El año inició con la reactualización de un polémico tema de agenda pública provincial: la operación de financiamiento de las obras de los gasoductos troncales.
El tema volvió al centro de la escena porque la empresa que actuó como “bookrunner” (co-organizador y co-colocador de los títulos de deuda emitidos), Puente Hermanos, está siendo objeto de un sumario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y enfrenta una denuncia penal por supuestas irregularidades en el cobro de comisiones por operaciones realizadas para diferentes entidades provinciales, que no incluyen a Córdoba. (Ver abajo)
Ante esta situación que enfrenta Puente Hermanos en Buenos Aires, y de modo preventivo, la oposición acaba de presentar un pedido de informe en el que solicita al Poder Ejecutivo provincial “explique la razón por la cual las comisiones por emisión de los títulos de deuda (que financian los gasoductos), para el caso de Puente Hermanos duplican a las asignadas a Banco de Córdoba, siendo que contaron con similares tareas”.
En efecto, el banco provincial ofició “como organizador y eventualmente colocador de los valores negociables, conjuntamente con Puente Hnos. SA”, según explicita el Decreto 1250/16.
Sin embargo, la presentación de la oposición, que en este pedido fue encabezada por el legislador del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros, no se agota en el tema gasoductos. Atendiendo a que Puente ha co-participado también en otras colocaciones encaradas por la Provincia (como la emisión de títulos por US$725 millones, en junio 2016) y por municipios (Ciudad de Córdoba y Río Cuarto, por ejemplo), la oposición exige al Gobierno que transparente otros cinco puntos:
1) Cuáles fueron cada una de las deudas emitidas por el Gobierno de Córdoba en los años 2016 y 2017.
2) Detalle de las empresas privadas o públicas que se han contratado en cada una de las deudas emitidas y las funciones de cada una de estas en los años de referencia.
3) Enumere las tasas porcentuales y comisiones totales abonadas a cada empresa privada o pública en el marco de cada una de las deudas emitidas.
4) Si se ha realizado una licitación o estudio de precios a fin de seleccionar las empresas que se han contratado para emisión y colocación de títulos de deuda.
5) Si se ha solicitado a la CNV informes sobre los antecedentes de las empresas que se contrataron para llevar a cabo la emisión y colocación de títulos.
Según especifica el pedido de informe, “el día 20 de septiembre de 2016, exactamente un mes antes de la licitación de los primeros US$150 millones de deuda tomados para realizar los gasoductos troncales, la CNV elevó una denuncia penal contra Puente Hermanos”, lo cual hace especular a la oposición que “el Gobierno de Córdoba no investiga ni tiene conocimiento de los antecedentes de las empresas con las que realiza negocios”.
Madeja complicada. Si bien la situación que transita Puente Hermanos despertó inquietud en relación con el conjunto de contrataciones que realiza la Provincia en materia de endeudamiento, un tema no menos importante para considerar, a esta altura, es la serie de versiones contrapuestas que salen a la luz a partir de las explicaciones que tanto el Gobierno como la oposición y la propia firma Puente Hermanos ofrecen al argumentar cómo se definió el modelo de financiamiento de los gasoductos.
La investigación realizada por PERFIL CORDOBA, siguiendo la huella de los diferentes documentos públicos y declaraciones vertidas, permite trazar el siguiente rompecabezas:
¿Quién presentó a quién? El Decreto 1250/16 dice textualmente que “la adjudicataria de la obra (Odebrecht) presentó Carta de Financiamiento, proponiendo la emisión de Títulos de Deuda Pública por hasta la suma de U$S260.000.000, en diversas series, con la participación de Puente Hnos. SA y del Banco de la Provincia de Córdoba SA”.
Según se desprende de esta definición, la constructora brasileña propuso la participación de Puente. Es más, consultado al respecto el actual ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa, confirmó que “Odebrecht aportó una propuesta financiera estructurada por Puente Hermanos para Sistemas Regionales que representan aproximadamente un 30% del total”. (Ver columna)
Sin embargo, desde Puente Hermanos, uno de sus directores, Marcelo Barreiro, fue enfático al aclarar ante PERFIL Córdoba que “Puente no tiene nada que ver con Odebrecht. Nuestro cliente no es Odebrecht; el comitente (cliente que encarga la operación) es el emisor de la deuda, o sea, la Provincia”, insistió Barreiro.
