Los testimonios que escuchan, desde el miércoles pasado, los jurados populares y los jueces de la Cámara 9° del Crimen podrían constituir un capítulo de Las Malas, la novela de la escritora y actriz transexual, Camila Sosa Villada. Mientras el libro retrata cruda y maravillosamente la supervivencia de mujeres trans que trabajaban en el Parque Sarmiento, las testigos en el juicio por el crimen de Azul Montoro cuentan sobre personas y sucesos de las noches que circundan al Mercado Norte de Córdoba.
No es un juicio más. La acusación es inédita. El primer instructor, el fiscal Guillermo González, consideró que el 18 de octubre de 2017 el crimen de Azul fue un femicidio. Técnicamente, lo encuadró en un homicidio según la tipificación que indica el artículo 80 del Código Penal en su inciso 11: “a una mujer, cuando el hecho es perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
Azul había consumado su cambio de género ante el Registro Civil y tenía un DNI como mujer.
El único acusado de haberle asestado 17 puñaladas y luego dejar herido al perro, mascota de la dueña del departamento en la planta baja de la calle Rincón 141, es Fabián Alejandro Casiva, un muchacho con antecedentes.
Azul quedó tendida sobre un charco de sangre. La encontraron sus compañeras en aquella madrugada. A las 7 de la mañana, Casiva ya había quedado registrado en capturas de pantalla porque se llevó el celular de Azul y él efectuó y contestó videollamadas. No hay dudas sobre su participación. Pero su defensor, el asesor letrado Javier Rojo, al presentar el caso a los jurados cuestionó dos aspectos que serán analizados en el proceso: la imputabilidad del joven y el agravante por violencia de género.
Si es inimputable no puede ser condenado, si se aplica el agravante de violencia de género lo colocaría ante la prisión perpetua, y si ello no ocurre podría recibir una condena de hasta 25 años de cárcel. Son las alternativas que se abren.
Inicialmente, se diagramó el juicio para una semana de duración. Pero ocupará más jornadas. El miércoles próximo será clave. Fueron convocados a declarar los cuatro peritos que realizaron dos informes. El primero, declaró inimputable a Casiva, en diciembre de 2017, y el segundo, del año pasado, revirtió la conclusión.
Pero más allá de los detalles técnicos, el juicio está desnudando la extrema exclusión que viven las mujeres trans en Córdoba. Sin empleo formal se convierten en trabajadoras sexuales para sobrevivir y mantenerse.
El jueves último, en su declaración, una amiga de Azul relató el miedo que tienen muchas veces. ¿Miedo a qué? Le preguntó el juez Martín Bertone. “A no volver –respondió-, a toparse con un loco”. El mismo juez insistió: “¿Sus compañeras hacen otros trabajos?” “Muy pocas”, replicó la mujer.
Azul Montoro tenía una belleza singular. Tenía buenos clientes y le pagaban bien. Sus compañeras nunca imaginaron que una madrugada alguien iba a truncar su vida.
