La discusión por el federalismo y por una distribución equilibrada de los fondos que Nación envía a las provincias estuvo prácticamente ausente durante la campaña. Si bien fue uno de los ejes del candidato y gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, si magra performance electoral limitó esos mensajes hasta la primera vuelta. Ninguno de los espacios que definirán hoy la presidencia tomó parte de esa discusión.
La falta de federalismo y la concentración de recursos en pocos distritos no es un tema menor, ya que no sólo genera asimetrías presentes y otorga asistencias a algunos ciudadanos en lugar de a otros, sino que también impacta hacia el mediano y largo plazo. Con menos recursos algunas regiones y localidades del país tienen menos capacidad de generar infraestructura y su desarrollo se ralentiza, mientras avanza en otras zonas.
Parte de esto detectaron un grupo de economistas cordobeses que trabajan en el Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo (Cesid) que analizaron la distribución de algunos planes sociales de fuerte impacto gestionados por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y encontraron muchas asimetrías en ese reparto.
Los economistas Nicolás Quaglia, Noelia Aguilar y Diego Rodríguez De Marco analizaron los gastos sociales destinados a transferencias por parte del Ministerio de Desarrollo Social para el año 2024 que se detallan en la Ley de Presupuesto 2024. Buena parte de esos gastos se concentra en dos programas: el Programa Potenciar Trabajo, y el Sub Programa Prestación Alimentar, antes llamado Tarjeta Alimentar. Entre ambos explican el 89,8% del gasto asignado del ministerio para el próximo período.
El total de gastos destinados a transferencias será de 3.290.249 millones de pesos para 2024. Y según el análisis del Cesid el 52,1% de este gasto se destina a la provincia de Buenos Aires y CABA, y el 47,9% se ejecuta en el resto del país. “Cabe destacar que la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, recibe el 8,1% del total de transferencias destinadas a acción social”, apuntan.
Potenciar Trabajo. Yendo a los programas y su distribución se tiene que el “Potenciar Trabajo” tiene asignado el 53,4% del gasto total del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente a 1.272.522 personas beneficiarias para el 2024. Y la distribución por ubicación geográfica mantiene la concentración observada para los años precedentes, donde la Provincia de Buenos Aires contiene casi el 50% del total, y la Ciudad de Buenos Aires tiene el 4,6% de las personas beneficiarias. En estas dos jurisdicciones se concentra el 54,5% de las transferencias correspondientes al programa. Tucumán es la segunda provincia del ranking, con el 5,4% del total asignado para el programa.
“En campaña se habló mucho sobre hacer una Argentina federal y se prometen muchas cosas pero en el Presupuesto es dónde se ve cómo se ejecutaría el gasto el gobierno nacional y ahí es donde vemos que no hay modificaciones. Algo que vemos en Aysa o en el transporte de pasajeros para trenes y ómnibus. En líneas generales se mantiene esa estructura de concentración de subsidios en el Amba. Y en el caso del gasto social pasa lo mismo, con el agravante de que no hay criterios específicos u objetivos o de necesidades básicas insatisfechas, población u otro registro”, describe Nicolás Quaglia a PERFIL CORDOBA.
Potenciar Inclusión Joven. Tiene un alcance en cantidad de personas mucho menor al Potenciar Trabajo, y en el presupuesto 2024 se proyecta alcanzar a 60.000 de personas beneficiarias. En este programa, la gran mayoría de los beneficiarios se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, representando el 61,5%. Si se suma CABA, que contiene el 3,4% de beneficiarios, el total en esa zona geográfica asciende a 65% del total.
Tarjeta Alimentar. Asistirá en el 2024 a 2.340.000 titulares de beneficio, con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria a familias que se encuentran en extrema vulnerabilidad. Allí, la concentración de recursos en Amba es menor: entre provincias de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires se distribuye el 40,2% de los fondos.
Para los investigadores la mayor falencia en la gestión de estos recursos es la falta de un criterio claro y en todo caso prevalece un manejo discrecional de los recursos, sin tener en cuenta los índices de necesidades básicas insatisfechas, desempleo u otros indicadores.
“No hay criterio definido. El gasto social lo ejecuta principalmente el Ministerio de Desarrollo Social y los dos grandes programas son la Tarjeta Alimentar, que ahora se llama Prestación Alimentar y el Potenciar Trabajo. Entre los dos ocupan el 90% del gasto y cuando uno mira la composición del gasto por distribución geográfica vemos que provincia de Buenos Aires concentra el 50% del gasto de Potenciar Trabajo, pero el 37% de la Tarjeta Alimentar. Si hubiera un criterio de pobreza o de NBI tendríamos valores similares. No hay criterios”.
Volviendo al programa Potencia Trabajo, si se analiza su distribución por cada 1000 habitantes se tiene que Córdoba es una de las jurisdicciones que menos beneficiarios tiene. Capta el 3,6% de los recursos, pero mientras en Buenos Aires 36 personas cada 1000 son beneficiarias en esta provincia ese valor baja a 11.
“Mirando números reales hay mucha concentración en Buenos Aires. Vemos que todos estos programas sociales son manejados con mucha discrecionalidad y son las organizaciones sociales las que administran buena parte de estos programas, dependiendo del lugar donde tengan más fuerza o incentivos para canalizarlos. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo social que se maneja para transferencias es de 3,2 billones, los valores nominales cambian, pero en cantidad de beneficiarios viene más o menos consolidado desde 2021. Está proyectado 1,3 millón de beneficiarios para el Potenciar Trabajo. Eso no ha cambiado y no ha cambiado la falta de criterio. En ese sentido hay una continuidad y es lo mismo que pasa con el manejo de subsidios”, dice Quaglia.
-¿A qué atribuyen la falta de criterio y la discrecionalidad en el manejo de fondos?
-A ver, lo que nosotros planteamos es que esta época de crisis social, política, económica, es un buen momento para poner sobre la mesa aspectos centrales que hacen al desarrollo. Y el federalismo es un aspecto que es transversal a todas las políticas públicas y tiene que ponerse en agenda en este momento. Cuando uno mira a través de la lupa del federalismo cómo se manejan las políticas públicas encuentra asimetrías por todos lados. Cuando se discute sobre los recursos de Vaca Muerta o del litio siempre se habla en términos nacionales, pero no tanto sobre dónde deberían ir las ganancias. ¿Van a seguir subsidiando al Amba o van a ir al interior permitiendo su desarrollo o en los lugares dónde se produce? Esa discusión no está presente y genera un movimiento de incentivos y de desincentivos muy importante para que los recursos y las inversiones se concentren en algunas provincias en detrimento de otras.