“Odebrecht se presentó con una propuesta de financiamiento poco habitual y, extrañamente, el Gobierno la aceptó”, señala el legislador Juan Pablo Quinteros.
Siendo que Banco de Córdoba fue contratado también como organizador y colocador de los títulos de deuda para financiar a los gasoductos, ¿por qué apareció en escena Puente y de la mano de quién? Y más allá de quién propuso a esta firma, la pregunta es ¿cómo benefició este esquema de co-participación de agentes colocadores a los intereses del Estado?
Al trasladarse el cuestionamiento al ministro Sosa, él respondió: “El beneficio para la Provincia de operar con su asesor financiero es que le permite coordinar acciones con el co-organizador y co-colocador a los fines de obtener las mejores condiciones. Gracias a esta articulación – aseguró– es que entre el momento de evaluación de las ofertas y el de colocación de los títulos (que ocurrió en octubre de 2016) la Provincia mejoró aún más la propuesta ganadora, ampliando el plazo de vencimiento de los títulos de 7 a 10 años y reduciendo la tasa de interés desde 9,5% a 7,125% anual”.
Por otro lado, ¿qué comisión se terminó abonando? En la hipótesis oficial de que el “co-working” entre Banco de Córdoba y Puente fue beneficioso, la siguiente inquietud de la oposición es cuánto le costó esta dupla al Estado.
El director de Puente Marcelo Barreiro señaló a este diario que “lo normal es que las comisiones queden amparadas por cláusulas de confidencialidad”.
El Decreto 1250/16 solo especifica los “pagos a favor del Banco de Córdoba” por un monto máximo de U$S3.380.000, distribuido del siguiente modo: comisión por organización del 0,75% del monto total de deuda efectivamente ubicada, y comisión por colocación del 0,55%.
Según advierte la oposición, de la comisión por organización del 0,75%, Puente Hermanos se habría beneficiado con el doble de lo recibido por Banco de Córdoba (0,50% de la empresa colocadora frente a 0,25% que recibió el banco); mientras que a la comisión por colocación (0,55%) se la habrían repartido en partes iguales.
Pero, además, Puente ofreció un préstamo al Gobierno ($200 millones) para que Odebrecht pueda iniciar las obras, previo a la toma de deuda. Sobre este particular, el ministro Sosa asegura que se pagó a Puente en base a una fórmula que incluye rendimiento de los Bonar 17 más el 3%. “El Bonar es un bono que tenía el Tesoro nacional y cuyo rendimiento fue el utilizado para fijar el costo que devengaría el préstamo puente. Al 15 de julio de 2016, dicho costo ascendía a 6,5% anual”, aclaró el funcionario.
Situación de Puente ante CNV y Justicia. En Córdoba, la reactivación de agenda con relación a la participación de Puente Hermanos en operaciones de colocación de deuda se desencadenó porque con fecha del 26 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Valores hizo público el inicio de un sumario que instruyó a la empresa.
La CNV tomó esta decisión tras una profunda investigación realizada por la Subgerencia de Monitoreo de Mercados de ese organismo, según la cual la Comisión deduce que “la firma habría incurrido prima facie en un accionar defraudatorio” en perjuicio de cuatro inversores institucionales provinciales: el Fondo de Garantías de Buenos Aires (Fogaba), el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Economía de Formosa y el Fondo Fiduciario Provincial de Formosa (Fonfipro).
Estas operaciones se realizaron en 2015; las investigaciones iniciaron en agosto de ese año y tras la recopilación de la información vinculada, el directorio del organismo, en septiembre de 2016, presentó una denuncia penal conformada por la presunta comisión de los delitos de defraudación y estafa, ante la Cámara Criminal y Correccional (causa N° 55.909/2016), Juzgado Criminal de Instrucción N° 1, Fiscalía N° 22. La Justicia aún no se expidió al respecto.
El tema volvió a emerger en este comienzo de año porque, en forma paralela a la causa judicial, la CNV comenzó la sustanciación de un sumario interno e hizo público los fundamentos en su website.
Las operaciones investigadas se realizaron en el Mercado Abierto Electrónico, en el segmento de negociación bilateral, con “comisiones implícitas” de entre 2,60% y 3,19%.
