Las estadísticas del Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad en la provincia mostraron números similares entre el 2022 y el 2023. El dato distintivo es el mayor porcentaje de causas referidas a penitenciarios, siempre ponderando la diferente magnitud de la Policía, con 22.000 efectivos, y del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) con 4.000 integrantes.
En 2023 se abrieron 2.544 expedientes disciplinarios. El 88,3% por denuncias contra efectivos policiales, el 10,5% contra penitenciarios y el 1,2% contra miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). En tanto, en 2022 la distribución había sido diferente. De las 2.673 causas abiertas, el 90,4% fueron contra policías; el 8,8% contra penitenciarios, y el 0,8% a efectivos de la FPA.
El crecimiento de casi dos puntos porcentuales en el caso de los penitenciarios puede explicarse en la trama de corrupción que desentrañan las investigaciones judiciales a cargo del fiscal de Delitos Complejos de la ciudad de Córdoba, Enrique Gavier, y de la fiscal de Villa María, Juliana Companys. En ambos casos los imputados son todos oficiales jefes, incluida la plana mayor de la fuerza encabezada por Juan María Bouvier, quien continúa detenido.
Se detectaron bolsones de corruptelas con participación de abogados y personas detenidas por ingresar teléfonos y drogas a las cárceles, en un acuerdo espurio para mantener una supuesta calma en los penales y garantizar la continuidad de negocios prohibidos, a cambio de pagos tarifados.
Por esa trama se puede comprender cómo se gestaron y sobrevivieron bandas de estafadores telefónicos y virtuales que operaban con sus cabecillas en las cárceles cordobesas. A pesar de que los jefes hoy están detenidos, no cesa la detección de elementos prohibidos que se intentan ingresar a los establecimientos penitenciarios a través de proveedores, visitas y policías, con la venia de guardiacárceles. La estructura cerrada que caracteriza al SPC es una de las barreras que dificultan las investigaciones penales y reproduce liderazgos internos, cuando un jefe cae por ser imputado o sancionado.
El otro caso resonante tuvo que ver con la muerte de César Moreno, mientras estaba detenido en el complejo de Bouwer. La causa, a cargo del fiscal José Mana, tiene una decena de imputados, entre los cuales hay guardias y médicos. Puso en jaque al servicio de salud penitenciario porque las imputaciones de los profesionales provocaron renuncias masivas. En la actualidad se están convocando a médicos y enfermeras para completar el staff.
Mal desempeño y violencia familiar y de género. En la estadística general del organismo sigue arriba en el ranking de causales de las denuncias del personal policial y penitenciario, el mal desempeño que incluye una gran variedad de faltas como perder el armamento, incumplir protocolos, choques viales, disparos de arma de fuego en forma impropia, etc. Le siguen violencia de género y familiar, que se produce en función y fuera del ámbito policial. Más abajo, está el resto de causas por corrupción, violencia institucional, inconductas y conflictos laborales.
En relación al 2022, el año pasado descendió el porcentaje de causas iniciadas por violencia de género, pero creció el número de resoluciones sobre la materia. Se explica porque las investigaciones insumen más de un año para producir prueba, ejercer las defensas y resolver los planteos.
Otro aspecto a destacar es el incremento de Protocolos de Uso de la Fuerza Pública. Cada vez que uno o más policías usan armas de fuego, de letalidad reducida o agentes químicos (gas pimienta) deben registrarlo. Ese informe es enviado al organismo de control. Cada año crece la cantidad de protocolos informados, lo que permite deducir que se afianza en la policía la conciencia de reportar la cifra, exponiéndose a que sus procedimientos sean evaluados. Desde fines del 2021, cuando comenzó a funcionar el Órgano de Control, se informaron 2.799. De ese total, 75 merecieron abrir un expediente por presunto exceso en el uso de la fuerza.
Medidas cautelares y sanciones. En lo que va del 2024, 148 efectivos de las fuerzas de seguridad pasaron a pasiva por ser investigados en sede administrativa y/o penal. La medida cautelar los priva del 70% de su salario y del arma reglamentaria, lo que les impide realizar adicionales.
Tanto durante el 2022 como en el transcurso del año pasado, el personal en situación pasiva representó el 1,8% en la Policía de Córdoba y del SPC; mientras que afectó al 0,8% de la planta de la FPA.
Además, del total de policías y penitenciarios investigados por el Órgano de Control, 359 también están imputados en sede penal por la posible comisión de delitos. Esto implica una investigación disciplinaria compleja, lo que impacta en los plazos para el requerimiento de sanción. Luego de la tarea investigativa, el Tribunal del Órgano de Control aplicó sanciones en 124 casos y dictó absoluciones o sobreseimientos en 14 a lo largo del año pasado.
Las sanciones principales incluyen suspensiones de 20 a 120 días, con agravantes o accesorias, como tratamiento psicológico, cursos de formación atinentes a la falta cometida. Por caso, si el acusado chocó el móvil se le impone hacer un curso de conducción en condiciones adversas o en persecución; si falló en un disparo debe hacer un curso de tiro, para citar algunos ejemplos.
NUEVO VOCAL. El abogado Leandro Santacroce se incorporó como vocal al Tribunal en reemplazo de Gustavo Vidal Lascano, quien había renunciado en diciembre pasado para asumir la intervención del Servicio Penitenciario.
