La conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega tuvo este jueves su capítulo político más intenso en la previa y durante la sesión en el Concejo Deliberante de Córdoba. Tras las duras acusaciones que se escucharon en el recinto, el pleno terminó expresando su pesar por el femicidio de Agostina Vega y la adhesión al 11ª aniversario de la movilización bajo la consigna “Ni Una Menos”.
El plenario derivó en un duro enfrentamiento entre oficialismo y oposición por la situación del ahora exconcejal Ricardo Moreno, cuestionado por haber promovido el ingreso de Claudio Barrelier a la Municipalidad y por haber ejercido posteriormente su defensa legal en una causa por privación ilegítima de la libertad.
Hasta el sábado pasado, incluso, integrantes de su estudio jurídico continuaban representándolo en la investigación por la desaparición de la adolescente, expediente que luego derivó en la causa por femicidio.
La previa del plenario estuvo marcada por una fuerte presión de los bloques opositores, que llegaron a Labor Parlamentaria con una estrategia coordinada. Los concejales de la UCR (por instrucción de Rodrigo de Loredo) impulsaban junto al Frente Cívico, el PRO y Cordobeses por la Libertad una avanzada para expulsar a Moreno del cuerpo.
Nayi confirmó que la madre de Agostina aportó el nombre de Barrelier el mismo domingo
La ofensiva opositora terminó condicionando la agenda del oficialismo y obligó a acelerar una salida política. Ante la resistencia de Moreno a presentar su renuncia, la gestión de Daniel Passerini decidió hacer regresar a Raúl La Cava a su banca de concejal, desplazando automáticamente al edil y dirigente sindical cuestionado.
Horas después, el propio oficialismo reconocería que Moreno se negaba a abandonar su cargo y que el retorno de La Cava respondió a la necesidad de apartarlo de manera inmediata.
Sin embargo, para la oposición esa solución era insuficiente. Moreno conservaba su lugar como primer suplente y mantenía una expectativa concreta de regresar al Concejo ante cualquier vacante. Los sectores más duros hablaron directamente de un "pacto de impunidad" y acusaron al PJ de intentar preservar al dirigente cuestionado evitando una expulsión formal.
La presión ejercida tanto desde el Palacio 6 de Julio como desde los bloques opositores -y de algunos oficialistas puertas adentro- terminó inclinando la balanza. Horas más tarde, Moreno presentó su renuncia indeclinable a la banca y también a integrar la lista de concejales del oficialismo. En su mensaje a propios y extraños, el peronista advirtió -por los medios- que terminó siendo “el pato de la boda”.
El PJ evitó la expulsión

Pese a la renuncia, los bloques opositores insistieron en avanzar con un pronunciamiento institucional contra Moreno. La UCR impulsó un proyecto que expresaba el "más enérgico repudio" a su conducta que fue rechazado sobre tablas y girado a comisión.
La misma suerte corrió una cuestión de privilegio fogoneada por la concejala Cintia Frencia (FIT-Unidad), que proponía investigar las responsabilidades políticas y administrativas vinculadas al ingreso de Barrelier a la Municipalidad.
Durante el debate, la radical Elisa Caffaratti cargó contra el oficialismo y denunció que existió una estrategia para proteger al exconcejal. "Hoy era el día donde debíamos tratar las cuestiones de privilegio para expulsar al concejal Ricardo Moreno de este seno", sostuvo
La edil, alineada con De Loredo, recordó que Moreno permanecía como suplente y cuestionó la maniobra que permitió el regreso de La Cava. "Nos parecía imprescindible y realmente nos encontramos con una muralla. Hasta las 12 del mediodía estaban inflexibles y les parecía que la solución de hacer volver a un secretario para que ocupe la banca era más que suficiente", afirmó.
En medio del fuego cruzado, la deloredista rechazó los cuestionamientos del oficialismo, que acusó a la oposición de "caranchear" con el caso Agostina. "No es carroña. El concejal Ricardo Moreno cometió graves hechos incompatibles con la función de concejal", contragolpeó.
