Fiel a su derrotero histórico, la gestión del servicio de cloacas en Villa Carlos Paz continúa teñida por acusaciones de responsabilidades políticas, y ahora también penales, entre el municipio de la ciudad y la Coopi, que tiene la concesión del sistema.
La semana pasada, la Cooperativa Integral, Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo (Coopi), asistida por los abogados Julio César Martínez y Claudio Orosz, realizó una presentación en la Fiscalía de Instrucción de Carlos Paz, cuya titular es Jorgelina Gómez. En el escrito pidió ser querellante en la causa que se inició en enero último cuando el intendente Esteban Avilés, denunció a la institución por el vertido de líquidos cloacales crudos al lago San Roque, acusándola de ser responsable de su mal estado.
La demanda penal es la expresión máxima de tensión que mantiene Avilés con la cooperativa desde el inicio de su primera gestión, en 2011. Allí quedó planteada la posición del municipio, que la acusó de arrojar diariamente al lago unos “10 mil litros de agua contaminada, con todo tipo de bacterias y parásitos productores de enfermedades peligrosas para la salud de los ciudadanos”. Incluso, le endilgó que los vecinos de Córdoba “están bebiendo” esa agua.
Colofón de esa denuncia fue el pedido de imputación a los integrantes de la cooperativa y la intervención de la planta de tratamientos cloacales para mejorar su funcionamiento.
El expediente quedó radicado, inicialmente, en la fiscalía a cargo de Ricardo Mazzucchi. En febrero, el funcionario designó veedores judiciales -de la Policía Ambiental de la provincia- para efectuar un monitoreo del funcionamiento. Luego, la causa pasó a la fiscal Gómez. Hasta el momento, las inspecciones se realizaron periódicamente durante 45 días.
El municipio solicitó una extensión de los mismos, pero poniendo como condición que se dé participación a veedores de la comuna.
La próxima semana la fiscal Gómez resolverá ambas cuestiones: si la Coopi puede constituirse en querellante y si amplía los controles con nuevos inspectores y, en ese caso, por cuánto tiempo.
Hasta ahora, el expediente tiene a la Municipalidad de Carlos Paz -denunciante- como querellante y también le dio participación al exfiscal Carlos Matheu, titular de la fundación Lucadesa, cuyo objetivo es promover acciones para preservar el ambiente.
Una batalla política. En su reciente presentación, la Coopi rechazó ser la responsable de la eutrofización del lago, es decir el deterioro causado por razones naturalesa las que se agrega la contaminación producida, en especial, por el volcamiento de líquidos sin tratamiento. Con abundante documentación, marcó los hitos en el tiempo desde la constitución de la primera cooperativa mixta de agua (1958) hasta la construcción de la actual planta para tratar líquidos cloacales inaugurada en 2008.
Subrayó con énfasis que en octubre de 1987 el entonces subsecretario de gestión ambiental en la Provincia, Raúl Montenegro, elaboró un informe que determinó que por el estado de la cuenca y la contaminación, el embalse no era apto para uso recreativo. Ello motivó actuaciones judiciales a cargo del por entonces fiscal José María Pérez Villalobos –jubilado como juez federal- quien comprobó la eutroficación del lago y dispuso la prohibición de actividades recreativas.
La reseña incluyó una secuencia detallada de las marchas y contramarchas que demoraron más de cuatro décadas acciones para remediar la calidad del agua del lago, con participación entre otras de Aguas de Bilbao y Electroingeniería.
Con todos los antecedentes enumerados, la Coopi acusó a las sucesivas administraciones estatales, municipales y provinciales y “en especial de quien hoy ejerce la representación ejecutiva de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Esas acciones son claramente conductas penalmente subsumibles en diversos tipos penales”, advirtió finalmente.
