El martes de la semana pasada se realizó una audiencia para resolver si se aparta o no al fiscal federal Enrique Senestrari en la causa Cotreco, en la que hay 16 imputaciones a los tres socios y personas vinculadas a ellos. En rigor de verdad, fue una segunda -pero nueva- audiencia que sucedió a la que se había realizado la primera semana de febrero, apenas se reiniciaron las actividades en la Justicia después de la feria veraniega. No concluyó por lo avanzado de la hora, por lo cual la resolución de la permanencia o apartamiento del fiscal sigue en suspenso. La novedad fue la incorporación de un nuevo actor en el proceso. El juez federal Ricardo Bustos Fierro admitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el expediente. De ese modo, el organismo que investiga delitos de lavado de activos se sumó a las otras dos entidades que reclaman como damnificadas de los presuntos delitos tributarios: Afip y el gremio de recolectores de residuos, Surrbac.
¿Por qué entró la UIF al expediente si no hay hasta el momento una imputación por presunto lavado de activos? El 2 de diciembre último, el juzgado había solicitado colaboración al organismo. Según pudo saber PERFIL CORDOBA hasta esta semana el tribunal no recibió ningún informe o reporte de operaciones sospechosas elaborado por el organismo. Sin embargo, como ocurre en investigaciones sobre delitos fiscales, se plantea como hipótesis la averiguación sobre el destino de los fondos que no habrían ingresado a las arcas del Estado. Por esta razón, el tribunal decidió no dilatar más los tiempos y admitirla como querellante. Además, los socios de Cotreco son sujetos políticamente expuestos, declarados como tal ante el fisco, por tratarse de una empresa que presta servicios públicos.
Por haberse incorporado el nuevo actor, el juez ordenó comenzar la audiencia de cero. Por pedido de los defensores estuvieron presentes, además, dos integrantes del Colegio de Abogados de Córdoba, en calidad de veedores.
En primer término expusieron sus argumentos los abogados Benjamín Sonzini Astudillo (defensor de Néstor Alabi), Facundo Cortés Olmedo y Germán Gianotti (por la defensa de Flavio Cavalieri y Marcelo Elvio Debernardo) y Justo Casado y Mario Seleme (por Jorge Pereyra Córdoba).
A cada planteo respondió el fiscal Senestrari pero quedaron pendientes las réplicas de los letrados y las exposiciones de los querellantes, es decir la posición que asumirán frente al incidente de la recusación. Ya habían transcurrido más de dos horas de iniciada la audiencia cuando el juez, presente durante su desarrollo, decidió un cuarto intermedio hasta una nueva cita cuya fecha aún no se conoce.
Al término del debate, Bustos Fierro tomará la decisión de mantener o apartar a Senestrari de esta investigación.
Abanico de argumentos. Comenzó la exposición el abogado Benjamín Sonzini Astudillo. Argumentó que el fiscal debe ser apartado porque en dos causas anteriores lo recusó y fue apartado, alegando que Senestrari se había declarado su “enemigo”.
Luego expusieron Facundo Cortés Olmedo y Germán Gianotti quienes señalaron sentir un “temor fundado en falta de objetividad” del fiscal. Como indicador de esa presunción aludieron a que, en septiembre, cuando fueron allanadas las oficinas de Cotreco y ellos solicitaron exención de prisión para sus defendidos, Senestrari consideró que había riesgo procesal por entorpecimiento a la investigación dos meses antes de producir las imputaciones.
Por su parte, Justo Casado y Mario Seleme señalaron que el fiscal adolece de “falta de objetividad” por las denuncias cruzadas que fueron presentadas. Hay que recordar que Casado formuló un pedido de investigación contra Senestrari en la Procuración General de la Nación, cuando se tramitó la causa CBI.
“No hay enemistad”. A su turno, el fiscal Senestrari respondió cada ataque. “No me irrita, no me asusta, no es cierto que hay enemistad”, subrayó al replicar a Sonzini Astudillo y denunció que el mismo juez sacó de contexto una frase que él pronunció durante una audiencia similar en otra causa para apartarlo.
Sintéticamente, el funcionario aludió a dos conceptos. “Los actos procesales -dictámenes u opiniones del fiscal en el trámite de las causas- no son motivo de recusación”, porque son decisiones revisables por los tribunales jurisdiccionales. Y acusó de falta de legitimación para recusarlo a los abogados porque invocaron razones personales, cuando el Código Procesal Penal de la Nación admite que se aparte a un magistrado en casos donde corre riesgo la objetividad del fiscal en relación a imputados y víctimas, no a sus defensores.
Querellantes en capilla. Todavía no esgrimieron sus argumentos las querellas. Este medio pudo contactar al abogado Horacio Gentile, que representa los intereses del Surrbac en la causa. Anticipó que pedirá la continuidad del fiscal Senestrari con el objetivo de que no se detenga y se acelere la investigación. “Una cosa es el expediente y otra los cruces mediáticos entre abogados y el fiscal: no hay que confundirlos”, puntualizó.
Federico Bazzani, por la UIF, y los abogados Luciano Giunta y Lisandro García de la Torre, por la Afip, también tendrán oportunidad de opinar. Por las características de los organismos, los abogados no anticiparon su posición.
LA CAUSA
LA CAUSA
◆ Imputados: 16. Fueron indagados.
◆ Delitos investigados: asociación ilícita para evadir impuestos (IVA y Ganancias), apropiación de recursos de la seguridad social, insolvencia fiscal fraudulenta, quiebra fraudulenta.
◆ Querellantes: Afip, UIF y Surrbac.
◆ Qué abarca: Desde 2010 a la fecha, comprende a las empresas Guba SA, su sucesora Cotreco SA y la última constituida, Urbacor SA. La principal actividad es la prestación de servicio de recolección de residuos.