En ese sentido, recordó que Moreno reconoció haber gestionado el ingreso de Barrelier al municipio en 2021 pese a sus antecedentes penales y posteriormente haber asumido su defensa técnica en una causa por privación ilegítima de la libertad.
"No se puede venir con el traje de concejal a ocupar una banca y después ir al estudio jurídico con el traje de abogado a defender tamaños delincuentes", lanzó. Y cerró con una de las frases más duras de la sesión: "No estamos dispuestos a ser parte de ningún pacto de impunidad corporativa porque insulta directamente a la sociedad cordobesa".
Femicidio de Agostina Vega: Passerini exige renuncia masiva en Movilidad y Tránsito municipal
Una señal más contundente
La jefa del bloque juecista, Graciela Villata, también reivindicó la presión ejercida por la oposición para forzar la salida definitiva de Moreno. "Si no nos traían la renuncia, nosotros no íbamos al cuerpo. No había sesión", aseguró ante la prensa.
Para la dirigente del Frente Cívico, el retorno de La Cava —un funcionario respetado incluso por los bloques opositores— fue la única alternativa que encontró el oficialismo para desactivar el conflicto.
Consultada por Perfil Córdoba sobre la situación de Moreno, Villata sostuvo que el Concejo debía enviar una señal institucional más contundente. "No teníamos que ser tibios, tenía que ser contundente. La sociedad estaba esperando una respuesta", planteó.
"No podía existir ninguna posibilidad de que, de aquí al final de nuestro mandato, pudiera volver a sentarse en una banca", enfatizó la juecista ante la presión por la renuncia.

La decisión de Passerini
Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones opositoras, aunque más de uno se mostró incómodo, y defendieron la intervención del intendente Daniel Passerini.
El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Simonian, dijo que Moreno se resistió inicialmente a abandonar su cargo y que fue el jefe comunal quien ordenó su desplazamiento inmediato.
"En un principio mantuvo su postura de no querer renunciar y por esa razón el intendente decidió de manera urgente restituir al concejal titular a la banca que ocupaba el exconcejal", declaró a la prensa.
Según Simonian, la prioridad del oficialismo fue preservar la institucionalidad del cuerpo. "Desde el intendente Passerini para abajo, incluyendo a todos los miembros del bloque, el compromiso estaba en defender la integridad y la honorabilidad de este Concejo", sostuvo.
El dirigente también cuestionó la estrategia opositora y consideró que los planteos llegaron cuando la situación ya había sido resuelta políticamente. "Las presentaciones fueron extemporáneas porque se realizaron después de la incorporación del nuevo concejal y del apartamiento de Moreno", afirmó.
En su réplica, el passerinista rechazó la necesidad de impulsar un proceso de expulsión. "La señal política ya se dio con el apartamiento", argumentó, y remarcó que el mecanismo previsto para una expulsión es complejo y podría extenderse hasta 45 días, razón por la cual Passerini optó por una solución inmediata.
Asimismo, acusó a la oposición de intentar obtener rédito político en medio de la conmoción social generada por el femicidio de la menor cuyos restos se encontraron el sábado pasado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
Analizan interpelar a Lorenzatti por el ingreso de Barrelier a la Municipalidad
El factor Moreno
Más allá de la disputa reglamentaria, la sesión dejó al descubierto el fuerte impacto que el caso Agostina Vega provocó sobre el oficialismo municipal. La oposición logró convertir la situación de Moreno en el centro de la agenda política y forzó una definición que, hasta pocas horas antes del debate, no estaba cerrada.
El PJ consiguió evitar una expulsión formal y el desgaste de un proceso institucional que prometía extenderse durante semanas. Sin embargo, no logró impedir que la discusión escalara hacia las responsabilidades políticas detrás del ingreso y la permanencia hasta hace una semana de Barrelier en la estructura municipal.
Con Moreno fuera del Concejo, el oficialismo apuesta a clausurar el episodio y concentrarse en las medidas anunciadas por Passerini para reforzar los controles sobre los empleados municipales. La oposición, en cambio, ya avisó que no dará por cerrado el capítulo. El foco ahora estará puesto en determinar si existieron otras responsabilidades políticas o administrativas detrás del ingreso, la permanencia y los antecedentes del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.