“Hay una regla de oro: la Justicia no toca a ningún funcionario del PJ”
El líder de la Coalición Cívica en Córdoba asegura que en el caso de las muertes de los bebés en el Neonatal, la Justicia debe apuntar también a los funcionarios de más alto rango, entre los que apuntó al ministro de Salud, Diego Cardozo. “Estamos esperando que avance la investigación para pedir el juicio político del ministro”, sostuvo. Recordó la denuncia que presentó contra el actual ministro en 2018.
RESPONSABILIDADES. Hernández Maqueda considera pedir el juicio político contra el ministro Diego Cardozo, a quien había denunciado en 2018. |
CEDOC PERFIL
Gregorio Hernández Maqueda, presidente de la Coalición Cívica-ARI en Córdoba sostuvo que las primeras decisiones que adoptó el fiscal Raúl Garzón en el marco de la causa por la muerte de los bebés que murieron en el Hospital Neonatal entre marzo y junio de este año “siguen un patrón que ya conocemos en Córdoba: no se toca al poder político. Nunca hay una imputación contra un funcionario del PJ”.
En ese sentido, precisó que la fuerza que encabeza analizará cómo continúa la investigación para adoptar decisiones, “en torno a la figura del ministro de Salud, Diego Cardozo. Creemos que la responsabilidad es total, pero por ahora la Justicia no parece estar apuntando en ese sentido”.
Hernández Maqueda añadió que uno de los aspectos que mayor preocupación debe generar en el caso del Neonatal es la falta de información “clara y contundente” desde el primer minuto. “”Si la información se hubiera compartido en tiempo real con la sociedad, muchas madres podrían no haber asistido al Neonatal. Al menos hasta que la situación quedara un poco más clara”, precisó. Y añadió: “Por el contrario: la orden, una vez más, fue la misma con que se viene manejando el ministerio de Salud, que es el silencio absoluto”.
Denuncia en 2018. Hernández Maqueda basó sus dichos en un hecho que aconteció en 2018 y del que este medio se hizo eco. En aquella oportunidad, Hernández Maqueda denunció a Cardozo, por entonces titular de la Secretaría de Servicios Asistenciales, por un memorando (Nº 2/2018 del 16 de marzo) en el que el Ministerio de Salud prohibía a los directores de los hospitales de Capital e interior hablar con la prensa sin autorización previa. La denuncia recayó en la Fiscalía de Distrito 1 Turno 6, a cargo de José Bringas.
“Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público son los presuntos delitos por los que se pide investigar al funcionario”, se publicó en aquel momento.
En la nota en cuestión emitida desde el Ministerio se afirmaba que “en caso de no cumplir con las directivas ministeriales encomendadas, quedarán a disposición de posibles sanciones. “Hoy, la realidad es la misma: el silencio es lo que imperó en este caso, más allá de que estaban enterados desde el comienzo”.
