Hay planteos contra las audiencias virtuales en los procesos judiciales

La virtualidad en los procesos judiciales ha generado una discusión subterránea entre operadores de la Justicia a partir de los cambios a los que obligó la pandemia y la consecuente emergencia sanitaria. Apenas se inició la cuarentena, se admitió que algunos de esos cambios habían llegado para quedarse, pero a medida que se fueron implementando comenzaron a surgir algunos cuestionamientos que, poco a poco, se van plasmando en planteos de nulidad.

Se detectaron, particularmente, en los fueros Laboral y Penal. En cada caso, por razones y con argumentos diferentes.

En el fuero Laboral el inconveniente se planteó en los casos donde no hay acuerdo entre las partes y en los que los jueces no puedan asistir en forma presencial al edificio de Tribunales.

Según la modalidad consensuada -no reglamentada- a partir del 3 de agosto, los jueces que no pueden trabajar en Tribunales por integrar grupos de riesgo dirigirán las audiencias desde sus domicilios particulares, sólo irá el testigo a la sede judicial, mientras las partes estarán en los respectivos estudios de sus abogados. Es decir que habrá una conexión entre cuatro sitios diferentes: tribunales y los domicilios del magistrado y de los estudios jurídicos que patrocinen a demandantes y demandados.

Según un sondeo que realizó PERFIL CÓRDOBA entre las salas de la Cámara del Trabajo, no todos los magistrados accederán a dirigir las audiencias en forma remota. Los críticos de esta modalidad observan que se pierde la inmediatez y el contacto visual entre las partes, generando una limitación en sus criterios para resolver los litigios. “No es lo mismo dirigir una audiencia con las partes presentes que hacerlo a través de una pantalla”, comentó una fuente.

Hasta ahora se utilizó el mecanismo de video llamada para los casos en que hubo acuerdo entre las partes y solo debía ser ratificado por el juez.

Una decisión pendiente. Ya hay un planteo que deberá ser resuelto por la Cámara. El abogado Oscar Luque se opuso a la recepción de testimonios en un juicio por exclusión de tutela sindical a una trabajadora, delegada gremial. La empresa le aplicó una sanción y pretende que le quiten los fueros.

El juez de Conciliación habilitó el proceso pero resolvió que se tomen los testimonios por video llamada. Intimó al abogado a aportar no solo identidad y domicilios de testigos, sino también sus números telefónicos.

“He planteado mi desacuerdo porque se pierde la inmediatez, el juez no puede apreciar en forma directa el testimonio y sacarse las dudas. Si se brinda en forma presencial, puede observar si titubea, los gestos que hace y así garantizar que el testimonio no está guionado”, explicó.

En este caso concreto, la mayoría de los testigos son empleados jerárquicos de la empresa y hacerlos declarar por teléfono genera dudas al letrado.

Además, sostuvo que él no está en condiciones de garantizar la posibilidad y calidad de la comunicación de cada uno de los citados. En este sentido, el letrado planteó la alternativa de que en las circunstancias actuales, al menos los testigos, podrían ser convocados al edificio de Tribunales y con presencia de un técnico o funcionario puedan declarar con las debidas garantías.

El planteo de Luque está a consideración de la Cámara que aún no resolvió.

En el fuero Penal, la prohibición de traslados de los detenidos desde y hacia las cárceles hizo que los acusados no estén presentes en el desarrollo de los juicios. En los dos procesos más resonantes se hicieron planteos por este hecho y, en un caso -por el asalto de Nueva Córdoba-, hubo resolución de la Cámara 4° del Crimen. El viernes último se dieron a conocer los fundamentos.

En tanto, en el juicio al exintendente de Pilar, Diego Bechis, y exfuncionarios y concejales de esa ciudad, uno de los defensores pidió al tribunal que lo juzga que declare nulos los testimonios y la prueba incorporada a partir del reinicio del juicio oral, después del receso extraordinario por la pandemia.

El abogado consideró que habían pasado más de 15 días desde que se suspendió el debate, antes de que se decretara la cuarentena en nuestro país. La Cámara 10° del Crimen que lleva adelante el debate postergó la resolución del planteo para el momento de la sentencia.

FIJARON CRITERIO EN EL JUICIO POR EL ASALTO DE NUEVA CORDOBA

El 11 de junio, cuando se reinició el juicio por el trágico asalto de Nueva Córdoba, Carlos Hairabedian, defensor de Ariel Rodríguez Murúa, planteó la nulidad de la audiencia.

“Entre otros motivos -explicó el abogado- por violación al principio de inmediación”. Y se explayó: “Al no encontrarse los imputados en la sala donde se realiza el juicio oral y estar subordinados a un seguimiento por video conferencia, con múltiples fallas técnicas respecto a la transmisión, se viola el derecho de defensa, lo que se agrava aún más al no ser público el debate y desaparece el control republicano de los actos judiciales”.

Hairabedian también aludió a lo que considera “interferencia” del Ejecutivo sobre el Poder Judicial porque las condiciones en que pueden realizarse los debates, el número de personas que pueden estar presentes, por ejemplo, lo autoriza el COE, que es un órgano administrativo.

El tribunal rechazó el planteo y dio sus fundamentos el viernes pasado. Los jueces reconocieron que el juicio debe ser oral y público. Y deben imperar “los principios de inmediación, concentración, contradicción, presencia e identidad física del juzgador, y el de la elaboración personal de la decisión. Todas y cada una de las características del juicio han sido respetadas”.

Al fijar criterio, explicó que jueces y jurados estuvieron presentes “para recibir en forma directa, sin delegación y sin pérdida de continuidad alguna, todos los elementos de prueba propuestos por las partes”. De esta forma “se dio cumplimiento con el principio de presencia e identidad física del juzgador”.

Explicó que también estuvo presente la contradicción “ya que se garantizó la presencia de los interesados”. “Ello permitió que la producción e incorporación de la prueba en la audiencia pública garantizara su conocimiento y controversia de todos los sujetos del proceso, quienes formularon todas las preguntas, interrogatorios u observaciones que estimaron útiles a las pretensiones que cada uno de ellos representaban, en posición vigilante y palpando de primera mano la manera cómo los demás realizaban esa misma labor”.

Los detenidos siguieron el juicio desde Bouwer y los imputados con prisión domiciliaria, desde una sala contigua. En la sala de audiencia estuvo el tribunal, fiscales y defensores.

No conforme con ello, Hairabedian anticipó que “ante los fundamentos de la condena, presentaré un recurso de casación, no solo por esta grave situación sino también por otros motivos”, anunció el defensor, refiriéndose al procedimiento policial irregular, alteraciones en la escena de los hechos, la desaparición del arma que asesinó al cabo Franco Ferraro y la forma en que se movieron las autoridades de Seguridad provincial.