El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier elevó a juicio a una presunta asociación ilícita que habría montado un esquema de estafas procesales masivas en perjuicio de aseguradoras de riesgo de trabajo (ART). Lo más resonante del caso es que entre los acusados como jefes se encuentra Miguel Ángel Martínez Conti, actual juez Civil y Comercial de 1° Nominación de la ciudad de Córdoba.
Las maniobras datan de los años 2010 al 2018. En ese momento, Martínez Conti actuó como abogado. Asumió como magistrado provincial en abril de 2021, después de rendir un concurso, quedar en el orden de mérito. Sus pliegos fueron aprobados por la Legislatura en febrero de 2021. Al tener fueros como juez, fue imputado por Gavier y el juez de Control Milton Peralta realizó una investigación jurisdiccional.
La "fábrica" de demandas en La Calera
Según se lee en el requerimiento de elevación a juicio, la banda centró su actividad en la captación de empleados de la firma Fabincal Córdoba SA. El modus operandi comenzaba con reuniones masivas en el Club Mediterráneo de La Calera, donde el imputado Ariel Mealla reclutaba a los trabajadores.
Allí, los abogados Martínez Conti, Mariano Cerino y Federico Brouwer de Koning convencían a los empleados de que padecían enfermedades laborales inexistentes o sin relación con sus tareas. El plan consistía en asegurarles que podían obtener "unos pesos" de la ART sin perjudicar a su empleador, induciéndolos a firmar demandas judiciales basadas en certificados médicos falsos.
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Roles clave: certificados falsos y peritos "convencidos"
Para sustentar el engaño, la organización contaba con el aporte del médico Daniel Eduardo Nates, quien extendía certificaciones de patologías como hipoacusia, tendinitis y problemas lumbares que los trabajadores en realidad no padecían.
La maniobra, denominada por el fiscal como una "industria del fraude", alcanzaba su punto crítico en los tribunales laborales. Allí, Nates actuaba como perito de parte y se encargaba de "convencer" a los peritos oficiales sorteados por la justicia para que ratificaran las dolencias falsas en sus informes.
Con estos dictámenes espurios, los jueces laborales —inducidos a error— homologaban acuerdos económicos o dictaban sentencias que obligaban a las ART (principalmente Asociart y Liderar) a pagar indemnizaciones y honorarios millonarios.
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Los imputados y las graves acusaciones
El fiscal Gavier solicita que los siguientes involucrados se sienten en el banquillo de los acusados:
-Jefes y organizadores: El juez Miguel Ángel Martínez Conti y los abogados Mariano Nicolás Cerino y Federico Gerardo Brouwer de Koning.
-Miembros de la asociación: El médico Daniel Eduardo Nates y el reclutador Ariel Mealla.
-Peritos oficiales: Una decena de médicos, entre ellos Francisco Fornes, Luis Humberto Ímola, Miguel Ángel Yemelli y Rossana Cabrera, acusados de falsa pericia y participación necesaria en las estafas.
La fiscalía sostiene que esta organización no solo afectó el patrimonio de las aseguradoras, sino que provocó un grave daño al sistema de administración de justicia al saturar los tribunales con reclamos fraudulentos. Las calificaciones legales incluyen asociación ilícita, estafa procesal reiterada, emisión y uso de certificado médico falso y falso testimonio.
