Impulsan juicio por trata de adolescentes a pesar de que la causa durmió 14 años
Se tramitó en una fiscalía federal de Bell Ville. Hace unos meses, la causa se reactivó y en abril de este año fue elevada a juicio. La causa inició en 2008 y la fiscal (jubilada) María Mercedes Pérez de Sorribes la mantuvo inactiva durante más de una década.
NOEL COSTA. La jueza afirmó que no procede la prescripción, a pesar de que los hechos ocurrieron hace 14 años, porque las víctimas eran menores de edad. |
Fino Pizarro
En agosto de 2008, un policía advirtió que de una whiskería ubicada sobre Ruta 9, entre Oncativo y Manfredi, salía un grupo de chicas que, por la contextura física, podían ser menores de edad. Les pidió sus documentos y le dijeron que habían quedado en el local donde trabajaban. Terminaron reconociendo que eran menores.
Así comenzó la investigación por la que están acusadas tres personas: Mirta Argañaraz (60), una mujer con residencia en Salta que se sospecha reclutaba jóvenes para enviar a prostíbulos de diferentes ciudades del país; Aldo Manuel Acuña (67), y Adriana Raquel Canevari (61) quienes regenteaban una whiskería ubicada sobre la Ruta 9, entre Oncativo y Manfredi.
La investigación quedó radicada en la Fiscalía Federal de Bell Ville, mientras estuvo a cargo Mercedes Pérez de Sorribes, actualmente jubilada. En casi 14 años la fiscal prácticamente no movió el expediente. Es decir, el sistema judicial captó la situación de vulnerabilidad de las menores pero luego las olvidó.
A fines del año pasado se advirtió la existencia de la investigación cajoneada. El fiscal interino de Bell Ville, José María Uriarte, en abril último firmó el requerimiento de elevación a juicio, confirmado por el juez Sergio Pinto. Así, llegó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba.
El delito de trata prescribía a los 12 años, según la legislación del momento de los hechos. En este caso habían transcurrido 14.
CARLOS GONELLA. El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal 2 convocó a la Protex para que tuviera participación en el juicio a tres tratantes de menores.
La vocal del TOF2, Noel Costa, corrió vista al fiscal general Carlos Gonella, quien convocó a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Emitió un dictamen rechazando la prescripción por la edad que tenían las víctimas en aquel momento: S.D.M. y V.J.L. tenían 15 años y J.R.R. había cumplido 18.
Finalmente, la jueza Costa resolvió citar a juicio a los tres acusados y fijó fechas de audiencias para el 4 y 13 de noviembre próximos.
Fundamentos. La magistrada consideró que el delito de trata estaría configurado en perjuicio de personas menores de edad, “víctimas singularmente vulnerables que merecen una especial protección a la luz del sistema convencional con jerarquía constitucional”.
Mencionó las leyes 26.705 de 2011, relativa a la prescripción de los delitos sexuales contra menores, y la ley 27.206, de respeto de los tiempos de las víctimas sancionada a fines de 2015, que suspende ese plazo hasta la mayoría de edad de la víctima y se extiende el inicio del proceso hasta que pueda formular la denuncia.
Si bien ambas normas son posteriores al hecho ocurrido en 2008, la sanción no hizo más “que ratificar lo ya existente en el ámbito internacional, que ha sido refrendado por el Estado argentino y cuyo cumplimiento resulta obligatorio para el mismo y por lo tanto para todos los operadores judiciales, quienes debemos armonizar el régimen de la acción penal con el Derecho Constitucional y Convencional existente al momento del hecho”, afirmó Costa.
Basándose en los tratados internacionales con rango constitucional en nuestro país, consideró que no se puede declarar extinguida la acción penal por prescripción.
Qué dice la acusación. El requerimiento de elevación a juicio estableció que Mirta Argañaraz habría reclutado a las adolescentes en Orán (Salta) y las ofreció a quien regenteaba el cabaret para que ejercieran la prostitución. Ellas llegaron engañadas. Les explicaron que el trabajo consistía en acompañar a clientes a tomar una copa; en la práctica terminaron obligándolas a mantener relaciones sexuales con ellos.
Fueron traídas desde Salta en un transporte privado y en una parada del viaje una de ellas se comunicó con una amiga de su padre. Les quitaron los teléfonos personales y las golpearon.
Ya en Oncativo, comenzaron a trabajar en la whiskería bajo las órdenes de Acuña y Canevari. Cuando se negaban a mantener relaciones sexuales con los clientes, las medicaban con ansiolíticos y estupefacientes. No tenían días libres ni durante los fines de semana ni en feriados. Trabajaban de lunes a lunes, entre las 21 y las 5 de la madrugada.
Acuña y Canevari les cobraban a los clientes y al cabo de la semana les entregaban un exiguo porcentaje. Las adolescentes vivían en las mismas habitaciones donde trabajaban. No podían tener amigos ni entablar vínculos con personas del lugar. Tampoco podían salir.
Al indagar sobre situaciones anteriores, se tuvo información de que, desde Salta, Argañaraz había enviado a una de ellas a trabajar a prostíbulos en Santa Rosa, La Pampa; Río Gallegos en Santa Cruz, y a Bahía Blanca. Era la pareja de su hijo, es decir su nuera.
Como eran menores, Argañaraz conseguía DNI de otras mujeres mayores y las hacía viajar con identidades falsas. La acusación que enfrentan Argañaraz, Acuña y Canevari es por trata de menores de edad con fines de explotación sexual, agravada por haber engaño y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Son defendidos por el defensor oficial, Rodrigo Altamira.
ANTECEDENTE
Entre 2000 y 2005 la Procuración General de la Nación realizó una auditoría funcional en la Fiscalía Federal de Bell Ville por la mora en el trámite de las causas de la fiscal federal Mercedes Pérez de Sorribes. Hubo recomendaciones para que las resolviera en forma diligente. El antecedente recobra significado ante una causa por trata de menores paralizada durante 14 años. Actualmente, Pérez de Sorribes está jubilada como magistrada.
