A mediados de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) condenó a 13 personas por intermediación financiera no autorizada en la causa CBI Cordubensis, que se transformó en el primer pronunciamiento sobre ese delito. El expresidente de CBI, Eduardo Rodrigo, estuvo detenido largo tiempo. La semana pasada, por la misma figura, fue condenado el empresario Juan Carlos Barrera y dos de sus hijos, a raíz de operaciones investigadas de la empresa de caudales Bacar.
En materia penal tributaria y penal económica, hay expedientes de gran envergadura, como los referidos a facturación apócrifa para evitar el pago de tributos, en los que hay personas con prisión preventiva, varios de ellos empresarios de diferentes rubros.
Otro caso resonante es el que involucra a Martín Azar, su familia, y Diego Sánchez, por las financieras que funcionaron en el edificio Vistalba de Villa Belgrano, que realizaban —según la investigación— cambio de moneda extranjera sin estar habilitados y operaciones de cable que posibilitaron sacar del país importantes sumas de dinero eludiendo los controles del fisco. Para la Justicia son organizaciones delictivas que se especializaron en criminalidad económica.
Políticos. Un juicio quedó sin hacerse, al expresidente Carlos Menem, como responsable político de las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero. El 14 de febrero falleció, antes de que el TOF2 fijara fecha de audiencia.
El funcionario de mayor rango que tiene una situación sin esclarecer en la Justicia Federal es Eduardo Accastello, ministro de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba. Su nombre y el de su pareja aparecieron autorizados para acceder a la caja de seguridad en CBI cuyo titular era Fernando Boldú (exintendente de Laguna Larga) y donde se hallaron 290 mil dólares. Para el juzgado las explicaciones de Boldú fueron inconsistentes y pidió declaraciones juradas de los tres.
Actualmente, en las fiscalías federales hay intendentes y exintendentes investigados por hechos diferentes. En el marco de facturas apoc halladas en la Comunidad Colón, fueron imputados Cayetano Canto (Saldán) y Daniel Salibi (Mendiolaza). El exintendente Ramón Mestre se encuentra imputado desde marzo del año pasado –y aún no fue indagado— por contaminación del Río Suquía a partir de los líquidos cloacales no tratados que arroja la planta de Bajo Grande. La fiscal de Villa María, María Schianni, también imputó a otro exintendente. Diego Bechis —condenado por defraudación y con otra causa abierta en la justicia provincial— es investigado por la Justicia Federal por presunto lavado de dinero.
