Cuando PERFIL CÓRDOBA adelantó en exclusiva la información sobre el escandaloso suceso que protagonizó un empleado del Juzgado Federal 3 de Córdoba el 1 de junio último, se mencionó una conciliación exprés entre el autor del robo y su víctima, una funcionaria del mismo tribunal.
Aquel día, Nicolás Aramayo Sánchez, con cargo de escribiente, sustrajo momentáneamente el teléfono móvil de una prosecretaria, con la cual los une una amistad. Ingresó a la aplicación BNA+ y contando con las claves de acceso a las cuentas allí almacenadas, realizó tres transferencias por un total de $455.000. Luego, arrojó el dispositivo detrás de una heladera.
Se abrió una causa judicial en la que el trabajador está imputado. En materia disciplinaria la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba abrió un sumario y dispuso la suspensión sin goce de haberes de Aramayo Sánchez. Según confirmaron desde el tribunal que tiene el poder de superintendencia, la investigación administrativa continúa su trámite. Finalizó el período de 30 días de suspensión. Podría haber sido prorrogado por un mes más, pero no ocurrió. El escribiente, sin embargo, sigue sin asistir a su trabajo porque pidió una licencia por razones de salud. Esta nueva situación le permitió volver a percibir su salario mensual.
En el expediente penal, Aramayo Sánchez fue imputado y el juez Ricardo Bustos Fierro ordenó una medida de restricción entre víctima y victimario a raíz de una presentación que efectuó la funcionaria, cuando su compañero regresó a sus tareas habituales. A pesar de que él había sido trasladado a otra oficina, a los pocos días de ocurrido el hurto, se acercó al escritorio de la mujer y eso –dijo ella en esa presentación– le causó angustia. Todos los detalles narrados sucedieron en tan solo un mes, junio.
El 5 de julio, a pesar de los hechos descritos, Aramayo Sánchez y la funcionaria presentaron un acuerdo de conciliación que confirmó el primer dato aportado por este medio. Si bien la reparación integral del daño beneficia a las víctimas porque consiguen la restitución del bien y a los victimarios porque extingue la acción penal, en este caso fue interpretado por varios como una forma de clausurar rápidamente un conflicto para evitar su difusión pública.
Los tribunales federales son habitados por empleados y funcionarios, en muchos casos amigos o familiares entre sí, lo que genera compromisos recíprocos entre algunos.
Qué dice el acuerdo. Fue presentado el 5 de julio por ambas partes. En el texto señalan que tras una negociación alcanzaron un “entendimiento” por el cual luego de firmarse, la víctima del robo y su autor, no tendrán más cuestiones que exigir “porque ha sido reparado el daño causado en forma integral”. Ella aceptó el pedido de disculpas. Él dijo haber depositado el 23 de junio $ 455.000 en la caja de ahorros de la funcionaria en concepto de devolución y se comprometió a pagar otros $ 200.000 por lucro cesante y daño emergente a raíz del padecimiento de la víctima al verse privada de los fondos para afrontar sus gastos cotidianos.
Como contrapartida, ella renunció expresamente a constituirse en querellante particular o actora civil en el expediente judicial. El acta tiene la firma de ambos y de sus respectivos abogados, Diego Sánchez Freytes Bustos (defensor de Aramayo Sánchez) y Tristán Gavier (patrocinante de la víctima). Para ella y su abogado, el caso está cerrado.
Sin embargo, e l fiscal, Carlos Casas Nóblega, se opuso al acuerdo en los términos en que fue presentado. Su posición fue compartida por el juez Ricardo Bustos Fierro. La resolución puede ser apelada. La consecuencia es la continuidad de la investigación penal que incluye a Aramayo Sánchez, imputado por hurto y estafa, y a otras tres personas acusadas de partícipes necesarias de estafa, que fueron los destinatarios de las transferencias efectuadas.
