El foco ya no está solo en el Tribunal como institución, sino en su conducción. El abogado y exfuncionario judicial Roberto Olmedo, quien impulsa distintas acciones judiciales vinculadas a la reforma previsional provincial, dirigió sus cuestionamientos al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y en especial a su presidente Domingo Sesin, por haber promovido el reclamo ante el Gobierno nacional por los fondos destinados a cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones.
El titular del TSJ cordobés fue quien hizo pública la decisión de instar a una junta de tribunales superiores provinciales para exigir al Ministerio de Economía el envío de recursos para las cajas previsionales no transferidas, como la de Córdoba. Para Olmedo, esa definición excede el rol institucional del Poder Judicial y lo coloca en una posición política alineada con el Ejecutivo provincial.
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En un documento titulado “Un Tribunal Superior gestor del Gobierno”, el letrado sostuvo que, al impulsar ese reclamo, el titular del TSJ está dando por válido el déficit previsional invocado por la Provincia, cuestión que hoy se encuentra judicializada. “Si ha decidido reclamarle al Gobierno Nacional que cumpla con la remisión de fondos para así superar el déficit que alega el gobierno provincial, está aceptando con ello, primero que existe tal ‘déficit’ que sólo ha sido declarado y nunca demostrado”, afirmó.
Adelanto de opinión y conflicto de poderes
Olmedo advierte que la intervención del Tribunal —y particularmente de su presidente— se produce mientras se tramitan amparos contra la Ley 11087, que redujo ingresos de trabajadores activos y jubilados bajo el argumento de la emergencia previsional. A su entender, esto configura un “adelanto de opinión” que podría comprometer la imparcialidad del cuerpo.
El abogado también cuestionó el silencio del TSJ frente a un decreto del Ejecutivo que redujo compensaciones salariales a magistrados y funcionarios judiciales, pese a la garantía constitucional de intangibilidad. Recordó que existe un planteo formal presentado ante el Alto Cuerpo sobre ese punto que, según indicó, no obtuvo respuesta.
En su crítica, Olmedo sostuvo que la actuación del presidente del Tribunal implica “una manifiesta falta de respeto institucional” y una intromisión en un conflicto que incluso se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La controversia abre un nuevo frente en la discusión por la deuda previsional y por el alcance de la reforma impulsada por la Provincia. Más allá del debate financiero, el planteo instala una cuestión de fondo: hasta dónde puede —o debe— involucrarse el Poder Judicial en una estrategia política del Ejecutivo sin afectar la división de poderes.
