La denuncia judicial sobre inconsistencias en la cantidad de armas de la Policía de Córdoba presentada por el abogado Marcelo Touriño tiene como base un inventario realizado entre 2016 y 2017 por la División Armamento y Equipos de la fuerza de seguridad provincial.
Durante la feria invernal, la fiscal a cargo de Anticorrupción, Milagros Gorgas, puso en marcha la investigación. La funcionaria comenzó a tomar testimonios para profundizar sobre el contenido de aquel informe fechado el 24 de noviembre del año pasado.
Hay dos aspectos que evidencian la gravedad del tema. Por un lado, el desorden en un área sensible como es la que administra las armas policiales, y por el otro, la inacción y, quizás, la decisión deliberada de ocultar la situación.
El trabajo de la División Armamentos comenzó luego de que estallara, en octubre de 2015, la desaparición de un lote de 72 armas desde el depósito del edificio central de Jefatura. A partir de allí, no solo se inició una investigación penal que hasta ahora arrojó pocos o nulos resultados. La mayoría apareció en hechos delictivos. El más resonante fue el caso de la muerte de un efectivo por el fuego de una pistola policial robada, como ocurrió en el asalto de Nueva Córdoba, donde falleció el agente Franco Ferraro.
PERFIL CORDOBA accedió al documento que refleja el relevamiento realizado, la situación hallada y las recomendaciones para que “la superioridad disponga”. La tarea de la División Armamentos se inició el 30 de octubre de 2015 y se desarrolló a lo largo de 2016 y 2017 hasta que el 24 de noviembre del año pasado se elevó a la jefatura de la Policía el informe final. Consistió en un relevamiento integral que pretendió llegar a todas las dependencias de Capital y el interior, aunque se topó con varias dificultades.
En el tercer párrafo del informe se lee la conclusión principal: “Dicha tarea a la fecha arroja una inconsistencia en el inventario de aproximadamente 1.500 armas, entre cortas y largas, además de 1.744 efectivos en condiciones de portar armas, pero sin armamento reglamentario informado”. Es posible que, cuando el subjefe de la Policía, Gustavo Folli, salió a relativizar las irregularidades y dijo que no faltaban sino que sobraban 1.700 armas se haya referido a la cifra que había sido entregada y no registrada en esa condición.
Otros de los puntos contenidos por el documento hacen referencia a ejemplos de las inconsistencias. En diciembre 2016 el Servicio Penitenciario informó que contaba con 120 fusiles FAL en préstamo y en marzo siguiente devolvió 61 armas largas. No había registro previo de que esos elementos habían sido consignados a la fuerza. Otras cuestiones informadas fueron armas registradas con número de serie incompleto y algunas referenciadas desde comisarías, cuya entrega no se había anotado. En el transcurso del trabajo realizado se implementó un nuevo sistema de provisión de armamento -designado por la sigla SiGeaRe- para registrar el ingreso y egreso de todo equipo policial, armas, chalecos, cascos y escudos.
Depósito colapsado. Según el informe se trataba del área “que tenía más problemas y trabajo pendiente”. Había gran cantidad de armas en desuso o no aptas para provisión y otras de reparación inviable. Con la Agencia Nacional de Materiales Controlados se destruyeron 12.150. En depósito se relevaron 9.500 chalecos antibalas vencidos.
¿Es posible saber cuántas armas hay? El relevamiento determinó que hasta noviembre del año pasado había en total 17.790, de las cuales 15.832 son armas cortas y 1.958 largas. Apenas asumido, el nuevo secretario de Seguridad, Alfonso Mosquera, brindó cifras diferentes. Señaló en declaraciones a la prensa que en la actualidad la Policía de Córdoba cuenta con 25.705 armas, de las cuales casi 2.500 están en poder de la Justicia. Lo que sí parece una certeza es que no se pudo determinar con precisión cuántas son las armas. Después de dos años de trabajo, la recomendación que figura en el documento señala la necesidad de continuar trabajando para individualizar las armas existentes y buscar las que no se sabe dónde se encuentran.
DALMA CONTINUARA INVESTIGANDO AMENAZA A TESTIGO
Uno de los testigos que declaró en la causa iniciada a raíz del informe policial aseguró que antes de ir a Tribunales a prestar testimonio fue amenazado desde un auto con vidrios polarizados. La fiscal Gorgas tomó nota de lo relatado y se abrió una causa en la fiscalía de feria, a cargo de Rubén Caro.
El funcionario conformó un equipo con la Dirección de Investigaciones Operativas (DIA) que depende de Policía Judicial para investigar lo sucedido. Desde el viernes ese expediente continúa su curso a cargo del fiscal Gustavo Dalma.
