Epec es el talón de Aquiles de la ecuación fiscal 2019

A partir del 1 de enero del 2019, el gobernador Juan Schiaretti deberá decidir qué hace respecto de una demanda altamente sensible: la de 492.126 usuarios de energía (74% clientes de Epec y el 26% restante, de las cooperativas del interior) que son elegibles para recibir la tarifa social federal. Dada su situación de vulnerabilidad, estas personas reciben un beneficio de parte de la Nación sobre un consumo base de 150 kWh/ mes. En virtud del ajuste para déficit cero en el Presupuesto Nacional 2019, tal bonificación se dejó “a consideración” de las posibilidades de cada provincia.

Según estimaciones reconocidas por el Ministerio de Finanzas de Córdoba, el monto total en cuestión es del orden de los $1.200 millones anuales, los cuales implican un auxilio de alrededor de $200 en la factura mensual de la población beneficiada.

Ahora bien, para el erario cordobés la presión por cubrir este subsidio se suma al esfuerzo que ya viene realizando al financiar la tarifa social provincial. En este caso son 230.000 usuarios (todos de la capital provincial y, por ende, clientes de Epec) que exigen anualmente un desembolso de $600 millones, de los cuales ‘en teoría’ la Provincia pone $360 millones y Epec $240 millones.

En la práctica, durante los últimos meses, el Tesoro ya vino poniendo la porción correspondiente a la empresa de energía como consecuencia de la crisis de liquidez que enfrenta. De no operarse un análisis significativo de las bases de beneficiarios -para evitar el doble subsidio- el Gobierno debería hacerse cargo el año entrante de un total de $1.800 millones para sostener todos los auxilios a la tarifa de energía eléctrica vigentes hasta el momento.

Una situación que, además, entraña una fuerte inequidad con respecto al interior porque el 82% de esos beneficios (unos 595.126) quedan en la capital provincial. Con una tarifa que este año terminará incrementándose en más del 100% y un nivel de pobreza que, según el Indec ya estaba en 34% en la última medición, no es de extrañar que una mayor proporción de usuarios en situación social alarmante, tanto de la capital como del interior, necesite ser asistida.

De hecho, según datos de Cammesa, Córdoba es la séptima provincia por porcentaje de usuarios necesitados de acceder a la tarifa social nacional, debido al impacto que su costo tiene en los ingresos de poblaciones indigentes. Es un 39% respecto del 28% que requieren el beneficio en Mendoza, por ejemplo.

Problemas de caja. Cuando el subsidio por la tarifa social nacional caiga, Epec verá incrementar la factura de Cammesa por la exacta cantidad que ese subsidio implicaba.

Esto es así porque el beneficio fluye a través de una reducción en el precio de la energía mayorista. Ciertamente, este esquema complica el hecho de desligarse del compromiso, a no ser que Epec elimine el beneficio de cuajo y comience a cobrar tarifa plena a los usuarios que eran alcanzados por el subsidio.

La situación aborda a la compañía de energía provincial en un momento de crisis que para los más optimistas es “complicada” y para los realistas es “terminal”.

En efecto, a partir de enero, los pagos a Cammesa se incrementarán en $1.200 millones, cuando Epec apenas si está logrando saldar una deuda anterior por $2.777 millones. Para resolver este adeudo, el Gobierno provincial tuvo que tomar un crédito a 48 meses, con bancos privados, a una tasa Badlar al 34,75% anual. Como corresponde, Epec devolverá a la Provincia este préstamo, pero, claro, al asumir una nueva deuda se le complicó el frente con sus actuales acreedores.

Este viernes tuvo que salir a pagar un “pedido de permiso” de US$474.000 a los tenedores del “Bono Pilar” (emitido en 2011), quienes le habían prestado dinero para construir la Central Del Bicentenario con la condición de que limite nuevos endeudamientos. Si no pagaba ese permiso, hubiera tenido que rescatar el bono.

“Epec es un barco que se hunde; además de esta situación con los tenedores del bono, no gana lo suficiente para cubrir sus costos fijos, en particular los salarios de sus empleados; tuvo que solicitar en el Banco de Córdoba unos 200 millones de pesos para pagar salarios y aguinaldos”, detalló el legislador del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros. “Es una crisis que ya no tiene solución, pese que las tarifas se ajusten casi de manera mensual, que los incrementos tarifarios han alcanzado 1.012% en los últimos ocho años mientras la inflación acumuló un 475% en igual período”, agrega.

En marzo del año pasado, Epec ya había emitido otra deuda por US$100 millones para ‘teóricamente’ resolver sus compromisos con Cammesa, lo que no ocurrió. En esa oportunidad, además, pagó casi US$800.000 para obtener otro “permiso” de los tenedores del Bono Pilar.

“Los números son cada vez más alarmantes, tanto como su exasperante negligencia. Antes dijimos que era un barco a la deriva, ahora sólo quedan los músicos tocando en la cubierta”, finalizó Quinteros.