El 21 de diciembre del 2021, el despacho del juez federal N ° 2 Alejandro Sánchez Freytes fue el escenario de una reunión que tuvo aspiraciones de ser trascendente. Por iniciativa del fiscal General ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), Carlos Gonella, se realizó un encuentro del que participaron cinco personas: el anfitrión, su par del Juzgado Federal 1, Ricardo Bustos Fierro, y dos fiscales federales, Enrique Senestrari y Carlos Casas Nóblega. Lo bautizaron el ‘Pacto de la Moncloa’.
El mentor de la iniciativa explicó a PERFIL CÓRDOBA que “atento a los conflictos que son de público conocimiento, me surgió la idea de sentar a conversar a sus protagonistas para resolver esas cuestiones”. Y continuó: “Todos coincidimos en la necesidad de enfocarnos en el trabajo, bajar este nivel de enfrentamiento que no es lo que queremos que se vea de afuera”.
Gonella dijo que desconoce el contenido de la última denuncia –publicada por este medio en la edición del domingo pasado– pero opinó que aquella reunión “lamentablemente no tuvo efectos” por lo sucedido después. Aclaró que en el encuentro del 21 de diciembre “no se sacaron los trapitos al sol” y el clima en el que se desarrolló fue “cordial, de diálogo”.
PERFIL CÓRDOBA contactó, también, a otros dos protagonistas del ‘Pacto de la Moncloa’ que tienen posiciones enfrentadas. Cada uno tuvo su propia interpretación respecto a cuándo y qué rompió el acuerdo de una convivencia pacífica. Pero sí hubo dos ejes centrales: la figura de Juan Pablo Salvay, un exempleado de la fiscalía de Senestrari reubicado en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, y Facundo Troncoso, secretario penal del JF1.
Salvay había sido denunciado por Senestrari en 2018 cuando desapareció un expediente de la causa CBI de la fiscalía y apareció en un baño del JF1.
Quien comenzó a investigar eso fue el fiscal –jubilado– Gustavo Vidal Lascano, quien lo imputó por sustracción de elementos de prueba. El juez que intervino fue Alejandro Sánchez Freytes. En ese mismo expediente hubo una contradenuncia del juez Bustos Fierro al fiscal Senestrari por ordenar escuchas telefónicas sin autorización previa. Y se sembró la sospecha de que en un presunto secuestro extorsivo, Senestrari no comunicó que la víctima era la pareja de su hijo y que su objetivo era espiar a esa familia, lo que el fiscal desmintió expresamente.
Pacto quebrado. El 8 de abril pasado ingresó al Senado una breve lista de tres postulantes a conjueces para actuar como subrogantes en el caso de vacancias de Córdoba. Uno de los ellos era Juan Pablo Salvay, el escribiente imputado quien, finalmente, no consiguió acuerdo de la Cámara alta y su designación no prosperó. A decir de una de las fuentes consultadas, esa situación fue la causa de la ruptura del ‘Pacto de la Moncloa’.
Para otro de los magistrados no fue la única, sino que se sumó a una serie de resoluciones judiciales previas del juez Bustos Fierro, con la firma del secretario penal, Facundo Troncoso, con las que se anularon complejas investigaciones penales económicas o de narcotráfico. Entre ellas, la nulidad declarada en uno de los expedientes más grandes por facturación apócrifa, que incluía, entre otros, al economista Nadin Argañaraz.
Efecto dominó. Ocurrió otro hecho en cuya interpretación, explícita o implícitamente, todos coinciden. En el expediente donde Salvay está imputado por la sustracción del expediente fue defendido hasta hace dos meses por la defensora oficial, Mercedes Crespi. Cuando el ‘Pacto de la Moncloa’ saltó por los aires, sorpresivamente cambió de abogado y asumió la defensa Sebastián Becerra Ferrer, lo que generó la inhibición del juez por amistad manifiesta.
Uno de los funcionarios que consultó este medio atribuyó la decisión estratégica al hartazgo y frustración de Sánchez Freytes al ver naufragar el intento de paz y constatar que recrudecían nuevamente las peleas internas.
¿Batalla final? El epílogo de esta sucinta cronología es la denuncia penal que presentó el fiscal Enrique Senestrari, patrocinado por Claudio Orosz y Ramiro Fresneda, hace 10 días, contra el secretario penal del JF1, Facundo Troncoso. Se realizó en el expediente Salvay que ahora está radicado –por inhibición de Sánchez Freytes– en el JF3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, con participación del fiscal Carlos Casas Nóblega.
Refiere al conocimiento por parte de Troncoso de medidas probatorias en una investigación que podría alcanzarlo por la posible connivencia con Salvay, según sospecha Senestrari. También relata un episodio en uno de los ascensores para magistrados de tribunales federales donde, delante de tres funcionarios de tribunales, Troncoso habría emitido agravios en tono elevado que incluían amenazas. Y, por último, una serie de mensajes intimidantes que habría recibido el abogado Orosz en su teléfono celular de parte del funcionario denunciado.
A la presentación penal, Senestrari sumó un pedido a la Cámara Federal de Apelaciones para que analice la conducta del secretario penal en un sumario administrativo. Si bien a lo largo de los años hubo numerosas denuncias cruzadas de este calibre entre los mismos protagonistas, la posible jubilación del juez federal Ricardo Bustos Fierro, en enero próximo, cambiará el escenario de los tribunales federales.
Si no pide una nueva prórroga –para ser aprobada necesitaría los votos de dos tercios del Senado– quedará vacante el juzgado más poderoso de Córdoba que reúne todas las competencias y en especial la electoral, en el año en que se celebrarán los comicios presidenciales. Si se jubila, se habrá retirado uno de los principales protagonistas del ‘Pacto de la Moncloa’, con todo lo que ello implica.
LOS AUDIOS FILTRADOS NO INVESTIGADOS
Entre enero y mayo de 2018, el portal Infobae publicó tres escuchas telefónicas donde se oye al fiscal federal Enrique Senestrari en diálogos con sus equipos de trabajo de la fiscalía. Merecieron presentaciones de abogados defensores de la causa CBI para que la Procuración General de la Nación investigue al fiscal sobre el contenido de la conversación y los términos usados por el fiscal.
En uno pedía que le recuerden un trámite del expediente, en otro emitía improperios contra el Procurador General interino, Casal, y en otro audio el funcionario refiere dudas respecto al comportamiento de un peligroso delincuente abatido en un asalto. La publicación de esos mensajes de audio en un medio nacional elevó al máximo la tensión en aquel momento.
Senestrari creyó individualizar quién sería el autor de las filtraciones, denunció el hecho y planteó sospechas sobre Salvay, el mismo empleado del expediente. No era tan difícil saber, ya que eran mensajes enviados a su grupo de trabajo, cuyos destinatarios están perfectamente identificados.
Oportunamente la fiscal (ahora jubilada) Graciela López de Filoñuk dictaminó, ante la denuncia del fiscal Senestrari, que no había delito. Y el Juzgado archivó la investigación. La Cámara Federal lo confirmó. La Cámara Federal de Casación opinó lo contrario.
El 6 de noviembre de 2019, integrada por Liliana Elena Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani, resolvió devolver el expediente al juzgado y ordenar que se investigue la denuncia. Los jueces, por unanimidad, consideraron que se podría haber cometido un delito porque el contenido de las investigaciones aludidas en los audios filtrados era reservado.
Se cumplirán tres años de esa decisión. Por lo que pudo averiguar este medio no hay novedades en el sentido resuelto por el máximo tribunal penal del país.
