Exempleado de Desarrollo Social será juzgado por maniobras con planes
El agente infiel fraguó formularios para obtener créditos de Vida Digna. Fue
detectado y denunciado a tiempo, por lo que no llegó a consumar el fraude
VIDA DIGNA. El empleado infiel fue detectado cuando intentó incorporar como beneficiarios del programa para mejora en viviendas precarias a personas de su entorno. Fue cesanteado. |
Cedoc Perfil
El fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini, elevó a juicio a un exempleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia porque, mientras trabajó en una dependencia de la cartera, fraguó solicitudes para acceder a créditos sociales del programa Vida Digna.
Como titulares de las ayudas figuraron personas de su entorno quienes también fueron investigadas e imputadas. La acusación es por la tentativa de “defraudación calificada en perjuicio de la administración pública”.
El principal acusado es Sergio Javier González (30 años). Trabajó como empleado en la Dirección General de Programas Especiales, que depende de la cartera de Desarrollo Social, entre 2011 y 2018. En ese ámbito se gestionan planes de ayuda social como Familia feliz, Tarjeta social, Mejor hogar y Vida digna, entre otros.
El por entonces ministro, Sergio Tocalli, suspendió en sus funciones a González el 2 de mayo de 2018 cuando se detectaron las maniobras sospechosas.
La investigación penal le atribuyó responsabilidad porque al tener acceso a la carga informática de los datos de personas que elevaban sus solicitudes para ser beneficiarios de los distintos créditos, abusó de su condición laboral para fraguar los pedidos. En la descripción de las maniobras que realizó se indica que accedía a los listados informáticos e insertaba datos de personas que no habían presentado la solicitud.
Según los testimonios incorporados al expediente, González “conocía mucho de informática y era el único que sabía utilizar el programa Syntis”, con el que se verificaban los ingresos económicos de la persona. También accedía a otros que servían para controlar la correcta carga de los datos de los beneficiarios, cruzando la información que había en el sistema.
La nómina, con los datos fraguados, era elevada a la directora general de Programas Especiales, para autorizar el otorgamiento de los créditos que había incluido ilegalmente. El trámite administrativo continuaba en el Instituto Provincial de la Vivienda donde se confeccionaban los cheques a nombre de los beneficiarios.
El final del circuito era el propio González, porque era quien proyectaba apoderarse de los importes a pesar de que estaban a nombre de terceros.
No pudo consumar la defraudación porque fue detectado a tiempo por las autoridades, que lo suspendieron en sus funciones y luego lo cesantearon.
Eran créditos por montos de $15.000 para ser destinados a solventar conexiones domiciliarias de los servicios públicos de gas, cloacas y agua potable. Según las especificaciones del programa, debían ser devueltos en 36 cuotas mensuales de $500, dos meses después de haber recibido la ayuda.
Además de Sergio González, el requerimiento de elevación a juicio incluye a terceros cuyos datos figuraban en los falsos beneficios: Heber Andrés Antonutti (27), Lucas Manuel Benito Shwap (27) y Enzo Francisco Pesci (33). Al quedar firme la resolución del fiscal Bornancini, se debe ahora designar la Cámara del Crimen que llevará adelante el juicio.
