Gonella: “Estaba a favor, pero creo que el procurador general no debe ser vitalicio”

En su teléfono personal Carlos Gonella se presenta con una palabra aymara: Utcatha, concepto filosófico con el que Rodolfo Kusch explicó la cosmovisión aborigen americana del “estar” en el mundo, opuesto al “ser” occidental. Este abogado nacido en Oliva, provincia de Córdoba, hace 42 años, ingresó por concurso a un cargo en el Fuero Laboral del Poder Judicial de Córdoba en el 2000. Cuatro años después se incorporó como relator al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de nuestra ciudad y asumió diferentes funciones hasta que llegó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en diciembre de 2012, convocado por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Permaneció hasta mayo de 2016. Rindió un concurso y fue designado, con acuerdo del Senado, fiscal federal en Formosa; aunque inmediatamente, concluida su función en la Procelac, fue trasladado a la Fiscalía General 2 ante los Tribunales Orales de Córdoba, donde trabaja en la actualidad. Cuando nadie hablaba de coimas o lavado de dinero, investigó a Alejandro Burzaco, de TyC Sports, e incluso al exvicepresidente Amado Boudou. Dos jueces federales de Comodoro Py dictaron procesamientos en su contra. Esta semana Gonella fue indagado en el juzgado de Claudio Bonadío, donde está imputado por violación de secreto a raíz de la denuncia de la jueza porteña Gabriela Lanz. Pero además, es investigado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por prevaricato. Se le cuestiona apartar de la investigación de “La Rosadita” al empresario Lázaro Báez. En su defensa, esgrime que esa causa solo estuvo 48 horas en la Procelac. Esta semana recibió a PERFIL CORDOBA. No escatimó definiciones, algunas llamativas, como su cambio de posición respecto a la permanencia de los procuradores generales en su cargo. 

—No tengo una opinión formada. Hasta ahora estaba a favor del cargo vitalicio, teniendo en cuenta que los jueces de la Corte lo son y el Procurador tiene el mismo carácter. Creo que en un sistema republicano ninguna autoridad pública debería ser vitalicia, sino sometida a las reglas de la periodicidad, incluso con injerencia del pueblo en la elección de esas autoridades. En un principio estaba a favor del cargo vitalicio como una forma de garantizar la autonomía. Pero ahora, con todo el debate que se dio, creo más en un esquema de cargo temporal que no coincida con los períodos de los gobiernos de turno, justamente para garantizar autonomía. 

—Son varias las personas alcanzadas por esta cláusula. El mecanismo de traslado de fiscales a una jurisdicción distinta por la que juraron está prevista desde 1998 con la primera Ley Orgánica. El artículo 15 establecía que ningún fiscal puede ser trasladado sin su consentimiento y sin aprobación del área jurídica. A lo largo de la historia, la procuradora que menos traslados efectuó fue la doctora Gils Carbó. Quienes más movimientos produjeron fueron Esteban Righi y Nicolás Becerra. Por eso, esta cláusula transitoria vulnera derechos adquiridos de todas las personas que fuimos trasladadas legalmente por la procuradora Gils Carbó.

 —Usted tiene dos procesamientos, ¿se siente perseguido por algunos jueces por su cercanía con Alejandra Gils Carbó? 

—No. Las causas que se generaron en mi contra tienen algunos años. Creo que tienen que ver con las tensiones internas dentro del Poder Judicial de ese momento por innovaciones propias de la gestión de la procuradora general. Ella revolucionó el Ministerio Público. Esto no significa una crítica a las autoridades anteriores, porque Righi fue un procurador muy comprometido, sobre todo con los juicios de lesa humanidad desde 2004 a 2008. Gils Carbó, formada en otra área del Derecho, modernizó el Ministerio Público, creó las procuradurías temáticas para mayor eficiencia, definió políticas criminales en violencia de género y lavado de dinero. Eso, creo, generó algunas molestias y en ese momento se abrieron esas causas. No me siento un perseguido por esto. Ninguna tiene sustento. 

—No. Jamás. Nunca recibí presiones de ninguna autoridad política ni judicial en el ejercicio de mis funciones. Jamás un llamado telefónico o un mensaje indirecto para actuar o dejar de actuar. Siempre me manejé con absoluta autonomía y libertad de criterio. 

—Tampoco recibí presiones, pero cuando uno escucha a legisladores o autoridades políticas de este Gobierno hacer consideraciones sobre mi persona, evidentemente hay un contexto. 

—Sucede siempre. Cuando un Gobierno deja el poder, se activan las causas contra funcionarios denunciados de ese Gobierno. 

—La Justicia tiene que ser independiente para investigar al poder, no solo cuando deja el cargo, sino cuando forma parte del Gobierno. Mientras estuve en la Procelac, nosotros participamos de la investigación en contra del vicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito. Este es un ejemplo de que tuve independencia de criterio. Nosotros denunciamos a varios funcionarios del Gobierno anterior. Pero cuando el poder se está ejerciendo con cargos en el Estado se hace difícil porque esos funcionarios no se van a autodenunciar, es más difí- cil que suceda. Entonces, las causas vienen por opositores políticos, investigaciones de prensa. Es difícil investigar al poder que se está ejerciendo. Al poder económico siempre es difícil, independientemente de las coyunturas políticas, porque tiene mucha capacidad política para hacer lobby. 

 —Evidentemente sí. Desde el menemismo se ha visto el fenómeno de algunos magistrados que son permeables a este tipo de injerencias, porque también responden a determinados intereses.