Desde el primer día de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Poder Judicial de Córdoba se esforzó por generar nuevos espacios y herramientas para garantizar el acceso a la justicia durante la pandemia, sin arriesgar la salud de quienes prestan y reciben el servicio.
Nunca se dejaron de atender los asuntos que, por su naturaleza, no admitían dilación. Y, además, se desarrollaron estrategias destinadas a continuar con la tramitación de la mayor cantidad de procesos y actuaciones judiciales posibles durante la emergencia sanitaria.
En esta tarea fue muy importante el papel de la tecnología aplicada a la gestión judicial. El despliegue del expediente electrónico en todas las sedes de la provincia y en casi todos los fueros permitió mantener un nivel de actividad judicial que de otro modo hubiera sido imposible. Además, durante la pandemia, se sumaron nuevos servicios digitales a las plataformas existentes.
En la actualidad, los abogados y otros profesionales relacionados con la actividad judicial, diariamente, pueden notificar, ratificar fianzas y pagar tasas de justicia en línea; presentar poderes, oficios y escritos de manera remota, incluso en expedientes tramitados en soporte papel.
También se habilitó la app “Mi Justicia” para consulta pública de expedientes desde cualquier dispositivo móvil, que está disponible para Android y se descarga de manera gratuita desde Play Store. A través del Sistema de Administración de Causas (SAC), el expediente electrónico, el teletrabajo y la firma digital, durante los primeros 120 días de la emergencia se dictaron 56.729 resoluciones (autos y sentencias), se decretaron 1.074.027 peticiones; se libraron 49.000 órdenes de pago a profesionales y justiciables, y se iniciaron 110.758 expedientes nuevos. Por su parte, la implementación de la herramienta de telepresencia provista por la firma Cisco Jabber permitió concretar miles de actuaciones penales por medio de conexiones multipunto y punto a punto bajo condiciones de seguridad óptimas.
Con el sistema de videoconferencias, el Poder Judicial de Córdoba concretó, en total, 5.773 conexiones virtuales: entre ellas, 937 audiencias penales, 1.302 indagatorias, 592 pericias y 2.597 entrevistas entre defensores e imputados. Incluso, se llevó a cabo el primer juicio con jurados populares desarrollado en Latinoamérica durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En este debate, se conectaron en forma remota y simultánea varias salas de audiencia ubicadas en Tribunales II con el Establecimiento Penitenciario de Bouwer, donde estaban alojados algunos de los imputados.
Asimismo, en todos los fueros y en las oficinas administrativas se concretaron numerosas audiencias remotas y otras comunicaciones, mediante el uso de los recursos tecnológicos disponibles, a fin de continuar con la prestación del servicio.
Compromiso. Todo el personal judicial estuvo afectado, desde el inicio de la emergencia sanitaria, a la prestación de servicio de justicia, ya sea en forma remota o presencial. Por supuesto, quienes pertenecen a grupos de riesgo están eximidos de concurrir a las oficinas judiciales, pero ejercen sus funciones desde su domicilio a través del sistema de teletrabajo.
Cuando el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Córdoba habilitó la reapertura de los tribunales en las distintas zonas de la provincia se comenzó a ampliar en forma progresiva la atención presencial en las oficinas judiciales, con turno previo reservado desde la web, conforme las normas de higiene y bioseguridad dispuestas por la autoridad sanitaria.
En los ingresos a los edificios judiciales se instaló un puesto sanitario, donde se mide la temperatura corporal, se sanitizan las manos y el calzado, además de controlar el uso de tapabocas. Nunca se puso en riesgo la salud de la comunidad judicial ni de los abogados y demás auxiliares de justicia ni del público, en general.
Se trató, por todos los medios, de encontrar un equilibrio entre cuidar la salud y, a la vez, garantizar el acceso a la Justicia. Aún durante una crisis que paraliza al mundo, la Justicia de Córdoba genera alternativas creativas para satisfacer las demandas de la sociedad y se esfuerza por brindar un mejor servicio de justicia, en cada nuevo escenario que la realidad impone.
María Marta Cáceres de Bollati es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia
