El costado político del caso Barrelier no terminó con la salida de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante. Por el contrario, abrió un debate sobre cómo ingresan los empleados al Estado, qué controles existen sobre sus antecedentes y qué cambios deben implementarse para evitar situaciones como la que quedó expuesta tras el femicidio de Agostina Vega.
La revelación de que Claudio Barrelier —acusado por el crimen y vinculado políticamente al exconcejal peronista— se desempeñaba en la Municipalidad, actuó como catalizador de una discusión sobre los mecanismos de ingreso al Estado. Un dilema que ya existía pero que se agravó por la falla en los controles de antecedentes del personal.
La crisis política más urgente para el PJ quedó parcialmente desactivada con la renuncia de Moreno. Sin embargo, aflora la discusión legislativa: quién controla los antecedentes de quienes ingresan a la administración pública, qué responsabilidad tienen los funcionarios que promueven esas incorporaciones y hasta qué punto el sistema actual resulta suficiente para prevenir situaciones de riesgo.
En ese punto, el intendente Daniel Passerini admitió falencias. "El sistema de controles falló y la Municipalidad falló", reconoció al explicar que la normativa vigente sólo obliga a los empleados municipales a actualizar sus antecedentes penales cada cuatro años y que, en muchos casos, el municipio depende de notificaciones judiciales que no siempre llegan.
La admisión del jefe comunal reforzó una discusión política que ya tomó forma. Mientras el Ejecutivo busca endurecer los mecanismos de control, el radicalismo pretende ampliar el debate hacia los criterios de ingreso al Estado, los concursos públicos y los márgenes de discrecionalidad que habilitan los conchavos políticos.
La batalla en el Concejo
El primer capítulo de esa discusión se dará en el Concejo Deliberante. En la última sesión tomó estado parlamentario el proyecto enviado por Passerini para modificar el Estatuto del Personal Municipal y endurecer los controles sobre todos los agentes públicos.
La iniciativa obliga a trabajadores de planta permanente, transitoria y contratados a presentar cada seis meses certificados de antecedentes penales, constancias de no inscripción en el Registro de Delitos contra la Integridad Sexual y en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Además, incorpora exámenes periódicos para detectar consumo de drogas ilegales.
El expediente fue girado a la Comisión de Legislación General y comenzará a discutirse esta semana junto con otras iniciativas relacionadas, según dijo el oficialista Nicolás Piloni a Perfil Córdoba.
Passerini desplazó a Moreno, volvió La Cava y el caso Agostina sacudió al Concejo
Entre ellas sobresale la presentada por el concejal radical Sergio Piguillem, bautizada como el “Inciso Moreno”, una referencia directa al caso político que terminó con la salida del exconcejal peronista. La diferencia entre ambas propuestas promete convertirse en el eje del debate.
Mientras el Ejecutivo deposita sobre cada trabajador la obligación de presentar periódicamente la documentación requerida, la iniciativa opositora propone que sea el propio Estado el que realice controles permanentes mediante el entrecruzamiento automático de bases de datos provinciales y nacionales.
Según Piguillem, exigir que cerca de 15 mil agentes municipales —se extiende a la planta transitoria— tramiten certificados cada seis meses podría derivar en una carga burocrática difícil de sostener y con resultados limitados. Su propuesta apunta a un sistema de monitoreo permanente que permita detectar en tiempo real nuevas imputaciones, condenas o antecedentes relevantes.
"Hay que construir un sistema único de intercambio de datos para que la actualización de antecedentes esté permanentemente en la pantalla del órgano de aplicación", resaltó el edil radical.
Detrás de la discusión técnica también aparece una disputa política. La oposición buscará aprovechar el debate para instalar una revisión más amplia sobre los mecanismos de ingreso al municipio.
“Es lo que debieron hacer y es lo que hace seis años no hacen”, fustigó la concejala Verónica Garade Panetta al reclamar la restitución de los concursos públicos como principal mecanismo de ingreso. “Ellos siguen ingresando gente truchamente, o sea, por acomodo”, remarcó la radical.
El denominado “Inciso Moreno” no sólo pretende reforzar controles. También busca mantener en agenda una discusión incómoda para el oficialismo sobre las responsabilidades políticas detrás de cada incorporación al Estado.
En la Unicameral
Mientras el Concejo comienza a debatir las reformas impulsadas por Passerini y la oposición, en la Legislatura provincial está “cajoneada” una iniciativa que quedó resignificada a partir del caso Barrelier. Se trata de un proyecto de Oscar Agost Carreño que propone eliminar el actual registro provincial y unificar el sistema bajo el Registro Nacional de Reincidencia.
La iniciativa apunta a resolver uno de los principales problemas señalados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y distintos operadores judiciales: la dispersión de la información sobre antecedentes penales y causas abiertas. Esto genera —según advierten— superposiciones, demoras y vacíos informativos que dificultan el acceso oportuno a datos relevantes.
La propuesta del legislador del PRO plantea concentrar la información en una única base de datos nacional y establecer mecanismos para que las imputaciones queden registradas de manera sistemática y puedan ser consultadas por organismos públicos y privados. En la Caba se asientan hasta las contravenciones.
A la luz del caso Barrelier, el proyecto adquirió una nueva dimensión política. Su impulsor asegura que un sistema unificado permitiría reducir las posibilidades de que información sensible quede fuera de los controles que realizan organismos estatales al momento de incorporar personal.
El planteo se basa en las observaciones que el propio Tribunal Superior de Justicia viene realizando desde hace años respecto de las dificultades operativas derivadas de la coexistencia de registros paralelos.
El debate de fondo
Detrás del caso que sacudió a Córdoba emerge una discusión más amplia que trasciende las responsabilidades individuales. Lo que comenzó como una crisis política derivada del caso Barrelier amenaza con transformarse en una discusión institucional de mayor alcance. El "factor Barrelier", el proyecto de Passerini, el denominado “Inciso Moreno” de la UCR y la reforma que debe ser analizada en la Unicameral confluyen en un mismo andarivel: los controles a quienes ingresan al Estado.
