobierno para financiar las obras: cobrar una cuota adicional del Impuesto Inmobiliario Rural (5% sobre el total de lo que recauda el tributo), lo que permitiría reunir $200 millones para un Fondo Solidario.

El Estado adelantaría ese monto, a efectos de que las obras se hagan de manera inmediata, y la administración estaría a cargo de un consorcio integrado por las cinco entidades agropecuarias. “Ellos serían los que definen y contratan la obra, obviamente que con la participación de Vialidad”, confió a este medio una fuente oficial.

“Dejamos en claro que no apoyamos el cobro de una cuota extra”, anticipó Marco Antonio Giraudo, presidente de Coninagro, en diálogo con PERFIL Cóardoba.

La entidad cooperativista tomó la decisión el miércoles de esta semana; Cartez lo analizará el próximo 6 de abril. “No me quiero anticipar a lo que decida el Consejo, pero Cartez no se opone al sistema de recaudación, sí a la oportunidad”, indicó Raedemaeker.

“Si la salida era cobrar más impuestos, nos los hubieran dicho desde el vamos (a principios de año); esto ahora es muy desprolijo”, considera Giraudo. Algo más contemplativo, el presidente de Cartez reconoce que la crisis de ingresos que originó la sequía “dificulta ahora lo que se había planificado”.

Fondo de la cuestión. Dos temas centrales ponen distancia entre la propuesta del Gobierno y la posición de los productores agropecuarios. Uno es de corto plazo: en qué se invertirían los recursos del Fondo Solidario. El Gobierno puso sobre la mesa la opción de traer una tecnología de avanzada que se desarrolló en Holanda: las PlasticRoads, paneles de plástico reforzado que reemplazan al asfalto, sistema desarrollado por la firma VolkerWessels.

Según Coninagro, el costo de aplicar polímeros reciclados “permitiría dar solución al 1% de los productores afectados y el 100% tendríamos que financiarlo”. Por ello, la entidad “considera más importante y urgente ejecutar obras de ripiado, levante y compactación, y que sean los Consorcios Camineros los ejecutores de las obras”. De acuerdo a Giraudo, “de esta manera, se mejorarían más tramos de caminos, beneficiando a más usuarios y en menor plazo”. Para Raedemaeker, no se debe descartar la posibilidad de “asfaltar media calzada”.

Al margen de las diferencias en torno a cómo enfrentar las urgencias, el campo se muestra resistente a crear lo que sería el quinto fondo específico que recae sobre el Impuesto Inmobiliario Rural, tomando en cuenta los resultados obtenidos con lo ya aplicado.

El tributo carga a cuestas con el Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural (Fomarfin), el Fondo Rural para la Infraestructura y Gasoductos (Frig), el Fondo de Consorcios Canaleros y el Fondo Especial de Conservación del Suelo. 

Los recursos del Fomarfin (que es el específico para atender caminos de la red secundaria y terciaria) vinieron creciendo de modo sostenido en los últimos tres años: $754 millones en 2015; $840 millones en 2016; $955 millones en 2017. Para 2018, tiene presupuestados $1.132 millones.

Los productores evalúan que al cabo de estos cuatro años terminarán aportando un total de $3.681 millones para arreglar una red vial que, al día de hoy, está colapsada en buena parte de la provincia. “Además, vinimos poniendo mucha plata para los gasoductos desde el 2008, cuando recién comenzaron a construirse en 2016. Si ese dinero no fue al gas durante todo ese tiempo fue a Rentas Generales”, señala Giraudo.

Orden en el camino. “Es clave determinar por qué tantos fondos resultan insuficientes”, sostiene Nicolle Pisani Claro, economista e investigadora de Fada. A su juicio, “se necesita una planificación más ordenada de mediano y largo plazo, que fije un orden de prioridades de caminos a atender de acuerdo a la problemática de cada zona y al tránsito al que están sometidos; y además ordene a los actores que intervienen en todo el proceso para agilizar las obras y las certificaciones”. Pisani Claro enfatiza: “Hay que empezar con un plan integral de infraestructura vial y después entonces fijar la cuota (que se busque cobrar al productor)”.

Según coincide el presidente de Cartez, “es el momento de dar solución integral a la red vial, pero hay que hacerlo tomando en cuenta que no se puede sostener una presión impositiva asfixiante”. Coninagro asegura que “no se opone, ni nunca se opuso al mejoramiento de los caminos rurales; por el contrario –afirma– estamos de acuerdo en la readecuación de la red vial rural porque beneficia la calidad de vida de los productores y de toda persona que transita por ellos, incluyendo educación, salud, servicios rurales y producción”. 

¿Cuál es, entonces, la alternativa? Los hombres de campo consideran que podría empezar a liberarse al Inmobiliario Rural del peso de fondos como el del gas, en la  medida en que se vayan concluyendo esas obras.      

 

IMPACTO TRIBUTARIO SOBRE RENTA AGRICOLA

De cada $100 que recauda el agro $62,5 se los queda el Estado

Si había un escenario no deseado tras las históricas inundaciones que sufrió Córdoba el año pasado, era padecer a continuación una dramática sequía.

Cuando todo hacía suponer que había llegado la hora de reparar los daños que dejó el agua, su escasez comenzó deteriorar los rindes y, por ende los ingresos. En ese marco, la presión impositiva sobre la renta agrícola se volvió más contundente. Así lo refleja la última medición del Índice Fada con “efecto sequía”, que dio para Córdoba 62,5%

De acuerdo a este indicador, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), en la provincia de cada $100 que recauda el sector, $62,5 los debe entregar al Estado. En números concretos: cada hectárea promedio (considerando soja, maíz, trigo y girasol) pagó a marzo de este año $5.712 en impuestos ($5.287 al Estado nacional y $425, al provincial).

Aunque es significativa, la presión impositiva sobre el campo en Córdoba resulta inferior a la media nacional (64,1%) y a la de otras provincias de la zona núcleo (Buenos Aires tiene 64,9%;  Santa Fe, 66,5% y La Pampa, 63,7%).  

Vientos a favor y en contra. Según explica Fada, en la ecuación económica con “efecto sequía” incorporado hay “un factor negativo que hizo subir el índice –el fenómeno climático– , pero al mismo tiempo tres factores positivos que lo hicieron bajar: la suba de precios, el incremento del dólar y la baja de los derechos de exportación”.

Con respecto a marzo de 2017, los precios internacionales subieron, y lo hicieron aún más los precios internos. El precio internacional de la soja subió un 3%, pero el precio local para el disponible aumentó un 17%. En el caso del maíz, los aumentos fueron equilibrados, incrementándose un 14% en ambos mercados.

A su vez, cuando el dólar evoluciona por encima de la inflación, genera un impacto positivo sobre los sectores exportadores, ya que hace incrementar los ingresos (en dólares) por encima de los gastos (que, en parte, son en pesos).

En los últimos 12 meses, la devaluación fue del 31,5%, unos cinco puntos por encima de la inflación.
Finalmente, los derechos de exportación comenzaron a bajar un 0,5% por mes para la soja, por lo que han pasado del 35% en 2015, a 30% en 2016 y 2017, a 28,5% en marzo de 2018.  La baja de 1,5% que lleva en el año representa unos US$6 por tonelada.