Ya está listo el anteproyecto de presupuesto 2023 del Poder Judicial de Córdoba. La cifra total es de $ 130.484 millones, lo que significa un incremento del 150% en relación a los cálculos del actual, que ascendía a $ 51.400 millones. La Legislatura lo tiene en análisis para su aprobación.
Del total, el 85% está destinado a pagar el sueldo de empleados y magistrados de los tribunales. El personal de los juzgados y todos los organismos jurisdiccionales insumen $ 91.761 millones por ser la planta más numerosa. El del Ministerio Público Fiscal, que contiene fiscalías de Instrucción, de Cámaras y todas las Unidades Judiciales –el primer eslabón que recibe denuncias y procedimientos–, es de $ 24.836 millones. En total, los salarios se llevan $ 120.897 millones.
El resto, poco menos de $ 10.000 millones, están destinados al mantenimiento y servicios. Pero hay dos ítems a los cuales el presupuesto del año próximo puso mayor énfasis: obra pública y seguridad informática. Así lo aseguró a PERFIL CÓRDOBA el administrador general, Augusto Bartolomei.
En realidad, las construcciones de nuevos edificios para los tribunales de todas las circunscripciones viene siendo una política sostenida en los últimos años. Es decir que el 2023 no será la excepción y prevé la continuidad de obras en marcha, como los tribunales de Carlos Paz y la finalización del Polo Judicial de esta Capital, ubicado en barrio Observatorio, donde restan detalles en el sector que alberga al Fuero Laboral y el denominado “triángulo”, sobre calle Fructuoso Rivera, que ya está en funcionamiento.
Pero el año próximo se iniciarán las obras en aquellas sedes donde los edificios ya se licitaron. Es el caso del nuevo edificio de Deán Funes, que demanda una inversión de $ 1.000 millones, aportados por Rentas Generales y de los módulos –construcciones de 1.000 m2– para las sedes de Oliva y Cura Brochero, para las cuales hay $ 50 millones previstos en cada caso, para el año próximo, de los $ 250 millones que costará en total cada una.
También para los de Corral de Bustos y Las Varillas, que insumirán $ 90 millones y $ 100 millones – presupuestos totales de $ 290 millones y $ 300 millones–, respectivamente.
El listado de obra pública continúa. En Capital, la más importante será el nuevo edificio del Fuero de Familia que se levantará en el Polo Judicial, cuya licitación está en curso y que tan solo en 2023 absorberá $ 3.700 millones de los $ 5.920 millones que es el cálculo total. Pero también están previstas remodelaciones del exedificio del Ministerio Público Fiscal en calle Duarte Quirós, del sistema sanitario de Tribunales I, ampliar unidades judiciales y remodelar el edificio de Accidentología Vial.
En el interior está previsto refuncionalizar el edificio de Villa María y el año próximo se proyecta licitar los nuevos tribunales de Laboulaye y los módulos de Arroyito, Morteros y Alta Gracia, cuyas obras iniciarán en 2024. En total, la lista alcanza a 18 sedes judiciales de Capital y el Interior. El monto total para obra pública en 2023 es de $ 7.003 millones.
Seguridad informática. El 13 de agosto pasado los servidores del Poder Judicial recibieron un ataque con un virus ransonware que dejó fuera del servicio a los 8.000 puestos de trabajo. Demandó 10 días el restablecimiento parcial. En todo momento, las autoridades aseguraron que no se perdió información, pero el hackeo paralizó a la Justicia porque, con gran esfuerzo y en los casos donde fue posible, se regresó al expediente en papel.
Con esa experiencia a cuestas, en el presupuesto 2023 se decidió destinar $ 870 millones para optimizar la seguridad, a través de más capas que puedan detener un evento similar en el futuro. Otro aspecto contemplado bajo este ítem es invertir en más almacenamiento. Podría implicar ampliar la capacidad de los servidores o comprar espacio para migrar una parte a la nube.
En cuanto a inteligencia artificial, se sigue trabajando en el área de Ejecución Fiscal con una sincronización articulada con Rentas de la Provincia y los diferentes municipios. Permite la carga de los expedientes en forma prácticamente automática.
Tasa de justicia. El Poder Judicial cuenta con un flujo propio de ingresos, vía Tasa de justicia. Para 2023 el presupuesto prevé ingresos bajo este concepto de $ 6.677 millones. Si se adiciona el saldo activo que dejará el año en curso, de $ 2.910 millones, para el próximo dispondrá de $ 9.900 millones que se usarán para erogaciones varias, como los gastos fijos en bienes de consumo y servicios (luz, gas, agua) y en inversiones y obras de infraestructura.
NUEVOS CARGOS Y DISPUTAS
Para el 2023, el Poder Judicial pidió 394 car - gos de los cuales obtuvo 98. Este año habían sido habilitados 86. La asignación de puestos al Ministerio Público Fiscal, encabezado por Juan Manuel Delgado, originó rispideces. Según trascendió desde Fiscalía General, tan solo para fiscalías y unidades judiciales habían solicitado 120 incorporaciones. El gobierno provincial otorgó 20 mientras al pedido del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para juzgados las respuestas habían sido negativas. Eso generó fricción entre el presidente del TSJ, Sebastián López Peña, y el fiscal general. Solapadamente se atribuyó a Delgado asignar personal a funciones ya cubiertas y se cargó las tintas sobre el Ejecutivo que daba preferencias a los pedidos de quien fue, hasta hace poco, procurador del Tesoro del propio gobierno.