La Subgerencia de Monitoreo se planteó como interrogante por qué inversores institucionales (todos relacionados a la esfera pública), que realizaban operaciones por cifras millonarias, debían enfrentar comisiones tan elevadas que se apartaban de las vigentes en el mercado (“sobreprecios del 1.400%”, advierte la Comisión).
Consultado al respecto, el director de Puente, Marcelo Barreiro, argumentó que en ese segmento de negociación “no se opera con comisiones sino con spread (diferenciales de precio), que no están regulados”.
Al hacerlo de esta forma ¿se protegieron o violentaron los intereses de los comitentes? ¿Los comitentes actuaron con desconocimiento o connivencia? Esto deberá dilucidar la Justicia. De por medio está el resguardo de fondos de interés público.
LA VOZ DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA:
"LA OFERTA DE PUENTE FUE LA MEJOR DE LAS PRESENTADAS"
Por: Ricardo Sosa, Ministro de Obras Públicas y Financiamiento
La Provincia realizó una licitación pública internacional (61/2015) cumpliendo todas las normativas legales que prevé tal proceso, el cual se inició el 27/4 del año 2015. Las ofertas se presentaron el día 27/10 del año 2015 y 09/12/2015 respectivamente para el sobre con la postulación de las empresas y el sobre con las propuestas económicas y su respectivo financiamiento.
Este proceso licitatorio se dio en un momento en el cual la República Argentina se encontraba culminando la gestión de Kirchner y estaban cerrados todos los mercados financieros y de capitales internacionales. Es por ello que la Provincia llamó a licitación con la obligación de provisión de financiamiento por parte de los oferentes.
En dicho proceso participaron 10 oferentes, conformados por distintas empresas y uniones transitorias de empresas. Muchos fueron los agentes financieros e instituciones financieras que acompañaron a estas empresas, tales como el Exim Bank, BACS (Banco de Crédito y Secutirización), Banco Finansur, Puente Hermanos, Banco ICBC, BDO Finanzas Corporativas, HSBC, entre otros.
Dichas empresas ofrecieron distintas alternativas de financiamiento, y la comisión evaluadora revisó las ofertas y ponderó el financiamiento ofrecido en cada una de las propuestas. En seis sistemas regionales de gasoductos resultó adjudicataria la firma Odebrecht que aportó una propuesta financiera estructurada por Puente Hermanos para los Sistemas Regionales de Gasoductos Centro, Ruta 2, Punilla 2, Anillo de Córdoba, Oeste, Sureste. Todos estos representan aproximadamente un 30% del total del Programa de Gasoductos Troncales. En el 70% restante resultaron ganadores 2 Uniones Transitorias de Empresas que ofrecieron financiamiento internacional.
Como elemento sobresaliente de la propuesta financiera de Puente Hermanos constan la inclusión de dos préstamos puente a ser cancelados al momento de la colocación definitiva de los títulos: US$ 5 millones ofrecidos por Odebrecht y $ 200 millones ofrecidos por Puente Hermanos.
El criterio de adjudicación previsto en los pliegos fue el Valor Presente Neto (VPN), el cual tiene la característica de poder combinar en un único indicador el precio y la financiación ofrecida por cada empresa.
El transparente proceso de licitación llevado a cabo garantizó que el costo total para la Provincia fuera el mejor para esta operatoria. Esto se debe a que al analizar el VPN (incluye en su cómputo tasas, comisiones, gastos, plazos, créditos puente) se garantiza encontrar la mejor de las alternativas. Así, resultó ser la oferta de Puente Hermanos la mejor de todas las presentadas.
Puente Hermanos, en virtud de tal licitación, actúa como co-organizador y co-colocador de los títulos de deuda en el mercado de capitales. En dicho proceso, la Provincia solicitó que su asesor financiero, que es el Banco de la Provincia de Córdoba, opere como co-organizador y co-colcador, a los fines de lograr las mejores condiciones financieras para la Provincia.
Es válido mencionar que toda esta operatoria fue aprobada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, que otorgó autorización de endeudamiento por la operación, el 11 de octubre de 2016.
La emisión del Bono fue la primera que hizo una provincia argentina en el mercado local de capitales, luego del default de Argentina de 2014. Allí, Córdoba obtuvo la tasa más baja que había obtenido una provincia hasta ese momento.
