El juez de Control, José Milton Peralta, confirmó hoy la elevación a juicio del empresario Alicio Dagatti, dueño del frigorífico Livorno y con fuerte influencia en Río Cuarto. La causa investiga una compleja organización criminal que utilizaba la logística de provisión de carne a las cárceles cordobesas para ingresar elementos prohibidos y defraudar al Estado con mercadería en mal estado.
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Drogas y celulares “inyectados” las medias reses
La investigación, del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, sostiene que al menos desde 2023, Alicio Osvaldo Dagatti y su hijo Ignacio Dagatti —dueños de Livorno— junto al director de la firma, Luis María Mina, habrían liderado una presunta asociación ilícita. Según el fallo del juez, la banda aprovechaba su rol como proveedores del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) para ocultar teléfonos celulares, drogas, alcohol y cables dentro de las medias reses antes de ser despachadas desde la planta hacia los penales.
Una de las pruebas más determinantes citadas en la resolución es un video hallado en el teléfono de un imputado, donde se observan orificios realizados en la carne y una mano ingresando en ellos. En los mensajes de WhatsApp recuperados, los acusados coordinaban cómo "meter las cosas" para que no fueran detectadas durante las requisas en el complejo de Bouwer.
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El fraude de la carne "no apta"
Además del contrabando carcelario, el juez Peralta ratificó la acusación por la entrega de productos cárnicos no aptos para el consumo humano. Las actas de rechazo del SPC describen entregas con "olor nauseabundo", "coloración grisácea" y "presencia de moscas", evidenciando rupturas prolongadas de la cadena de frío.
El fallo resalta la existencia de instrucciones directas de Mina a empleados para que la carne rechazada por el penal fuera "limpiada con trapo húmedo" o "perfilada con cuchillo" para luego ser reetiquetada y enviada nuevamente a las cárceles o a carnicerías particulares. Incluso se documentaron casos de faena de animales que ya estaban muertos antes de ingresar a la línea de producción.
Rechazo a las nulidades defensivas
El magistrado desestimó todos los planteos de nulidad interpuestos por los abogados defensores, quienes cuestionaron desde la competencia de la justicia provincial hasta la vigencia de los plazos de la investigación. Entre los puntos destacados, el juez confirmó que la causa debe seguir en el fuero provincial —pese a un reclamo de la justicia federal— hasta que la Corte Suprema dirima el conflicto de competencia.
También validó testimonios cuestionados por los defensores y una nota manuscrita del chofer condenado, Néstor Lucero, quien detalló cómo funcionaba el engranaje delictivo y señaló al ecónomo penitenciario Ramón Alexis Farías como el nexo interno que permitía el ingreso de la mercadería relajando los controles.
Los acusados son: Alicio Osvaldo Dagatti y su hijo Alicio Ignacio Dagatti, Luis María Mina, el penitenciario Ramón Alexis Farías, Federico Giardina, Maximiliano Irusta, el veterinario Roberto González, Luis Casiraghi y la abogada Virginia Collosa.
